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Biografía de Convenciones de Ginebra (1949/1951)

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 Convención de Ginebra sobre los prisioneros de guerra

Acuerdo supranacional relativo al trato debido a los prisioneros de guerra, aprobado en la ciudad suiza de Ginebra, el 12 de agosto de 1949 (aunque no entró en vigor hasta el 21 de octubre de 1950), por la Conferencia Diplomática para Elaborar Convenios Internacionales, que se reunió en dicha ciudad desde el 12 de abril al 12 de agosto de 1949.

La cruel situación que sufrieron los prisioneros aliados durante la Segunda Guerra Mundial por parte del ejército nazi, solo fue conocida en toda su magnitud una vez acabado el conflicto. En esos momentos, los países Aliados, vencedores de la contienda, horrorizados ante semejante situación, decidieron crear un convenio internacional que evitase en lo sucesivo que la triste historia de los campos de concentración nazis volviese a repetirse. Bajo este impulso se reunieron el 12 de abril de 1949 y tras una larga serie de debates, el 12 de agosto fue ratificado el texto de la Convención de Ginebra sobre prisioneros de guerra, cuyo principal objetivo consistía en crear unos principios de conducta, que afectasen a la Comunidad internacional, referentes a garantizar un tratamiento digno a los prisioneros de guerra. Para asegurar que lo acordado en la Convención fuera respetado, se acordó, igualmente, que los estados o individuos, independientemente de su nacionalidad y cargo, que violasen dicho acuerdo, serían objeto de un procesamiento judicial por una Corte de justicia internacional. Desde su aprobación, la Convención de Ginebra se ha convertido en el eje de las leyes internacionales que regulan los conflictos bélicos.

La Convención de Ginebra de 1949 fue heredera de una larga tradición legislativa que desde, al menos, 1864 trataba de regular las actuaciones de los diferentes ejércitos en conflicto, necesidad creada en consonancia con la continua evolución del armamento que radicalizó los conflictos bélicos. Así, en 1864 se firmó el primer Convenio de Ginebra que hacía referencia a los militares heridos en campaña; cuatro años más tarde, se firmó la Declaración de San Petersburgo, en la cual se prohibía el uso de determinado tipo de proyectiles; en 1925 se firmó el Protocolo de Ginebra, por el que se prohibía el empleo de gases asfixiantes y tóxicos, así como de medios bacteriológicos; y en 1929 se firmó, de nuevo en Ginebra, el primer tratado sobre el trato que se debía dispensar a los prisioneros de guerra. Con posterioridad a la Convención de Ginebra de 1949, la Comunidad internacional prosiguió legislando y alcanzando acuerdos con el objetivo de controlar las nuevas armas de destrucción masiva y regular las acciones de guerra, bajo estas premisas, en 1954, la Convención de La Haya trató de asegurar la protección de los bienes culturales en caso de guerra; en 1972 se prohibió el desarrollo, producción y almacenamiento de armas bacteriológicas; en 1977 se firmaron dos protocolos a los Convenios de Ginebra de 1949 que pretendían mejorar la protección de las víctimas de los conflictos armados; en 1980 se reguló el uso de determinado tipo de armas convencionales (minas, armas trampa, armas incendiarias…) que se consideraban excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados sobre el conjunto de la población, tanto civil como militar; en 1993 se prohibió el desarrollo, producción, almacenamiento y empleo de armas químicas; en 1995 se prohibió el uso de armas láser cegadoras; en 1996 y 1997 se prohibió el empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersona, y se legisló sobre la destrucción de los arsenales existentes. Todos estos tratados internacionales respondieron a situaciones creadas por otros tantos conflictos bélicos, en los cuales se introdujeron novedades armamentísticas, cada vez con mayor poder de destrucción, que obligaron a los diferentes estados a reaccionar ante su uso indiscriminado y ante las consecuencias que del mismo se derivarían para la población civil.

Con más de seiscientos artículos, el Convenio de Ginebra de 1949 y sus protocolos de 1977, son la base del Derecho universal humanitario.

La Convención de Ginebra de 1949 se abre con el compromiso, por parte de todos los firmantes de “(…) respetar y a hacer respetar el presente Convenio en todas las circunstancias”. En el artículo segundo se establecen los casos en los que el Convenio debe entrar en vigor, tanto en períodos de paz como de guerra y tanto si los beligerante han firmado o no el Convenio. El tercer artículo hace referencia a los puntos mínimos que se deben respetar en caso de guerra civil: “Las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa, serán, en todas las circunstancias, tratadas con humanidad, sin distinción alguna de índole desfavorable, basada en la raza, el color, la religión o la creencia, el sexo, el nacimiento o la fortuna, o cualquier otro criterio análogo. A este respecto, se prohíben, en cualquier tiempo y lugar, por lo que atañe a las personas arriba mencionadas: a) los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y los suplicios; b) la toma de rehenes; c) los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes; d) las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal legítimamente constituido, con garantías judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos civilizados. Los heridos y los enfermos serán recogidos y asistidos. Un organismo humanitario imparcial, tal como el Comité Internacional de la Cruz Roja, podrá ofrecer sus servicios a las Partes en conflicto. Además, las Partes en conflicto harán lo posible por poner en vigor, mediante acuerdos especiales, la totalidad o parte de las otras disposiciones del presente Convenio. El artículo cuarto define qué se entiende por prisionero de guerra en los siguientes términos: “Son prisioneros de guerra, en el sentido del presente Convenio, las personas que, perteneciendo a una de las siguientes categorías, caigan en poder del enemigo: los miembros de las fuerzas armadas de una parte en conflicto, así como los miembros de las milicias y de los cuerpos de voluntarios que formen parte de estas fuerzas armadas; los miembros de las otras milicias y de los otros cuerpos de voluntarios, incluidos los de movimientos de resistencia organizados, pertenecientes a una de las partes en conflicto y que actúen fuera o dentro del propio territorio, aunque este territorio esté ocupado, con tal de que estas milicias o estos cuerpos de voluntarios, incluidos estos movimientos de resistencia organizados (…); los miembros de las fuerzas armadas regulares que sigan las instrucciones de un Gobierno o de una autoridad no reconocidos por la potencia detenedora; las personas que sigan a las fuerzas armadas sin formar realmente parte integrante de ellas (…) a condición de que hayan recibido autorización de las fuerzas armadas a las cuales acompañan (…); los miembros de las tripulaciones, incluidos los patrones, los pilotos y los grumetes de la marina mercante, y las tripulaciones de la aviación civil de las partes en conflicto que no se beneficien de un trato más favorable en virtud de otras disposiciones del derecho internacional; la población de un territorio no ocupado que, al acercarse el enemigo, tome espontáneamente las armas para combatir contra las tropas invasoras, sin haber tenido tiempo para constituirse en fuerzas armadas regulares, si lleva las armas a la vista y respeta las leyes y las costumbres de la guerra”. El artículo octavo especifica quién debe aplicar lo acordado en el Convenio en los siguientes términos: “El presente Convenio será aplicado con la colaboración y bajo el control de las potencias protectoras encargadas de salvaguardar los intereses de las Partes en conflicto.”, especificando que deberán designarse observadores internacionales para dicha función o bien a organizaciones independientes como la Cruz roja. En el artículo doce se hace, específicamente, responsable a la potencia detenedora de los prisioneros de guerra, de lo que a estos acontezca durante su cautiverio así como del trato que reciban, “Los prisioneros de guerra están en poder de la potencia enemiga, y no de los individuos o de los cuerpos de tropa que los hayan capturado”. El artículo trece es uno de los más explícitos de todo el Convenio, literalmente dice: “Los prisioneros de guerra deberán ser tratados humanamente en todas las circunstancias. Está prohibido y será considerado como infracción grave contra el presente Convenio, todo acto ilícito o toda omisión ilícita por parte de la Potencia detenedora, que comporte la muerte o ponga en grave peligro la salud de un prisionero de guerra en su poder (…)”.

El título III, sección I, artículo 17, es quizá uno de los más conocidos de todo el Convenio, en el se dice: “El prisionero de guerra no tendrá obligación de declarar, cuando se le interrogue a este respecto, más que sus nombres y apellidos, su graduación, la fecha de su nacimiento y su número de matrícula o, a falta de éste, una indicación equivalente (…)” y posteriormente: “No se podrá infligir a los prisioneros de guerra tortura física o moral ni presión alguna para obtener datos de la índole que fueren (…)”. A los prisioneros de guerra se les asegura, a lo largo de título III, secciones I y II, la asistencia médica, la correcta alimentación y condiciones de confinamiento que no perjudiquen su salud, tanto física como mental. En el capítulo V, artículo treinta y cuatro, se asegura la libertad religiosa de los prisioneros de guerra, “Los prisioneros de guerra tendrán plena libertad para el ejercicio de su religión, incluida la asistencia a los actos de su culto, a condición de que sean compatibles con las medidas de disciplina normales prescritas por la autoridad militar”. El artículo treinta y ocho hace referencia al ejercicio físico e la siguiente manera: “Respetando las preferencias de cada prisionero, la Potencia detenedora estimulará sus actividades intelectuales, educativas, recreativas y deportivas; tomará las oportunas medidas para garantizar el correspondiente ejercicio poniendo a su disposición locales adecuados y el equipo necesario”. En lo que se refiere a la disciplina, el capítulo VI, artículo treinta y nueve dice: “Cada campamento de prisioneros de guerra estará bajo la autoridad directa de un oficial encargado perteneciente a las fuerzas armadas regulares de la potencia detenedora. Este oficial tendrá el texto del presente Convenio, velará por que las presentes disposiciones lleguen a conocimiento del personal a sus órdenes y asumirá, bajo la dirección del propio Gobierno, la responsabilidad de su aplicación.” El artículo cuarenta y nueve, de la sección III, especifica que ningún prisionero puede ser obligado a trabajar, “La Potencia detenedora podrá emplear como trabajadores a los prisioneros de guerra físicamente aptos, teniendo en cuenta su edad, su sexo y su graduación, así como sus aptitudes físicas, afin, sobre todo, de mantenerlos en buen estado de salud física y moral. Los suboficiales prisioneros de guerra no podrán ser obligados a realizar más que trabajos de vigilancia. Los que no estén obligados a ello podrán solicitar otro trabajo que les convenga y que, en la medida de lo posible, se les procurará. Si los oficiales o personas de estatuto similar solicitan un trabajo que les convenga, se les procurará, en la medida de lo posible. En ningún caso podrán ser forzados a trabajar.” En el artículo setenta y uno se hace referencia al derecho de los prisioneros de guerra de mantener correspondencia con el exterior, de la siguiente manera: “Los prisioneros de guerra estarán autorizados a expedir y a recibir cartas y tarjetas postales (…)”.

Los artículos ciento treinta y tres y ciento treinta y cuatro de las disposiciones finales del Convenio hacen referencia a la redacción del mismo en los siguientes términos: “El presente Convenio está redactado en francés y en inglés. Ambos textos son igualmente auténticos. El Consejo Federal Suizo se encargará de que se hagan traducciones oficiales del Convenio en los idiomas ruso y español. El presente Convenio sustituye al Convenio del 27 de julio de 1929 en las relaciones entre las Altas Partes Contratantes”.

Convención sobre el estatuto de los refugiados

El 28 de julio de 1951 se firmó en Ginebra la Convención sobre el estatuto de los refugiados y de los apátridas, convocada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 14 de diciembre de 1950 y que entró en vigor el 22 de abril de 1954.

En esta nueva Convención, las partes firmantes, de acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948, afirmaron que: “(…) los seres humanos, sin distinción alguna deben gozar de los derechos y libertades fundamentales, considerando que las Naciones Unidas han manifestado en diversas ocasiones su profundo interés por los refugiados y se han esforzado por asegurar a los refugiados el ejercicio más amplio posible de los derechos y libertades fundamentales, considerando que es conveniente revisar y codificar los acuerdos internacionales anteriores referentes al estatuto de los refugiados y ampliar mediante un nuevo acuerdo la aplicación de tales instrumentos y la protección que constituyen para los refugiados, considerando que la concesión del derecho de asilo puede resultar excesivamente onerosa para ciertos países y que la solución satisfactoria de los problemas cuyo alcance y carácter internacionales han sido reconocidos por las Naciones Unidas no puede, por esto mismo, lograrse sin solidaridad internacional, expresando el deseo de que todos los Estados, reconociendo el carácter social y humanitario del problema de los refugiados, hagan cuanto les sea posible por evitar que este problema se convierta en causa de tirantez entre Estados, tomando nota de que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados tiene por misión velar por la aplicación de las convenciones internacionales que aseguran la protección a los refugiados, y reconociendo que la coordinación efectiva de las medidas adoptadas para resolver ese problema dependerá de la cooperación de los Estados con el Alto Comisionado”.

Al igual que en el caso anterior, la Convención empieza por definir el concepto de refugiado, el artículo I lo hace en los siguientes términos: “(…) el término “refugiado” se aplicará a toda persona que haya sido considerada como refugiada en virtud de los Arreglos del 12 de mayo de 1926 y del 30 de junio de 1928, o de las Convenciones del 28 de octubre de 1933 y del 10 de febrero de 1938, del Protocolo del 14 de septiembre de 1939 o de la Constitución de la Organización Internacional de Refugiados (…). Que, como resultado de acontecimientos ocurridos antes del 1 de enero de 1951 y debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él (…).”

Según el artículo dos, “todo refugiado tiene, respecto del país donde se encuentra, deberes que, en especial, entrañan la obligación de acatar sus leyes y reglamentos, así como las medidas adoptadas para el mantenimiento del orden público.”, por su parte, los países receptores tienen la obligación de aplicar las disposiciones de esta Convención “sin discriminación por motivos de raza, religión o país de origen”. El artículo dieciséis especifica que “todo refugiado tendrá libre acceso a los tribunales de justicia.” del país que le acoja, y posteriormente, que: “en el Estado contratante donde tenga su residencia habitual, todo refugiado recibirá el mismo trato que un nacional en cuanto al acceso a los tribunales, incluso la asistencia judicial y la exención de la cautio judicatum solvi.” Los estados receptores de los refugiados deberán, en suma, otorgarles a estos los mismos derechos que a los ciudadanos del mencionado país, al mismo tiempo que el refugiado ha de respetar las mismas leyes y obligaciones que los nacionales del país que le ha dado asilo. El artículo treinta y dos contempla la expulsión de los refugiados en los siguientes términos: “los Estados contratantes no expulsarán a refugiado alguno que se halle legalmente en el territorio de tales Estados, a no ser por razones de seguridad nacional o de orden público. La expulsión del refugiado únicamente se efectuará, en tal caso, en virtud de una decisión tomada conforme a los procedimientos legales vigentes. A no ser que se opongan a ello razones imperiosas de seguridad nacional, se deberá permitir al refugiado presentar pruebas exculpatorias, formular recurso de apelación y hacerse representar a este efecto ante la autoridad competente o ante una o varias personas especialmente designadas por la autoridad competente. Los Estados Contratantes concederán, en tal caso, al refugiado un plazo razonable dentro del cual pueda gestionar su admisión legal en otro país. Los Estados Contratantes se reservan el derecho a aplicar durante ese plazo las medidas de orden interior que estimen necesarias.”

Temas relacionados

Alta Comisaría de las Naciones Unidas para los Refugiados.
Asilo.
Organizacion de las Naciones Unidas.
Prisionero.

Enlaces en internet

http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/91_sp.htm ; página con el texto íntegro de la Convención de Ginebra relativa al trato debido a los prisioneros de guerra de 1949.
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/0005.pdf ; página con el texto íntegro de la Convención de Ginebra sobre el estatuto de los refugiados de 1951.
http://www.unhchr.ch/spanish/html/intlinst_sp.htm ; página de las Naciones Unidas con los textos de diversos tratados internacionales.

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Convenciones de Ginebra (1949/1951)

Fuente: Britannica

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