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Historia, Antecedentes y Consecuencias de la Guerra de las Malvinas 1982 [History, Background and Consequences of the Falklands War]

El conflicto de las Malvinas fue una guerra no declarada que enfrentó a Gran Bretaña y Argentina entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982 por la soberanía sobre las islas Malvinas (Falkland).

El conflicto, cuyas causas se remontan a una disputa anglo-española por la soberanía del archipiélago en el siglo XVIII, luego retomada por Argentina tras la consecución de su independencia, fue iniciado tras la ocupación por sorpresa del archipiélago por las tropas argentinas enviadas por la Junta MIlitar presidida por el general Leopoldo Fortunato Galtieri, en una maniobra de distracción política para desviar la atención sobre los profundos problemas internos que estaba atravesando el país. El Gobierno conservador británico presidido por Margaret Thatcher respondió con celeridad y envió al archipiélago un importante destacamento naval y unidades de desembarco. Mientras, tanto los Estados Unidos como la ONU, a través de su secretario general Javier Pérez de Cuéllar, buscaron denodadamente una salida pacífica al conflicto armado. Gran Bretaña inició las operaciones militares con el apoyo de la OTAN y de los países de la CEE, ante lo cual la marina argentina se vio obligada a refugiarse en sus bases continentales debido a la aplastante superioridad de las fuerzas británicas. Aún así, la aviación argentina logró atacar y dañar seriamente algunos objetivos militares de importancia del enemigo. La contienda terminó, finalmente, con el control de la guarnición argentina de la Isla Soledad por las tropas del general Jeremy Moore.


Las Malvinas y su soberanía: un largo camino de reivindicaciones

El asunto del descubrimiento de las islas Malvinas ha sido desde siempre objeto de enconadas discusiones por parte de los especialistas. MIentras que para algunos investigadores su descubrimiento se debió a un navío prófugo de la expedición de Magallanes, hacia el año 1519 o 1520, pilotado por el marino español Esteban Gómez, quien las llamó islas de San Antonio, la historiografía inglesa, sin duda alguna partidista y poco objetiva, atribuyó su descubrimiento primero a John Davies, en el año 1592, y después al famoso corsario inglés Richard Hawkins, dos años más tarde. Lo cierto es que la primera teoría tiene una base mucho más consistente que la segunda, ya que las islas aparecieron muy pronto señaladas en diferentes trabajos cartográficos y mapas de navegación de la época, tales como los de Schöner y Apiano (ambos del año 1520), el de Reinel (1522-1523) y el de Agnese (1536-1545), mientras que hasta el año 1622 Richard Hawkins no dio a conocer aquel presunto descubrimiento, lo cual invalidó, desde el punto de vista reivindicativo, las posteriores expediciones que la Armada inglesa envió a la zona para validar y reforzar sus reivindicaciones de soberanía: la del capitán Cook, en el año 1683, y la de Strong, en 1690.


Debido al Tratado de Tordesillas, firmado en el año 1494 entre la Corona de Castilla-Aragón y la de Portugal, fue ratificada la bula pontificia por la que Castilla-Aragón tenía todos los derechos de expedición, descubrimiento y conquista sobre la zona patagónica y las islas del Atlántico sur, tal como reconocieron después el resto de países europeos, incluyendo Inglaterra. El dominio español quedó confirmado, desde el año 1648, gracias a la ratificación establecida en la Paz de Westfalia, y al Tratado de Madrid del año 1667.

El 24 de enero de 1600 arribó a las costas de las Malvinas el holandés Sebal de Weert, quien bautizó al archipiélago con su propio nombre, islas Sebaldinas. Debido a las frecuentes visitas que desde finales del siglo XVII realizaban a estas islas los balleneros franceses afincados en Saint-Malô, éstas pasaron a denominarse islas Malouvinas, hasta que el nombre fue castellanizado por el actual de islas Malvinas. A finales del siglo XVII el marino inglés John Strong navegó el estrecho que separa las dos islas mayores, al que denominó Falkland, nombre que posteriormente Gran Bretaña haría extensible a todo el conjunto del archipiélago, una vez que se hiciera con su soberanía. La ocupación real de las islas no se produjo hasta el año 1764, cuando el francés Luis Antonio Bougoinville fundó el fuerte de Saint Louis, en la isla Malvina Oriental, y se convirtió en el primer asentamiento firme y organizado en aquellos parajes tan alejados de las costas continentales. En respuesta a dicha iniciativa, al año siguiente los ingleses dispusieron una expedición que, bajo las órdenes de John Byron, llegó a las Malvinas y fundó la primera colonia británica en Port Egmont, situada en la isla de Trinidad (Saunders para los ingleses).

La Corona de España hizo valer el Tratado de Tordesillas para reclamar la total soberanía sobre todo el conjunto del archipiélago, a lo que los franceses accedieron previo pago de una indemnización simbólica, merced al Pacto de Familia firmado en el año 1766 entre ambas coronas. Al año siguiente, Francia entregó todas sus posesiones a la Corona de España, y sustituyó el viejo enclave francés por otro nuevo, al que dio el nombre de Puerto Soledad. A pesar de que todos los tratados firmados anteriormente prohibían a otra nación que no fuera España el uso y la navegación sobre sus aguas sin previo permiso de la Corona de España, los escasos colonos ingleses de Port Egmont se mantuvieron allí, por lo que el monarca español Carlos III ordenó al gobernador de Buenos Aires el desalojo por la fuerza de dicha colonia en el caso de que no hicieran caso a las peticiones de abandono. En cumplimiento de la orden, unos pocos barcos españoles rindieron a la guarnición británica de Port Egmont en el año 1770, tras lo cual la colonia pasó a llamarse Puerto Cruzada.

Tras la consiguiente crisis surgida en el Gobierno británico por la actitud expeditiva de la Corona española, el ministro inglés de Asuntos Exteriores, lord Rochford, pidió al embajador español en Londres, el príncipe de Masserano, que restituyera la soberanía inglesa en Port Egmont por un período límite de cuatro años como pago de satisfacción a la Corona inglesa, tras lo cual la colonia inglesa sería totalmente desmantelada y desalojada de la isla para siempre. Carlos III aceptó la petición británica y, en enero de 1771, Masserano y Rochford firmaron el acuerdo en el que Masserano dejó bien clara la total soberanía de la Corona española sobre todo el conjunto del archipiélago (la llamada Reserva Masserano). En efecto, en el año 1774 los británicos cumplieron lo pactado al abandonar pacíficamente la colonia de Port Egmont.

Una vez que los franceses entregaron Port Louis a la Corona española y los ingleses abandonaron definitivamente su pequeño enclave de Port Egmont, se sucedieron ininterrumpidamente veinte gobernadores españoles con jurisdicción sobre todas las islas Malvinas. El último de ellos tuvo que levantar la guarnición en el año 1811 por disposición de las Cortes de Cádiz. Tras la independencia de Argentina, ésta proclamó su soberanía sobre las islas en razón del utis possidetis iuris (‘Derecho heredado’). El Gobierno de Buenos Aires enseguida designó comisionados, comandantes y gobernadores en las islas Malvinas. En el año 1829 se creó la comandancia político-militar argentina, con sede en Puerto Soledad. En el año 1831, una corbeta norteamericana se presentó en Puerto Soledad e hizo que el pequeño destacamento argentino apostado allí se rindiera, y destruyó el establecimiento. A Estados Unidos realmente no le interesaba la posesión de una colonia tan alejada y aparentemente tan estéril, por lo que tan pronto destruyó el enclave se desentendieron de la zona, aunque a cambio prepararon el terreno inconscientemente para que, el 3 de enero del año 1833, la corbeta inglesa Clio, capitaneada por el comandante británico Ouslow, entrara en Puerto Soledad y se apoderara de todas las instalaciones argentinas, siguiendo órdenes directas del Almirantazgo británico, para lo que alegó como excusa la invalidez de Argentina para heredar directamente las posesiones isleñas que la Corona de España ostentaba en el Atlántico sur. Tras expulsar violentamente a los pocos pobladores argentinos, el Gobierno británico repobló las islas mediante colonos venidos de Inglaterra y todo tipo de mercenarios.

A partir de ese momento prácticamente todos los gobiernos argentinos hasta el estallido de la guerra no dejaron de reclamar la devolución de la soberanía de las islas a Argentina y la salida de los colonos ingleses, y siempre hallaban la misma respuesta negativa por parte de Londres. El Gobierno británico llegó más lejos aún en 1965, al establecer una corte de apelaciones y tribunales para los escasos 2.000 habitantes repartidos por todo el conjunto del archipiélago, ignorando nuevamente las airadas protestas políticas y diplomáticas de Argentina en todos los foros internacionales a los que concurría, la cual estaba apoyada por todo el conjunto de países americanos englobados en la OEA (Organización de Estados Americanos), a excepción de Estados Unidos y Chile (éste último por los enconados conflictos mantenidos con Argentina precisamente por dirimir la soberanía sobre la zona de los estrechos de Beagle).

En 1967, por iniciativa de la ONU, Argentina y Gran Bretaña se sentaron en una mesa negociadora para dar una salida política pacífica al conflicto de las Malvinas, reunión que acabó en el más absoluto de los fracasos al negarse Argentina a la petición británica de celebrar un referéndum para que los isleños decidieran por sí mismos. La negativa argentina a tal proposición estaba realmente muy fundada, puesto que la inmensa mayoría de la población adscrita en el archipiélago eran funcionarios y empleados del propio Gobierno británico y de la compañía inglesa encargada de exportar la lana, única fuente de riqueza industrial de las islas, la Falkland Island Company (FIC).


La dictadura militar argentina. La gestación del conflicto

El golpe militar del 24 de marzo de 1976 derribó al último gobierno peronista presidido por Isabel Perón, viuda del general Perón. El golpe, largamente anunciado por la prensa argentina, no encontró apenas resistencia por lo esperado de dicho acontecimiento, debido a la profunda división interna del peronismo tras la muerte de su líder, en julio del año 1974. Además, no pocos políticos y gran número de la burguesía media y alta clamaban desde hace tiempo por la restitución del orden en el país como única medida para reactivar al país y sacarlo del caos en el que estaba inmerso, quebrado por la lucha entre movimientos guerrilleros (Montoneros, Ejército Revolucionario del Pueblo, etc.) y las Fuerzas Armadas. Desde el momento en que Isabel Perón accedió al Gobierno argentino, el país se hundió irremisiblemente cada vez más en una crisis económica increíble, llegándose a alcanzar la cifra de un 335% de inflación, al tiempo que la industria entró en un proceso de recesión total, lo que la dejó prácticamente inactiva.

El golpe militar argentino fue institucional, es decir, llevado a cabo por todo el conjunto de las Fuerzas Armadas del país y apoyado por las distintas instituciones del mismo. La Junta Militar resultante estuvo presidida en su primer momento por el general Jorge Videla, representante del Ejército de Tierra; el almirante Emilio Massera, por la Armada; y el brigadier Orlando Agosti, como jefe de las Fuerzas Aéreas argentinas. Este triunvirato castrense inició lo que se dio a conocer como el Proceso de Reorganización Nacional, eufemismo que escondía una acción represora violenta en toda regla contra todos los elementos denominados por la propia Junta como subversivos. El objetivo del Proceso (denominación popular del programa de eliminación militar) era el de pacificar el país y ordenar la economía tan maltrecha, para lo cual comenzó disolviendo todos los cuerpos legislativos y democráticos del país, cambió a los miembros de la Corte Suprema, suspendió los partidos políticos y sindicatos e intervino en todos los órganos de gobierno universitarios.

Evidentemente, con semejantes bases de Gobierno, el objetivo de pacificar el país políticamente tuvo éxito en el comienzo del proceso militarista de la política argentina, aunque se pagó por ello el alto precio de instaurar un régimen de terror generalizado, con el empleo de los peores métodos de tortura y eliminación, muy parejos a los utilizados por los nazis en los campos de exterminio. La Junta Militar mantuvo en vigor, casi de manera permanente, el estado de sitio, con la consiguiente suspensión de los más mínimos y elementales derechos cívicos y políticos, y con el balance de miles y miles de detenidos sin proceso, de torturados, asesinados y desaparecidos que no dejaron el menor rastro. Cientos de miles de argentinos se vieron obligados a emigrar hacia otros países o bien optar por el “exilio interior”. Baste señalar que el informe de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (CONADEP), elaborado tras el retorno de la democracia en Argentina (presidido por el escritor Ernesto Sábato), contabilizó 8.961 casos concretos y conocidos de desaparecidos, amén de la existencia de 340 campos de retención de presos clandestinos.


En cuanto a la economía, el fracaso de la Junta Militar fue clamoroso. La Junta Militar se acogió como medida de salvación a la doctrina marcada por la ortodoxia neoliberal imperante. El ministro de Economía, Martínez de la Hoz, hizo desaparecer todas las medidas comerciales proteccionistas, consiguiendo con ello una bajada brutal de la inflación, situándola de un 347% en el año 1976 a un 87% en 1980, aunque conseguida a costa de reducir el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores a más de la mitad y con una participación salarial en el PIB muy baja, del 47,5% en el año 1975 al 28,3% en 1982. La consecuencia lógica de tal situación fue que en el año 1983 la inflación se colocó en un máximo histórico, alcanzando el 401%. La industria nacional, por supuesto, apenas existía.

Con el claro propósito de revestir de un cierto halo de democracia al régimen militar, el general Jorge Videla fue nombrado presidente civil del Gobierno argentino, para lo cual fue sustituido en la dirección de la Junta Militar por el general Roberto Viola. El régimen pretendió con dicho cambio iniciar un proceso de “normalización” y de “apertura democrática controlada” que no satisfizo ni a la Multipartidaria (agrupación de todos los partidos políticos democráticos opositores del régimen en la clandestinidad), ni mucho menos a los sindicatos. El 29 de marzo del año 1981, la Junta Militar designó presidente al general Roberto Viola en sustitución del general Jorge Videla, cambio que se produjo en medio de fuertes tensiones y presiones por parte de la Administración norteamericana para que el régimen militar pusiera fin a su política represora y entregara paulatinamente el Gobierno de la nación a las fuerzas civiles. El principal objetivo de Viola, aparte de solucionar la enorme crisis económica que había colocado al país como líder de la inflación, consistió en lograr las condiciones adecuadas para transferir el poder a las fuerzas políticas democráticas, las cuales debían aceptar la presencia institucional de los militares en el nuevo régimen que saliera y garantizar que no se investigaran las actividades represivas desarrolladas por la Junta Militar desde el año 1976.

Parece ser que los propósitos de Roberto Viola no fueron bien vistos por la propia cúpula de la Junta Militar, la cual, aprovechando una leve enfermedad de éste en diciembre del mismo año, le relevó en el cargo por el general Leopoldo Fortunato Galtieri, hombre mucho más proclive a mantener el estado represivo del régimen castrense.


Con el general Galtieri al frente del Gobierno de Argentina, la situación económica, política y social del país se colapsó definitivamente. En 1981 la caída del PIB fue del 6%, con una inflación galopante, con unos salarios menores de la mitad que los que había en el año 1975, sin ninguna opción política posible si ésta no pasaba por la devolución del poder a los civiles y con la gran mayoría de los países democráticos del mundo occidental en contra del régimen. Galtieri se negó en redondo a seguir el proceso abierto por el general Viola para evitar la más que probable exigencia de responsabilidades a los militares en la represión ejercida por éstos.

La Guerra de las Malvinas

Leopoldo Galtieri pretendía escapar de la crisis de la única manera posible de que era capaz su Gobierno, mediante una acción militar de máximo riesgo para recuperar la soberanía sobre las islas Malvinas, aprovechando que se acercaba el 150 aniversario de la expulsión violenta de los argentinos por los británicos. Antes del asalto, el general Galtieri intentó llevar a cabo una intensísima ofensiva diplomática para recuperar las islas, la cual, como la propia Junta Militar presuponía, acabó en fracaso dada la postura intransigente defendida constantemente por el Gobierno conservador británico de Margaret Thatcher, lo que proporcionó a la Junta Militar la coartada perfecta para dar el visto bueno a una invasión en toda regla del archipiélago, prevista para el otoño del año 1982.

En febrero de ese año, delegaciones diplomáticas de ambos países llevaron a cabo diversos contactos al más alto nivel en la ciudad de Nueva York que, como todas las anteriores, no sirvieron de nada. En el mes de marzo, un grupo reducido de chatarreros argentinos embarcaron en la isla de Georgia del Sur, situada al sureste del archipiélago, a lo que Gran Bretaña, temerosa de que tal “expedición” quisiera establecerse definitivamente en la isla, envió un barco patrulla, el HMS Endurance, para desalojar a los trabajadores argentinos.

El incidente proporcionó a la Junta Militar el pretexto para adelantar el plan de invasión. El 26 de marzo, la Junta Militar decidió iniciar la ofensiva militar, fijada finalmente para el 2 de abril (de madrugada). Gran Bretaña supo de antemano los planes argentinos de invasión, y alertó al Gobierno norteamericano de la inminencia de dicha acción, lo que dio lugar a un infructuoso llamamiento de última hora por parte del presidente estadounidense Ronald Reagan al general Galtieri para que abandonara sus propósitos, quien hizo caso omiso.

En la madrugada del 2 de abril, unos cinco mil argentinos al mando del general Mario Benjamín Menéndez desembarcaron en la isla de Georgia del Sur y derrotaron a la pequeña guarnición británica formada por 79 soldados tras un brevísimo combate. Apenas cuatro horas más tarde, el todavía sorprendido Gobierno británico formuló un durísimo ultimátum al Gobierno militar argentino con el que reclamaba la inmediata evacuación de las tropas invasoras, mensaje que también fue ignorado por la Junta Militar.

Para el Gobierno conservador presidido por Margaret Thatcher el desafío militar argentino resultó, desde cualquier punto de vista, intolerable. Las islas Malvinas (Falkland) constituían para los británicos uno de sus últimos reductos del antaño glorioso Imperio colonial, símbolo de la riqueza, opulencia e importancia política de la Corona británica y, por tanto, su soberanía debía de ser mantenida a toda costa, reduciendo así el conflicto a una mera cuestión de principios y de honorabilidad más que a la defensa de un territorio. Por su parte, para el Gobierno del general Galtieri la ocupación de las islas constituía una oportunidad única para romper el aislamiento en el que su Gobierno permanecía desde casi el inicio del golpe de estado, un aislamiento que en el interior del país se hacía mucho más palpable. Como estaba previsto, la ocupación militar de las islas recibió el apoyo entusiasta de casi toda la población argentina, mientras que en Gran Bretaña la indignación del Gobierno y del pueblo británico contra la invasión también encontró la misma intensidad que en Argentina. El gabinete de Margaret Thatcher sufrió una gran crisis, azuzada por la presión constante de los medios de comunicación ingleses, el partido laborista en la oposición y los poderosos sindicatos, cuya primera víctima fue el ministro de Asuntos Exteriores, lord Carrington, obligado a dimitir. Margaret Thatcher decidió liberar las islas lanzando un golpe decisivo contra la ocupación argentina, para lo que contó con el inestimable apoyo logístico proporcionado por los Estados Unidos.

Mientras que las fuerzas argentinas fueron incrementando su presencia en las islas con el envío de otros 7.000 soldados, a lo que añadieron la construcción de fortificaciones defensivas para frenar el inminente desembarco británico, Margaret Thatcher decretó el envío a las islas de una fuerza naval de intervención compuesta de 36 naves de guerra, más de la mitad de su flota de submarinos nucleares, dos portaaviones y unos 28.000 soldados de infantería, con base logística en Gibraltar y la isla de Ascensión, a la vez que declaró una zona de exclusión marítima de 200 millas alrededor del archipiélago.

Nada más iniciarse el viaje de 8.000 millas hasta el Atlántico sur de las fuerzas británicas, dieron comienzo una serie de febriles tentativas diplomáticas para evitar el conflicto por parte del secretario general de la ONU, Javier Pérez de Cuéllar, del Gobierno peruano, que se ofreció como mediador, del Vaticano y de los Estados Unidos, éste último mediante su secretario de Estado Alexander Haig, el cual trató de convencer al Gobierno argentino de que tenía más posibilidades de alcanzar su objetivo aceptando reabrir las negociaciones diplomáticas. Debido a la negativa de Galtieri y de Margaret Thatcher, ésta última no admitiendo bajo ningún concepto sentarse a negociar cualquier tipo de merma de la soberanía de Gran Bretaña sobre las islas, el 30 de abril Alexander Haig hizo público el apoyo incondicional de su Gobierno a Gran Bretaña.

Las tropas argentinas desplegadas en las islas disponían de artillería antiaérea, carros blindados, un considerable apoyo aéreo y misiles tierra-aire del tipo Tigercat, Roland y Exocet. Mientras que los soldados argentinos tuvieron que soportar el frío clima semipolar del archipiélago, las fuerzas navales británicas, entrenadas en el mar y formadas por profesionales con varios años de servicio a cuestas, llegaron a la zona del conflicto perfectamente pertrechadas y, sobre todo, bien coordinadas por el mando militar, a diferencia del Alto Mando argentino de campaña, que se comportó de manera desastrosa, con unos oficiales más acostumbrados a ejercer la represión y la tortura que a combatir, por lo que demostraron una ineficacia absoluta y dejaron a la tropa librada a su propia suerte.

Gran Bretaña contó con el apoyo logístico y diplomático de Estados Unidos y de la OTAN, al que se sumó el apoyo moral y diplomático de la Commonwealth y el apoyo condenatorio del Parlamento Europeo y de la CEE, traducido en sanciones económicas contra Argentina. Por su parte, el Gobierno de Galtieri estuvo apoyado por la OEA (excepto Chile y la abstención de Estados Unidos y Canadá), organismo que emitió una declaración conjunta en la que se reconocía la soberanía argentina sobre el archipiélago y en la que conminaba a los Estados Unidos a retirar su apoyo logístico a Gran bretaña, apoyada por los países del Tercer Mundo y por una discreta colaboración informativa por parte de la URSS, aparte del apoyo diplomático del Gobierno español presidido por Calvo Sotelo, quien presentó una moción hispano-panameña en el Consejo de Seguridad de la ONU para establecer un alto el fuego, convenientemente vetada por Gran Bretaña y Estados Unidos.

Las operaciones militares

Las fuerzas navales británicas llegaron al teatro de operaciones el 25 de abril, y reconquistaron rápidamente la isla de Georgia del Sur, en la que hicieron prisionera a toda la dotación argentina al mando del capitán Astiz. A partir de esa fecha, la escalada militar de la guerra (formalmente no declarada nunca por ambos países) sufrió un incremento notable por ambas partes al entrar en juego toda la sofisticación tecnológica armamentística que tanto argentinos como británicos fueron capaces de desplegar.

Tras haber desplegado todas sus fuerzas por la zona, el 1 de mayo se inició la ofensiva británica en toda regla. Un bombardero Vulcam de la RAF (Royal Air Force) bombardeó el aeropuerto de Port Stanley (antiguo Puerto Soledad), al que dejó prácticamente destrozado con el objetivo de dificultar en lo posible el aprovisionamiento de las tropas argentinas. Al día siguiente, las fuerzas británicas llevaron a cabo una de las acciones más discutibles de la guerra, el hundimiento del crucero argentino General Belgrano cuando éste navegaba sin protección alguna a más de 20 millas al sur de la zona de exclusión militar a cargo del submarino nuclear Conqueror, el cual lanzó dos torpedos MK 8 por orden directa de la primera ministra Margaret Thatcher, con el resultado de 368 muertos.

Las tropas argentinas respondieron dos días más tarde, el 4 de mayo, al hundir uno de los destructores más modernos de la flota británica, el HMS Sheffield, gracias a un misil Exocet lanzado por la aviación argentina a 70 kilómetros del objetivo. En los días siguientes, el destructor Coventry, las fragatas Ardent y Antelope y el mercante Atlantic Conqueror resultaron seriamente dañados por el fuego argentino.

A pesar de los reveses iniciales, los británicos prepararon un desembarco a gran escala sobre la isla de Gran Malvina, operación que no dejaba de entrañar grandes dificultades por las líneas defensivas argentinas desplegadas a los largo de sus costas. Entre tanto, la actividad diplomática siguió su curso, con los mismos resultados estériles.

La noche del 14 al 15 de mayo las fuerzas británicas lanzaron todos sus efectivos contra las islas y la base aérea argentina de Pebble Island, a 170 kilómetros de Puerto Stanley, la cual también fue arrasada y puesta fuera de servicio para el resto del conflicto. Esta acción permitió a los británicos desembarcar, el 21 de mayo, en la bahía de San Carlos, perteneciente a la Isla de Gran Malvina, una fuerza de 3.000 hombres y más de 1.000 toneladas de material bélico, en pleno día y sin apenas resistencia por parte de las escasas fuerzas argentinas que aún resistían en la isla, totalmente abandonadas a su suerte por los mandos argentinos. A pesar del panorama tan pésimo que se le avecinaba a las fuerzas argentinas, éstas realizaron una serie de ataques aéreos efectivos contra buques británicos que trataban de desembarcar suministros en la isla con los que consiguieron hundir tres buques de guerra y el mercante Atlantic Conqueror.

Desde la base de San Carlos, un contingente británico de 600 hombres pudo desembarcar, el día 27 del mismo mes, en la Isla de Malvina del Sur, y conquistar enseguida la guarnición argentina de Goose Green tras un durísimo enfrentamiento con sus defensores argentinos, la cual fue utilizada como cabeza de puente a partir de entonces para el definitivo avance de las tropas británicas contra la capital del archipiélago, Puerto Stanley, principal punto de las tropas argentinas al mando del general Mario Benjamín Menéndez.

Con el convencimiento de la inminente derrota argentina, las fuerzas británicas se establecieron alrededor de la capital, a la que sometieron a un terrible castigo con ataques continuos y combinados de artillería e infantería. El 8 de junio, un escuadrón aéreo argentino logró hundir al buque de transporte Sir Galahad, mientras fondeaba en Port Fitzroy, lo que constituyó la última victoria significativa argentina en una guerra que ya tenía irremisiblemente perdida. Por fin, el 14 de junio, las tropas británicas lograron hacerse con el control de las colinas circundantes de Puerto Stanley, y acabaron con toda la resistencia argentina que aún permanecía operativa en la zona. Sin posibilidad alguna de éxito en la defensa de la capital, la guarnición argentina del general Menéndez se rindió incondicionalmente a las fuerzas británicas del general Jeremy Moore, sin por ello reconocer la soberanía británica sobre las islas. La aventura emprendida por los militares argentinos para dotar de apoyo popular a un régimen detestado por la inmensa mayoría de los argentinos había terminado con una saldo desfavorable de 712 soldados argentinos muertos por el fuego enemigo.

Consecuencias de la Guerra de las Malvinas

El desenlace del conflicto favorable a los británicos, como es lógico suponer, trajo consigo una serie de consecuencias muy distintas para cada país. La ONU instó a ambos países a negociar una solución de paz que dirimiera de una vez por todas el asunto de la soberanía sobre el conjunto del archipiélago, aunque el Gobierno de Margaret Thatcher, visiblemente reforzado tras la victoria de su país, se negó sistemáticamente a tal propósito, como había hecho desde el inicio de la guerra, incluso tras la instauración de la democracia en Argentina. Gran Bretaña reafirmó todavía más su poder y hegemonía sobre el archipiélago con una serie de medidas como la de conceder la plena ciudadanía británica a los habitantes de la isla (largamente demandada por éstos desde el siglo pasado), el inicio de un costoso plan de inversiones en infraestructuras para todas las islas, como pudo ser la construcción de un moderno aeropuerto en Mount Pleasant, y la implantación de una importante dotación militar permanente de alrededor de 400 soldados, a la par que concedía un nuevo estatuto de autonomía para el autogobierno de las islas, con representación en el Parlamento londinense.

En Argentina, por el contrario, el clima postbélico fue mucho más difícil, no sólo en el plano político, económico y militar (había que digerir como se pudiera una derrota tan humillante), sino también en el plano social y psicológico a causa de la grave herencia dejada por la Junta Militar, con miles de desaparecidos a sus espaldas y un clima aterrador que había dejado postrado a todo el país.

La situación de la Junta Militar argentina tras la derrota, como responsable única y directa de la guerra, quedó seriamente comprometida, sobre todo al saberse cómo se había llevado a cabo la rendición total a las fuerzas británicas el 14 de junio. La noticia de que los jefes militares argentinos se habían rendido en la Malvinas, lo que había proporcionado al Mundo entero una lección magistral de incompetencia y de cobardía como pocas veces se había visto hasta entonces, desató la indignación popular de todos los sectores sociales del país. El día 17 del mismo mes, el general Galtieri presentó su renuncia a la presidencia de la nación, y entregó el mando al general Nicolaides, quien, a su vez, se lo transfirió al general Reinaldo Bignone en contra del parecer de dos integrantes de peso de la Junta Militar, el brigadier Basilio Lami Dozo y el almirante Jorge Anaya, los cuales exigieron la devolución inmediata del poder a los civiles.

El general Bignone no tuvo más remedio que poner en marcha la restauración democrática del país. En septiembre del año 1983 dictó la polémica Ley de Autoamnistía, la cual afectaba a todos los militares implicados en los hechos de la Guerra de las Malvinas y en la actuación de éstos en la “guerra sucia” llevada a cabo desde que accedieron al poder tras el golpe de estado. Finalmente, las largas conversaciones mantenidas entre Bignone y la Multipartidaria desembocaron en un acuerdo definitivo: la vuelta a la legalidad de los partidos políticos y sindicatos, los cuales acudirían a las urnas en unas elecciones generales fijadas para el 30 de octubre del mismo año.

Las elecciones generales, celebradas según la Constitución del año 1853, dieron el triunfo al candidato por la Unión Cívica Radical, el doctor Raúl Alfonsín, que se enfrentó al otro candidato importante, Ítalo Luder, que representaba al Partido Justicialista. Alfonsín asumió la presidencia el 10 de diciembre, y tuvo que enfrentarse a una tarea política y a un reto económico plagado de enormes dificultades, precisamente por la situación en la que había quedado el país tras la dictadura militar y por los efectos colaterales de la Guerra de las Malvinas; sin duda alguna, el más importante problema político al que tuvo que hacer frente el nuevo Gobierno democrático argentino fue el de resolver el tema de las responsabilidades militares durante la “guerra sucia” y la actuación de los mandos en la Guerra de las Malvinas. Tres días después de acatar su juramento como presidente de la nación, Alfonsín ordenó el procesamiento y la encarcelación de los miembros de las tres primeras juntas militares, paso al que le siguió la derogación, en enero del año 1984, de la Ley de Autoamnistía aprobaba por Bignone por la que ningún militar podía ser juzgado por sus actuaciones anteriores. En mayo del año 1986 fueron condenados, finalmente, a fuertes penas de prisión mayor los principales responsables militares de la guerra (Galtieri, Lami, Anaya y Menéndez), con lo que se dio por concluido uno de los períodos más oscuros y desgraciados de la historia de la joven República de Argentina.

Fuente: Enciclopedia Britannica

8 Comments

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