El Gobierno del PP Inicia el Ajuste Económico de España

El Gobierno del PP ha puesto en marcho su legislatura con una subida de impuestos para las rentas de trabajo y del ahorro para 2012 y 2013. Según la vicepresidenta y portavoz, Soraya Sáenz de Santamaría, se ha adoptado porque «la desviación del déficit estimado» para 2011 «es sustancialmente mayor», el 8%. «Lo que nos obliga a tomar decisiones extraordinarias y no previstas».

El alza del IRPF aportará 5.400 millones más de ingresos, y otros 918 millones la del IBI. Afectará sobre todo a las clases medias y a las rentas que declaren mayores ingresos. También se eleva, entre dos (hasta el 21%) y seis puntos (hasta el 27%), la tributación del ahorro según los rendimientos. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, dijo que no teme una fuga de capitales al exterior. El Gobierno también recortó el gasto en 8.900 millones, sobre todo en los ministerios inversores.

Sáenz de Santamaría reiteró que estas medidas son «el inicio del inicio» del paquete de reformas estructurales que servirá para corregir el déficit y favorecer el crecimiento económico. Pero, en realidad, todas las iniciativas aprobadas ayer van encaminadas a reducir el déficit y de momento no a crear actividad. Es decir, en el primer Consejo de Ministros en que se han adoptado medidas económicas ninguna va dirigida directamente a crear empleo. Al contrario, una subida del IRPF puede afectar aún más al consumo. Montoro declinó responder a esta cuestión.

Según las cifras del nuevo Gobierno, el déficit de 2011 se situará en el 8%, dos puntos por encima del objetivo, que equivale a una desviación de unos 20.000 millones. Montoro dijo que esta cifra se ha obtenido «con la información del Ejecutivo saliente y con fuentes originarias y primarias [Hacienda], aunque ya estábamos advertidos por analistas». También aclaró que «no conoceremos las cifras definitivas hasta febrero». Por tanto, el hachazo fiscal se ha hecho a mano alzada.

Aunque Sáenz de Santamaría tampoco aclaró si figuraba en la documentación del traspaso de poderes, todo esto hace suponer que el PP pudo conocer este avance del déficit antes del Debate de Investidura en el que Rajoy anunció que no tenía intención de subir los impuestos. El ministro de Economía, Luis de Guindos, manifestó en este sentido que «una parte de esta desviación significativa del déficit estaba descontada».

Según Montoro, en el Estado (Administración Central) sólo habrá una desviación de «unas décimas» mientras que la Seguridad Social «perderá su superávit». «La desviación principal se producirá en las autonomías y algo menor será en los ayuntamientos», señaló. Sin embargo, el Gobierno no aprobó ayer una sola medida para meter en cintura, por ejemplo, los excesos de gasto de las autonomías y corporaciones locales. Es decir, todas las medidas aprobadas van encaminadas a que el conjunto de los ciudadanos paguen a escote con la subida de impuestos que autonomías y ayuntamientos no hayan cumplido su objetivo de déficit. El ministro de Hacienda aclaró que este asunto se verá cuando negocie el Plan de Estabilidad presupuestaria con los gobiernos territoriales.

Tampoco aparece en este recorte inicial actuación alguna para reducir el tamaño y solapamiento de las administraciones públicas.

El caso es que a esos 20.000 millones de desviación del déficit en 2011, hay que sumar otros 16.500 millones, ya anunciados por Rajoy, ante la obligación de situar el déficit de 2012 en el 4,4% comprometido con Bruselas frente al 6% inicialmente estimado para 2011. Esto significa que el Gobierno necesita un ajuste fiscal en 2012 de unos 36.000 millones.

Ayer aprobó un recorte del gasto presupuestario de 8.900 millones para el primer trimestre del año, así como un aumento de los ingresos de 6.275 millones (más 209 millones por la supresión del gasóleo profesional exigida por Bruselas) para el conjunto del año. Por tanto, en números redondos, al Gobierno le queda por aplicar en los Presupuestos de 2012 definitivos, que presentará a finales de marzo tras las elecciones andaluzas, un ajuste de unos 25.000 millones.

Los representantes del Gobierno tampoco aclararon ayer si este ajuste se va a realizar sólo en el gasto o si se producirá otra subida de impuestos o qué ocurrirá si ese déficit es superior si se encuentran partidas de gasto ocultas.

Que el Gobierno ha apostado más por tranquilizar a los mercados, cumpliendo a rajatabla los objetivos de déficit, que por introducir medidas para incentivar la actividad, lo demuestra el dato de que casi el 20% del tijeretazo en el gasto (1.612 millones) se produce en Fomento, es decir, en la obra pública. A ellos hay que sumar, por ejemplo, los 1.091 millones (13%) aplicados en Industria o los 1.083 de Economía, sobre todo en el capítulo de I+D, el nuevo modelo económico que intentó crear el PSOE.

La anécdota es el ajuste de la Casa Real, que es de 170.000 euros, un 2% del presupuesto de 2011, así como la supresión del 20% de las subvenciones a sindicatos, patronal y partidos políticos.

Pero, en realidad, ese ajuste en el gasto no es de 8.914 millones, sino de 6.406 millones, casi la misma cifra que piensa recaudar el Gobierno en 2012 por el alza de impuestos. El caso es que 2.508 millones de este recorte proceden de los gastos financieros Es decir, de préstamos, generalmente para inversiones, y que en términos de contabilidad nacional tienen un contravalor en los ingresos ya que también se imputa su devolución.

El Gobierno intentó ayer minimizar la trascendencia al incremento de impuestos, al que calificó de «gravamen complementario» y de «recargo de solidaridad» cuando en realidad es la mayor subida de golpe conocida, pese a que tenga efecto temporal. El PP se escudó en la progresividad del IRPF, algo que defendió tradicionalmente el PSOE (salvo en el alza del IVA) argumentando que va a pagar más quien más gane. En realidad, pagará más quien más declare y en eso las rentas altas suelen tener la capacidad de elusión que no disponen las rentas medias y bajas de trabajo.

El IRPF sube para todos los contribuyentes, salvo para quienes ganen menos de 680 euros al mes. La tarifa se modificará a partir de 2012 y en la primera nómina de febrero se notará un aumento de las retenciones. Es decir, se cobrará menos en neto ya que la tarifa aumenta entre 0,75% y siete puntos en los tipos marginales a aplicar según los ingresos.

Según los ejemplos que puso Montoro, una persona sin hijos con 12.000 euros de sueldo bruto (857 euros al mes) deberá pagar 21 euros más al mes. Sin embargo, en las clases medias es donde más se concentrará la subida porque aquí se encuentra el caladero de la recaudación (hay más de seis millones de contribuyentes en estos tramos). Es donde precisamente la progresividad se come más los salarios. Por ejemplo, quien gane 30.000 euros pagará 250 euros más; más de 600 euros quienes lleguen a los 45.000, y entre 5.420 y 20.567 euros más quienes tengan ingresos entre 160.000 y 400.000 euros. Pero estos últimos sólo son 84.000 de los 19 millones de contribuyentes que hay y seguramente serán menos a partir de ahora ya que, en muchos casos con salarios variables, pueden diseñarse los ingresos incluso fuera.

Falta por saber si esta subida es una invitación a que hagan lo mismo las autonomías en la parte de tarifa (50%) en que tienen capacidad normativa. En este supuesto, la subida será más elevada. En cualquier caso, en algunas comunidades autónomas, como Cataluña, que ha establecido un tipo marginal máximo del 49% para las rentas más altas, el tipo marginal podría llegar hasta el 56%.

En cuanto al incremento de los tipos que gravan el ahorro, afectará también a todos los contribuyentes. Lo más curioso es que es el PP, que en la reforma de 1996 fijó un tipo único para las rentas de capital, el que ahora introduce una tarifa progresiva que el PSOE no se atrevió en la crisis.

Por ejemplo, cualquier rendimiento de capital, por ejemplo, los depósitos bancarios, sufrirán a partir de enero un alza de al menos dos puntos. Es decir, la retención fiscal será del 21% frente al 19% siempre y cuando los rendimientos no superen los 6.000 euros anuales. Si las rentas son más elevadas, deberá pagar a Hacienda un 25%, es decir, cuatro puntos más. Y si alcanzan los 24.000 euros, el alza es de seis puntos, es decir, el pago al fisco será del 27%, que se sitúa por encima de muchos países europeos. Lo que hace suponer que, debido a la globalización y a la posibilidad de deslocalización de capital, los más pudientes buscarán refugios fiscales o lugares con menor tributación. No es descartable, por tanto, una fuga de capitales. Pero Montoro argumentó que no temía movimientos al exterior porque se trata de «medidas temporales».

Por su parte, aunque son los ayuntamientos los que deciden la subida de tipos del IBI, el Gobierno decidió ayer imponerla desde arriba para incrementar sus ingresos, aunque no se sepa cual será su destino. El aumento afectará al 50% de las viviendas (25 millones) que más valor catastral medio tengan. Será la Dirección General de Catastro, del Ministerio de Hacienda, la que informe de forma individualizada a cada ayuntamiento de las viviendas afectadas y de estos nuevos tipos suplementarios a los que ya tienen. El incremento será progresivo (del 4% al 10%) atendiendo a la antigüedad de la revisión catastral. A mayor antigüedad, mayor subida.

Fuente: El Mundo

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