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Definición de Chile: Historia, Época colonial

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 El descubrimiento de América, y por extensión el de Chile, fue el resultado de cambios profundos que se manifestaron e/n la Europa del siglo XV. El mundo medieval, hasta entonces de apariencia inmutable, dio paso a una nueva realidad que marcó una transformación total en la vida de occidente. En el orden político, la transformación se plasmó en el nacimiento del Estado moderno, organizado como cuerpo central y apoyado por un ejército nacional y una burocracia fiscal encargada de centralizar los, hasta ese momento, diversos y dispersos sistemas administrativos. El punto de unión, el pivote de todo el sistema político y nacional, era el rey, que pasó a ser el símbolo de la nación.

En la estructura social emergió un nuevo grupo: la burguesía, clase pujante y ambiciosa, enriquecida con el auge que experimentaron las ciudades y vinculada directamente al comercio de ultramarinos. En materia económica, el capitalismo, basado en el desenvolvimiento de la empresa, la productividad del dinero y el imperio de las ganancias, cobró enorme importancia, y las líneas comerciales se expandieron hasta los confines del mundo.

El Renacimiento y el Humanismo, con todas sus nuevas concepciones del hombre y de su posición en el universo y en la sociedad, jugaron un importante papel en la mutación de mentalidades de la cual fue testigo la última parte del siglo XIV. Más tarde, la Reforma Protestante, que logró dividir las nociones, hasta ese entonces muy arraigadas, de Razón y Fe, facilitó la creación y consolidación de las iglesias nacionales, fortaleciendo la unidad de cada pueblo, a la vez que sembrando de guerras y conflictos al continente durante 150 años.

En contraposición a la imagen de una Europa encerrada en sus fronteras, en la cual las relaciones entre los continentes, y aún entre los mismos países, eran mínimas y precarias, podemos plantear que razones de orden fundamentalmente económico resquebrajaron este supuesto aislamiento. Europa dependía del Oriente para aprovisionarse de ciertas materias alimenticias que pronto fueron consideradas como indispensables por aquellos que las podían adquirir. Eran las especias: pimienta y otros aliños que, además de sazonar los alimentos, ayudaban a preservarlos durante más tiempo. Por otro lado, el fasto y boato de las cortes europeas, parásitas de sus respectivos monarcas, necesitaron, cada vez en mayor medida, prendas de lujo, joya y sedas que acrecentaran su prestigio y su figuración en el mundo de la nobleza cortesana. Ejemplo de estos viajes comerciales, ansiosos de novedades y perspectivas económicas, fueron las aventuras de Marco Polo, quien durante largos años convivió en el palacio de Gran Khan de China, y llevó luego a Europa relatos imposibles de creer por sus contemporáneos.

El comercio internacional marítimo de Europa se centraba en dos rutas: una, la del norte, estaba en manos de la Liga Hanseática, agrupación de comerciantes del mar Báltico, que se conectaban con Rusia; la otra, de mayor importancia, se centraba en la cuenca del Mediterráneo, donde los grandes mercaderes, principalmente de las ciudades italianas de Génova, Venecia y Florencia, se relacionaban con el comercio oriental, del cual eran intermediarios los árabes. El tránsito era engorroso y difícil, y la creciente demanda exigía abrir rutas más expeditas y seguras que pusieran en contacto directo a Europa con los centros proveedores de las preciadas especias. El desarrollo acelerado que tuvo la expansión de estas rutas se debió, en gran parte, al formidable avance científico y técnico que transformó la náutica, permitiendo adentrarse en alta mar y alargar la duración y trayecto de las expediciones. La brújula permitió fijar la dirección y el astrolabio, al fijar la latitud, hizo posible determinar la posición de la nave y establecer con exactitud su rumbo. Paralelamente, un nuevo tipo de nave, con timón único puesto en la popa y un conjunto de velas movibles destinadas a aprovechar los vientos cualquiera que fuera la dirección en la que soplasen, comenzó a surcar los mares. Se cambiaron los pequeños bajeles y galeras, acostumbrados a navegar tímidamente a la vista de tierra, por las carabelas, carracas y galeones, dispuestos a adueñarse de las rutas oceánicas. Por su parte, la cartografía reprodujo los accidentes geográficos por medio de cartas y mapas, abriendo paso a nuevos horizontes.

En este clima de innovación, aventura y negocios, dos fueron las naciones que mejor supieron aprovechar las condiciones que su población y su posición geográfica les ofrecían. Bordeando el Atlántico, armados de experiencia de navegación y arcas fiscales generosas, los viajeros y descubridores de Portugal y España lograron, en pocos decenios, expandir las fronteras de sus imperios y enriquecer a sus coronas. Colón por España y. Gama por Portugal, entre muchos otros, pusieron tierras nuevas y desconocidas a los pies de Europa, provocando así trastornos inéditos en la economía, la demografía y el ordenamiento social del viejo mundo. Sin embargo, no fueron ellos, los navegantes, quienes se afincaron en las nuevas tierras, y ni siquiera disfrutaron de sus riquezas. Quienes realizaron esta tarea fueron los conquistadores.

El español que viajó a América fue principalmente el súbdito castellano, pues fue la Corona de Castilla la que recibió la donación papal de las nuevas tierras. Pertenecía principalmente a las categorías sociales de hidalgo y villano, pero las diferencias sociales tendieron a desaparecer en América, donde los sufrimientos y peligros hermanaban a los hombres y sólo el valor, el esfuerzo y la audacia contaban para destacarse ante los demás. El conquistador fue un hombre de dos mundos: el medieval y el renacentista. Tuvo sed de gloria, deseos de dejar fama y memoria de sí. Lo inundó de orgullo la expansión de España y una de sus motivaciones fue acrecentar el Imperio. Pero también fue hombre de profundas convicciones religiosas y el clima beligerante de la contrarreforma católica terminó por envolverle: la Conquista tuvo también fisonomía de Cruzada y hubo momentos en que toda la vieja tradición de lucha contra el infiel pareció revivir. Fue un hombre audaz y mezcló en sus concepciones conceptos de la teología medieval e ideas capitalistas: arriesgó su hacienda por lo imprevisto, y aun cuando quiso salvar de la idolatría a los indígenas, cometió con ellos las mayores crueldades y expoliaciones. En los años iniciales de la conquista vivió peligrosamente, en lucha diaria por su existencia. El incentivo fue siempre la expansión hacia nuevas tierras, que ante sus ojos no sólo aparecían cubiertas de oro, sino también de seres mitológicos que, traídos en la mentalidad de los europeos, encontraban fértil terreno para habitar en estas tierras donde lo desconocido y la sorpresa eran cosa de todos los días.

La tarea de ocupar las nuevas tierras no fue una actividad organizada desde el Estado, salvo en excepciones. Por regla general, el rey no incurría en gastos y confiaba la organización y realización de la empresa a los capitanes de conquista, que se comprometían a correr con su financiación, reunir soldados, pertrecharlos y armar las naves que los transportarían. El Estado señalaba el territorio que debía conquistarse y delegaba en el capitán algunos de sus atributos: gobernar la nueva jurisdicción, administrar justicia y repartir tierras y encomiendas. Al mismo tiempo, le otorgaba privilegios tales como sueldo, participación en las ganancias y distinciones honoríficas, todo lo cual se ponía en práctica siempre que la conquista se llevase a buen término.

Aunque la conquista fue concebida como una empresa privada, el Estado se reservó el derecho a dictar normas para que se realizara de acuerdo con sus intereses y obtener también el logro de algunos altos ideales. Entre los primeros debe mencionarse la manifestación de la soberanía real en los nuevos territorios y la adecuada percepción de los tributos; y entre los segundos la difusión de la fe cristiana y la protección de los indígenas, cuya vida y adoctrinamiento se mostraron como fines importantes para la Corona y la Iglesia. En este sentido, la legislación general y las instrucciones entregadas a los capitanes formaron un amplio, pero muchas veces incumplido, cuadro de disposiciones protectoras.

Las diversas estipulaciones entre el Estado y el jefe conquistador quedaban consagradas mediante un contrato o capitulación que ambas partes se comprometían a respetar. Sin embargo, no todos los territorios fueron incorporados sobre la base de capitulaciones, sino que muchos de ellos fueron conquistados por capitanes que habían alcanzado algún prestigio y poder en América y que realizaron sus empresas con autorización de otros jefes conquistadores que ya habían sometido un territorio y sus habitantes. Estos fueron los casos, entre otros, de Hernán Cortés en México y Pedro de Valdivia en Chile.

La Conquista de Chile

La incorporación de Chile al Imperio Español fue un largo y complejo proceso que tuvo distintas etapas. El primer contacto de exploradores europeos con nuestro territorio se realizó por el extremo sur. El navegante portugués al servicio de España, Fernando Magallanes, en su búsqueda de un paso hacia las Islas Molucas, penetró en el estrecho que hoy lleva su nombre el 11 de noviembre de 1520. Después de un breve reconocimiento de la zona, prosiguió a través del Océano Pacífico hacia la región de las islas. Su interés fue mínimo en las tierras que reconoció, a pesar de que era el primer europeo que las visitaba.

La conquista de Chile comenzó muchos años más tarde, en 1536, como una prolongación de las empresas conquistadoras que se desplazaban hacia el sur por el Pacífico y cuyo centro estaba en la ciudad del Cuzco, capital del Imperio Inca.

Diego de Almagro había tenido una destacada actuación en los albores de la conquista americana, donde había participado en más de una empresa (Panamá, Perú). Rivalidades con el conquistador del Perú, Francisco Pizarro, que lo había pospuesto en el reparto de tan fabuloso botín, y la ilusión de encontrar un imperio tan rico en oro como el recién conquistado, lo impulsaron a emprender la marcha con rumbo hacia Chile. Su hueste, la más lucida y brillante de las vistas hasta esa fecha y que un cronista calificó como “la flor de las Indias”, estuvo integrada por 500 españoles y miles de indios de servicio (yanaconas). El viaje de reconocimiento fue largo y desventurado. El camino recorrido fue el del altiplano boliviano y el del oriente de la Cordillera de los Andes, en donde los expedicionarios debieron sufrir todas las inclemencias del clima. Después de muchas penalidades, descendieron de la meseta cordillerana en el verano de 1536 al valle de Copiapó, avanzando hasta el del río Aconcagua donde, tras asentarse, diversos grupos emprendieron expediciones de reconocimiento. Así, uno de los capitanes almagristas, Juan de Saavedra, recorrió la costa y bautizó a la bahía de Valparaíso. Mayor trascendencia tuvo el viaje de otro lugarteniente, Gómez de Alvarado, quien logró llegar hasta las márgenes del río Itata, sin encontrar las riquezas que anhelaban y sin la dura oposición de los mapuche, contra quienes se enfrentó en la batalla de Reinohuelén, hito inicial de la larga Guerra de Arauco. La desilusión pronto prendió en la hueste y el Adelantado Diego de Almagro decidió regresar al Perú, siguiendo esta vez el camino de los desiertos cercanos a la costa. La expedición había sido un fracaso y durante largo tiempo prevaleció la idea de la pobreza y mezquindad de Chile y sus territorios. Quien volvió a penetrar en ese territorio lo hizo de forma más trágica, aunque definitiva.

Pedro de Valdivia inició su empresa en el año 1540. Había nacido en Extremadura y provenía de un modesto linaje. Cuando era muy joven se había alistado en los ejércitos imperiales. En estas lides obtuvo importantes triunfos en la guerra europea, bajo las ordenes del Emperador Carlos V. Bien considerado en el ejército español, decidió pasar al nuevo mundo. Estuvo en Venezuela y más tarde en Perú, en el momento en que la rivalidad entre los dos viejos conquistadores, Pizarro y Almagro, se decidía por el choque de las armas. Valdivia sirvió a Pizarro como maestre de campo en la batalla que puso fin a las aspiraciones almagristas, y que le costaría la cabeza al mismo Almagro. Por su éxito, Pedro de Valdivia obtuvo como recompensa de parte de Pizarro dos importantes mercedes: una mina de plata en el cerro de Porco y una rica encomienda de indios en el valle de la Canela. Gracias a tan preciosos auspicios, pudo pedir y obtener permiso para llevar a efecto la conquista de Chile, en calidad de teniente gobernador.

En enero de 1540 partió del Cuzco con ocho o diez hombres y unos cuantos indios de servicio. Integraron este primer contingente el comerciante Francisco Martínez, socio capitalista de la empresa, e Inés de Suárez, convecina de Valdivia. En el curso de la ruta del desierto que tomó se les fueron agregando soldados desplazados de otras expediciones, entre los que figuraron capitanes tan destacados como Francisco de Villagra, Francisco de Aguirre, Rodrigo Quiroga, Jerónimo de Alderete y el bachiller Rodrigo González de Marmolejo, futuro primer obispo de Santiago. A lo largo del camino hubieron de sufrir no sólo el castigo de la naturaleza hostil, sino también el descontento y la conspiración de grupos de españoles, los cuales, capitaneados por Pedro Sancho de la Hoz, pretendieron hacer abortar la empresa, intentos que concluyeron con la condena a morir ahorcado para el intrigante.

Después de un año de la salida del Cuzco, la columna expedicionaria, que había aumentado a 154 españoles, llegó al valle del Mapocho, que ofrecía excelentes condiciones para establecer el centro de operaciones: las aguas del río, los cultivos de los indios y las arboledas dispersas creaban un ambiente propicio. El doce de febrero de 1541, Valdivia procedió a fundar la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, piedra angular del asentamiento castellano en Chile. El alarife Pedro de Gamboa procedió luego, de acuerdo con las leyes españolas, a efectuar el trazado de la ciudad, que se hizo con la tradicional forma de damero. Junto con Valdivia, instituyó el Cabildo, corporación que procedió algunos días más tarde a nombrar a Pedro de Valdivia gobernador del Reino. Los años iniciales fueron duros: pobreza, aislamiento, continuas conspiraciones, descontento y, sobre todo, sucesivos levantamientos de las tribus que rodeaban Santiago. Esta ciudad, con sus casas precarias y sus pobladores dispersos, fue atacada e incendiada poco después de su fundación por obra del cacique Michimalonco, que a la cabeza de grupos picunches quiso poner atajo a la instalación española en sus territorios. Todo ello hacía urgente y necesaria la llegada de nuevos recursos desde el Perú, y tal fue el objeto de varios viajes que sus capitanes e incluso el mismo Valdivia emprendieron. El resultado de estas gestiones fue a la larga fructífero, ya que no sólo se obtuvo ayuda material y nuevos contingentes, sino que la Corona y sus representantes confirmaron a Valdivia en el cargo de Gobernador de Chile.

La meta del conquistador era llegar al Estrecho de Magallanes, para dar así gran extensión a su gobernación y alcanzar el punto que parecía ser el límite natural de ella. Señalaba al rey: “El peso de esta tierra y de su sustentación y perpetuidad y descubrimiento y lo mismo de la de adelante, está en que en esos cinco o seis años no venga a ella de España por el Estrecho de Magallanes capitán proveído por Vuestra Majestad, ni de las provincias del Perú, que me perturbe. A Vuestra Majestad aquí se lo advierto y suplico, porque, caso que viniese gente por el Estrecho si nos viniese a litigar sobre la tierra, está tan vidriosa que se quebraría y el juego no se podría tornar a entablar en la vida.” Para lograr este propósito, sucesivas expediciones recorrieron el territorio. La más importante fue la que estuvo a cargo de su Teniente de Capitán General en la mar, Juan Bautista Pastene, que exploró la costa sur hasta el grado 41 a la altura de la bahía de San Pedro y que permitió apreciar la magnitud del Reino.

En 1544, el capitán Juan Bohón había fundado por orden de Valdivia la ciudad de La Serena, punto intermedio en las comunicaciones con el Perú. Luego, la expansión se volcó hacía el sur como una necesidad de la naciente colonia y de su gobernador, quien deseaba cubrirse así de gloria, poder y prestigio; los conquistadores anhelaban ser vecinos de ciudades y apropiarse de tierras, de minas y del trabajo de los indígenas para satisfacer sus ansias señoriales. La Corona, por su parte, tampoco permanecía indiferente y era lógico que la incorporación de tierras y vasallos la sedujera. Desde 1549, año en que se repobló La Serena, arrasada por el ataque de etnias vecinas, se desgranaron nuevas villas: Concepción, La Imperial, Valdivia, Villarrica, Angol, y las posesiones fortificadas de Arauco, Tucapel y Purén. Este ritmo de fundaciones se detuvo en 1553, año en que una formidable rebelión mapuche costó la vida a Valdivia y obligó a los españoles a abandonar Concepción y los fuertes. A continuación vendrían años de desesperación y anarquía.

El poder político se fragmentó y Chile pareció no tener gobernador, ya que tres capitanes fueron proclamados como tales por los cabildos de las ciudades del sur, de Santiago y de La Serena respectivamente. Fueron estos Francisco de Villagra, Rodrigo de Quiroga y Francisco de Aguirre. Hubo así que enfrentar no sólo la rebelión mapuche, sino también las rivalidades de los conquistadores que ansiaban hacerse con el poder. La Audiencia de Lima, tiempo más tarde, complicó aún más las cosas y entregó el gobierno a cada cabildo en los distritos de sus jurisdicciones.

En 1557 llegó al país el nuevo gobernador reconocido por la Corona, don García Hurtado de Mendoza, joven capitán vinculado a la más alta nobleza de España, quien al frente de una lucida expedición desembarcó en la bahía de Talcahuano, en el centro del territorio mapuche. Actuando con gran celeridad y decisión, pronto reconstruyó Concepción, se introdujo en tierras hostiles y combatió a los indígenas, a quienes aparentemente sometió. Dos nuevas ciudades, Osorno y Cañete, aparecieron luego en el tosco mapa de Chile.

Con el término del gobierno de García Hurtado de Mandoza, en 1561, se considera tradicionalmente concluido el proceso de conquista. La mayor parte del territorio de Chile, desde el valle de Copiapó al seno de Reloncaví, fue explorado y quedó de alguna manera sometido a Castilla. Además, a causa de la extensión de la gobernación otorgada a Pedro de Valdivia que incluía 100 leguas desde la costa al interior, la conquista se amplió al otro lado de la cordillera, incluyendo las regiones, hoy pertenecientes a Argentina, de Tucumán y Cuyo, donde se fundaron ciudades como Mendoza y San Juan. Sin embargo, la guerra no concluyó y toda la vida chilena de los últimos años del siglo XVI pareció depender de ella. Los sucesores de don García debieron dedicarle toda su atención y, si bien se lograron ocasionales triunfos, su amenaza estaba demasiado viva como para descuidarla. Por ello, los gobernadores fueron por lo general soldados experimentados, lo cual no impidió que, al concluir el siglo, un segundo gobernador, Martín García Oñez de Loyola, muriera en el campo de batalla.

El término de la conquista no significó de manera alguna la conclusión de la lucha entre españoles y mapuches; antes bien, ésta habría de prolongarse durante siglos. Los mapuches ubicados al sur del río Bío Bío opusieron una resistencia denodada a los invasores y constituyeron una preocupación permanente para el Estado español, el cual debió mantener destacamentos militares que hicieran incursiones en su territorio. La intensidad de la Guerra de Arauco, su prolongación en el tiempo y las proyecciones que tuvo en la vida colonial, hacen de ella el fenómeno más destacado de la época, su constante histórica, con fuertes repercusiones en el campo económico y social.

Durante el siglo XVI, la guerra fue una prolongación de la conquista y se realizó dentro de modalidades similares o parecidas a las de aquélla. Los conquistadores procuraron mantener las ciudades erigidas al sur del Bío Bío y someter a las tribus cercanas, mientras éstas defendían tenazmente sus territorios y procuraban destruir fuertes y ciudades. La fuerza militar de los castellanos se basaba en el ejército vecinal, constituido por los vecinos de las ciudades, que tenían la obligación de acudir a las armas ante cualquier emergencia bélica y ponerse a las órdenes de un jefe designado por el gobernador o el cabildo respectivo. Cuando desaparecía el peligro se dispersaban y volvían a sus ocupaciones habituales. No existía una organización continua ni una preparación sistemática para la lucha. Incluso el equipo y armamento del que se disponía era, en general, el que aportaba cada hombre. El sistema obligaba al gobernador y a los jefes militares que pretendían realizar alguna campaña a apremiar a los vecinos para que contribuyesen con hombres y pertrechos.

La guerra tenía un carácter constante, que cada año se repetía de la misma manera. Al llegar el verano se reiniciaban las hostilidades, que no terminaban hasta comienzos del otoño. Entonces los españoles se retiraban a sus fuertes y ciudades, y los mapuches a sus tierras, donde podían resarcirse para continuar la lucha el año siguiente. Hubo momentos en que un bando u otro obtenía logros, como el avance hacia el sur y fundación de Castro por el gobernador Martín Ruiz de Gamboa. A consecuencia de ello, la guerra impuso a la vida chilena un marcado carácter castrense. En los últimos decenios del siglo XVI no fue Santiago el centro de gravitación del Reino. Concepción era su corazón estratégico, y desde ahí partían todas las campañas que se hacían. Inclusive el aparato administrativo se trasladó a aquella ciudad, donde Audiencia y gobernadores dirigieron cerca del terreno las estrategias que las nuevas situaciones imponían cada día. Esta modalidad, sin mayores variaciones, tuvo un vuelco a fines del siglo, momento en el cual las fuerzas españolas sufrieron un descalabro de proporciones considerables. En 1598, el gobernador Martín Oñez de Loyola fue muerto, junto a 50 soldados que lo acompañaban, en Curalaba. Fue el comienzo de un levantamiento mapuche general que se prolongó durante varios años y provocó que, una tras otra, las ciudades del sur fueran arrasadas, con lo que desapareció toda huella de ocupación española al sur del Bío Bío. La catástrofe significó, para los españoles, todo el fin de un sistema de guerra seguido desde la época de la conquista y que tenía como fin la ocupación efectiva de la mayor cantidad posible de territorio. El error estratégico fue dispersar las pocas fuerzas con las que contaban en un territorio tan extenso, así como la utilización de un ejército vecinal no profesional, de escasa eficiencia militar. Ambas lecciones se traducirían en cambios sustantivos en las formas de enfrentar el conflicto durante el siglo posterior.

En lo que a la economía de los primeros lustros de la conquista se refiere, está estuvo marcada por dos componentes principales: el trabajo de los indios encomendados y la explotación del escaso oro presente en el territorio.

La extracción de metales preciosos, fundamentalmente oro, fue la actividad económica más importante del siglo XVI. El oro proveniente de lavaderos fue la única riqueza obtenida por los españoles durante la conquista y contribuyó a afianzarla atrayendo como principal señuelo a los escasos contingentes de soldados que pasaron de Perú a Chile. Los primeros lavaderos explotados por los conquistadores fueron los de Marga-Marga, cercanos a Valparaíso. La expansión de la conquista hacia el sur permitió luego ampliar el trabajo a los lavaderos de Quilacoya, inmediatos a Concepción, y a aquéllos ubicados en las cercanías de Valdivia y Villarrica. Estos lavaderos fueron trabajados por contingentes indígenas, sin los cuales no se habría podido extraer el oro de las quebradas y riachuelos. De ahí derivó el principal interés de los españoles en la obtención de encomiendas, ya que les permitía utilizar mano de obra gratuita en la extracción del precioso metal. Se calcula que la media anual de extracción entre 1545 y 1560 llegó a 2.000 kg de oro. Fue el período de auge productivo; a finales del siglo XVI la actividad ya no subsistía, debido a la recuperación por parte de los mapuches de sus territorios, y el consiguiente estado de guerra permanente que tal hecho supuso.

Todo ello explica que la principal forma que tuvo la Corona para premiar los servicios de los conquistadores fuera la concesión de encomiendas. Al poco tiempo de fundada una ciudad, el capitán indicaba a sus soldados más destacados las encomiendas que les correspondían. Estas eran grupos de indígenas previamente individualizados, que en algunos casos alcanzaban considerable número y que tenían la obligación de tributar para su encomendero bajo un sistema regulado por una legislación dictada por el Estado español. La encomienda implicaba, además del usufructo del trabajo de los indígenas, la obligación de protegerlos y evangelizarlos. La ley establecía que el indio no perdía su libertad y que los beneficios sólo se concedían por dos vidas, es decir, se entregaban al conquistador y a su inmediato sucesor. En la práctica, esta situación varió y muchos fueron los casos en los que la encomienda estuvo largo tiempo vinculada a una misma familia. Igualmente, el trabajo indígena fue objeto de arriendos y traslados territoriales, con la consiguiente desestructuración social de los afectados. El interés de los españoles por la obtención de encomiendas fue el gran motor de la conquista, pues permitió utilizar enormes contingentes de masa indígena como fuerza de trabajo.

La extracción de oro fue la base fundamental de la incipiente economía del país, y marchó paralela con la concesión de encomiendas. La pronta extinción de las riquezas auríferas cambiaron el trabajo del indio, que fue luego destinado a tareas agropecuarias. Los repartimientos de encomiendas tuvieron en Chile diferente intensidad. En el Norte Chico su número fue reducido. Mayor fue la cantidad de las distribuidas en la región central, desde el valle de Aconcagua al río Maule. Las más numerosas correspondieron a las ciudades del sur, desde Concepción a Osorno, con abundante población mapuche. Sin embargo, el goce de estas últimas encomiendas estuvo sujeto a una permanente inestabilidad, debido a los continuos levantamientos y a la persistencia de la lucha armada.

El trato dado por los encomenderos a sus indios fue generalmente cruel y riguroso. Estos abusos crearon en algunos círculos eclesiásticos e intelectuales un fuerte movimiento en contra de la institución. Como su abolición resultaba imposible, porque cortaba de raíz todo incentivo para la conquista, el rey, asesorado por teólogos y juristas, dictó abundantes disposiciones que tendieron a proteger al indígena. Surgieron así las llamadas tasas, normativas reguladoras del trabajo y sus beneficios, que, unas más unas menos, no fueron cumplidas y quedaron tan sólo como letra muerta en las ordenanzas reales.

Paralelamente, la explotación de la tierra tuvo en un comienzo una importancia limitada, porque tanto los cultivos como la crianza del ganado no tenían más objeto que proveer al reducido número de españoles que habían llegado al país. Sin embargo, la concesión del dominio de tierras se asentó desde un comienzo en bases jurídicas muy sólidas, basadas en el derecho papal otorgado al rey de disponer de las tierras descubiertas y conquistadas. Este proceder era delegado en los conquistadores, quienes así realizaban el reparto de las tierras. Pedro de Valdivia, una vez asentada la conquista, procedió de inmediato a la distribución de ellas, tarea en la que fue secundado por los cabildos. Sólo a fines del siglo XVI se circunscribió la facultad de otorgar mercedes de tierra al gobernador. Las primeras concesiones fueron en general pequeñas; la ley establecía que no excediesen las 200 cuadras, pues se consideraba peligrosa la posesión de grandes extensiones de tierra en una sola mano. La ocupación tampoco fue continua, ya que sólo interesaban las mejores tierras, muchas de las cuales pertenecían a indígenas que paulatinamente fueron desplazados a suelos de menor calidad.

En el otorgamiento de la merced de tierra se hacían diversas consideraciones que nos permiten precisar la institución. Se dejaba constancia de que era a título gratuito y que se daba en razón de los méritos y servicios del agraciado, que era perpetua y que sólo tendría valor si no dañaba a terceros ni intervenía la propiedad indígena, y que necesitaba, por último, confirmación real para producir verdadero dominio.

Junto a la propiedad individual coexistieron otras formas de tenencia de la tierra: la propiedad comunal y la propiedad indígena. La propiedad comunal consistió fundamentalmente en el ejido y la dehesa, que podían ser pastos o tierras de utilidad para toda la comunidad. Estaban situados por lo general en los aledaños de las ciudades y se ponían bajo la tutela de los cabildos, que se encargaban de administrarlas y protegerlas de cualquier intento de apropiación. La propiedad indígena, por último, se mantuvo, al menos en teoría, como una constante preocupación de la Corona. La donación pontificia no las incluía y el deber de los funcionarios reales fue velar por su conservación. Estas tierras adquirieron en la mayor parte de los casos la forma de pueblos de indios, donde no sólo existía la propiedad individual, sino también lugares destinados al aprovechamiento comunitario, similares a los conocidos por los españoles de la época.

En lo que al comercio se refiere, presentó durante el siglo XVI características propias. Una vez agotados o aislados los lavaderos de oro, ya al declinar el siglo, se produjo un ajuste económico que se sintetizó en la transformación de actividades: del interés minero se pasó a las faenas agropecuarias, que se realizaron preferentemente en las zonas de ocupación española. Algunos de sus productos, como el vino, el charqui (carne seca), el sebo, los cordobanes (aperos de cuero), las manzanas, la madera e, inclusive, los paños de tosca factura fueron los rubros que se abrieron a un incipiente comercio de exportación. Este tráfico se dirigió desde fines del siglo XVI hacia dos grandes centros: Lima, con toda una amplia gama de influencias navieras y bursátiles, y que gestó un comercio regular aunque sujeto y dependiente a sus comerciantes; y Potosí, en el Alto Perú, cuya enorme producción de minerales de plata lo convirtió en un mercado atractivo para la exportación directa o indirecta de productos locales. Hubo también conexiones con otras áreas coloniales, Tucumán y Córdoba, por ejemplo, pero la intensidad de sus relaciones tuvo menor importancia. Como consecuencia del desenvolvimiento y expansión de este temprano comercio exterior surgió un grupo de comerciantes que, actuando por cuenta propia o formando sociedades, realizaron un activo tráfico mercantil con las zonas periféricas de Chile.

En lo que se refiere a las obras culturales y al desarrollo intelectual durante la conquista, es necesario indicar que en una sociedad en que la áspera lucha fue la nota característica, toda manifestación del espíritu se centró en esa tónica, y fueron la crónica y la poesía épica las que con mayor fuerza le dieron cabida. En los años que siguieron a la conquista, algunos capitanes escribieron relatos de lo que les había tocado vivir. No pretendían crear grandes obras, sino que los movía el propósito de justificar sus acciones y las de sus compañeros. El estilo tosco, alejado de cualquier pretensión literaria, tenía algo del nerviosismo de quien ha vivido los sucesos que narra. La Guerra de Arauco fue su preocupación, y el paisaje, las costumbres de los pueblos descubiertos, su valor y su cultura fueron los elementos que, mezclados y remezclados, llenaron las páginas de los más importantes cronistas y poetas. Alonso de Góngora Marmolejo, que escribió sobre los hechos acaecidos hasta 1575, fue un militar que prolongó su crónica hasta esa fecha, sin hacer resaltar ningún punto, pero con tal acopio de datos sobre Pedro de Valdivia y sus hombres, que es imposible estudiar el período sin consultarlo. Pedro Mariño de Lobera, de similares antecedentes, escribió su crónica referida a los mismos temas. Más relieve alcanza la obra escrita por Jerónimo de Bibar, quien hizo gala de mayor sensibilidad al describir paisajes y tradiciones culturales, que adquieren la luz de lo increíble en sus retinas de europeo sorprendido con la gesta que vivía.

Al lado de estas gestas heroicas, la poesía culta tuvo en Chile también claros ejemplos, representados en su mayor magnitud por Alonso de Ercilla y Zuñiga, quien inmortalizó al país y su gente en el poema épico La Araucana, el más importante en su género en la lengua castellana. Ercilla, si bien es cierto que permaneció poco tiempo en Chile, se transformó en el cantor de las hazañas de sus compatriotas, que narró con minucioso criterio histórico, aunque introdujo también los refinamientos de las modas poéticas en boga en Europa. El poema vio la luz en Madrid, en tres partes que se publicaron separadamente en 1569, 1578 y 1589. Si hemos de creer a su autor “se hizo en la misma guerra, en los mismos pasos y sitios, escribiendo muchas veces en cuero a falta de papel y en pedazos de cartas, algunas tan pequeñas, que apenas cabían seis versos, que no me costó después poco trabajo el juntarlos”. La importancia de La Araucana ha sido primordial, ya que como ninguna otra obra divulgó el nombre de Chile y de su gente en el Viejo Mundo. Exaltó a vencedores y vencidos en el más genuino espíritu caballeresco y sirvió de base a un sentimiento patriótico, definidor más tarde de nuestra nacionalidad.

La resonancia de la obra de Ercilla fue inmensa y junto a ella surgieron imitadores del poema. De éstos, el más destacado fue el poeta, nacido en la villa de Angol, Pedro de Oña, autor de El Arauco Domado, obra que publicó en Lima en 1596, en diecinueve cantos. Oña, pese a ser chileno de nacimiento, permaneció desde muy joven alejado de su tierra. Su cultura es de un ambiente más culto y refinado, lo cual explica el que sus sentimientos tengan poco o nada que ver con la realidad del país. La guerra es para él sólo un pretexto para cantar a ninfas y doncellas, a umbrosos bosques y frescos manantiales, que su barroca imaginación vio florecer en las selvas de Arauco; el traer a la memoria lo que podría haber caído en el olvido fue, para él, algo secundario.

Chile en el contexto del imperio español. Siglos XVII y XVIII

Una vez concluida la Conquista, la incorporación de Chile al Imperio Español implicó dos siglos de existencia colonial, en un marco de pobreza y marginalidad en relación a los grandes centros económicos, políticos y culturales de América. Con la presencia disonante de la guerra, que definió una frontera y una tradición militar, la sociedad colonial chilena fue fruto del mestizaje incesante entre sus componentes, que en las postrimerías del período se reconocieron a sí mismos como chilenos, como habitantes de una tierra lejana y pobre, pero dueña de claves y procesos que la distinguen de otras, aun en el marco generalizador del Imperio Español.

Las estructuras de gobierno colonial

La incorporación de las Indias a la Corona de Castilla tuvo diversas etapas y terminó por estructurarse definitivamente durante el reinado de Felipe II, sobre las bases casi inflexibles de su aparato administrativo, a la cabeza del cual se hallaba el mismo rey. Su deber principal era atender al bien de la comunidad, desde donde originariamente emanaba su poder, y no podía en consecuencia usar a su arbitrio la autoridad conferida.

La primera institución que surgió en España relacionada con los asuntos americanos fue la Casa de Contratación, que tuvo su asiento en Sevilla. Su función principal consistía en trazar la política comercial con los dominios americanos dentro del más estricto monopolio y vigilar su cumplimiento. Para llevar a cabo su cometido, establecía qué tipo de mercancías podían enviarse a las colonias, cobraba los impuestos del comercio, disponía la organización de las flotas y controlaba el paso de pasajeros. Se preocupaba además de conocer algunas causas civiles y criminales originadas dentro de los límites marinos y de desarrollar los conocimientos náuticos y geográficos a través de una escuela especializada.

Mayor importancia tuvo el Consejo de Indias, creado por Carlos V en 1524. La jurisdicción del Consejo fue de gran extensión: abarcó asuntos eclesiásticos, civiles, militares y comerciales. Era el máximo organismo de gobierno en América y como tal asesoraba a la monarquía. Estudiaba los asuntos que le eran sometidos por el rey y preparaba las leyes que luego eran presentadas a éste para su aprobación. Entre sus facultades estaba la de proponer a la Corona los nombramientos de virreyes, capitanes generales, obispos, oidores de Audiencias y toda la gama administrativa del sistema colonial. Paralelamente, el Consejo mantenía una meticulosa vigilancia sobre los funcionarios: pedía informes a los diferentes organismos, enviaba visitadores revestidos de facultades especiales y sometía a las diversas autoridades, al término de sus funciones, a un juicio de residencia en que se investigaba la conducta observada en el desempeño de sus cargos. Tenía también facultades económicas: ejercía el control de las cuentas procedentes de América y vigilaba la llegada oportuna de los caudales públicos, especialmente del quinto real e impuestos a la minería. Como entidad moral y religiosa, residían en él los derechos del Real Patronato, que reglaban la injerencia del gobierno en los asuntos de la Iglesia. En virtud de ello, proponían al rey los nombres de los sacerdotes que debían ser presentados al papa para ocupar los cargos eclesiásticos. Además, estudiaba las bulas y otros documentos pontificios para autorizar su vigencia en América. En el orden judicial, la atribución de mayor importancia del Consejo de Indias fue la de conocer en última instancia las apelaciones levantadas en contra de los fallos de las Audiencias y la Casa de Contratación.

Para el gobierno de América, el rey delegó su poder en altos funcionarios, virreyes y gobernadores, que actuaban en su nombre. En Chile, la autoridad máxima fue el Gobernador que, a pesar de depender directamente del monarca, en asuntos de particular gravedad o importancia quedaba sujeto al virrey del Perú. Generalmente, el gobernador duraba en el cargo tres o cinco años. Además de las tareas del gobierno y la administración, tenía atribuciones judiciales, que usualmente delegaba en un funcionario, y presidía la Real Audiencia, por cuyo concepto se le llamaba presidente. En su calidad de Capitán General, tenía la más alta autoridad militar que, debido a la Guerra de Arauco, desempeñaba personalmente y era una de sus más arduas preocupaciones; con el correr del tiempo, el mando del ejército fronterizo recayó principalmente en el Maestre de Campo General, que residía en Concepción. Durante el desempeño de su cargo, el gobernador quedaba sometido a ciertas restricciones que velaban por la pureza de su conducta funcionaria, tales como no contraer matrimonio con habitantes de su jurisdicción ni involucrarse en negocios particulares. Sin embargo, dentro del maleado cuadro de la segunda mitad del siglo XVII y comienzos de la centuria siguiente, hubo gobernadores que burlaron estas disposiciones.

El gobierno local de los corregimientos, áreas territoriales parecidas a las provincias actuales, estaba entregado a los corregidores, que eran designados por el gobernador o la Corona. Los corregidores reunían en sus manos atribuciones semejantes a las del gobernador, incluyendo funciones militares y competencia para conocer en materias de carácter civil y criminal, siendo sus fallos apelables ante el gobernador o la Audiencia. Tenían la obligación de visitar el corregimiento una vez durante su desempeño, para conocer los problemas y litigios de tierras y proteger a los indígenas, cuyos poblados estaban bajo su vigilancia. El cúmulo de atribuciones entregadas a los corregidores, su influencia y conocimiento de todos los asuntos locales oficiales y privados y la lejanía de las demás autoridades, dieron una importancia extraordinaria a estos funcionarios. Toda clase de abusos, arbitrariedades, deshonestidades, participación en pequeños negocios y otros vicios, marcaron la gestión de muchos corregidores, y en algunos lugares, como en Perú, significaron un verdadero azote para el común de las poblaciones sujetas a su jurisdicción.

El más alto tribunal de justicia de Chile, al igual que en todas las colonias españolas en América, era un cuerpo colegiado integrado por un número variable de oidores y un fiscal, que presidía el gobernador. Los monarcas procuraron en todo momento rodear del mayor prestigio y dignidad a la Audiencia, como encargada de administrar justicia a nombre del rey (véase el apartado “Audiencias en la América Colonial” en la voz audiencia). Los oidores fueron licenciados y doctores en derecho de gran reputación que generalmente respondieron a la confianza depositada en ellos. Al igual que otras altas autoridades, les estaba prohibido contraer matrimonio en el distrito en donde desempeñaban sus tareas, así como mantener cualquier tipo de negocio. La posesión del cargo estaba simbolizada por el uso de gorra y toga. El tribunal contaba, además, con un sello real, motivo de un ritual especial, con cuya marca se expedían los fallos y otras decisiones a nombre del soberano. La Audiencia era un tribunal de alzada que se ocupaba de las apelaciones interpuestas contra los fallos impuestos por los alcaldes, los corregidores y el gobernador. De sus sentencias se podía apelar sólo ante el Consejo de Indias, en materia civil de superior cuantía. La alta categoría del tribunal determinó que los reyes depositasen en él otras atribuciones de carácter no judicial que, por su importancia, era necesario situar en un organismo de gran responsabilidad y poder. Podía mediar en materias graves de gobierno y tomar decisiones que de esa manera llevaban el respaldo inequívoco de la legalidad y el peso de tan ilustre institución. En las relaciones entre el Estado y la Iglesia, la Audiencia jugaba también un interesante papel. Le estaba encomendado el derecho de vigilar el cumplimiento del derecho de Patronato en sus diversos aspectos. Además, mediaba en el cobro y reparto del diezmo y poseía facultades correccionales sobre los eclesiásticos. Dentro del Patronato, se ocupaba de los Recursos de Fuerza, mediante los cuales los eclesiásticos podían recurrir a los tribunales civiles en caso de vicios cometidos por la justicia eclesiástica.

Otra materia de mucha importancia que le estaba cometida era la protección de los indígenas, para cuyo efecto ejercía una vigilancia especial y podía abocarse al conocimiento de cualquier litigio sobre mal trato de indios que se estuviera ventilando ante otro tribunal, y resolverlo en forma sumaria. También se ocupaba de los pleitos de derecho de goce de encomiendas. Por último, la Audiencia estaba autorizada para informar al rey sobre la conducta funcionaria de las diversas autoridades, incluso del gobernador y de los eclesiásticos. Las graves responsabilidades de todo orden entregadas a la Audiencia quedan de manifiesto en el hecho excepcional de que, durante algunos años en el siglo XVI, le estuvo confiado el gobierno del país. Más tarde, como norma general y a falta de otra disposición, recayó en un miembro de ella, el oidor decano, el mando interino del reino por incapacidad o fallecimiento del titular. La primera Audiencia se estableció en Concepción en 1565, fue suprimida diez años más tarde, para ser restablecida definitivamente en Santiago en 1606.

La Guerra de Arauco

La sublevación indígena que comenzó en Curalaba en 1598 y concluyó con la destrucción de todas las ciudades al sur del Bío Bío tuvo las más serias repercusiones en el desarrollo de la lucha y en todos los aspectos de la vida económica y social. El territorio sur tuvo que ser abandonado por los españoles, lo que significó el reconocimiento de la impotencia de las armas imperiales. El mantenimiento de las ciudades del sur había sido una lucha continua y desesperada que solamente el interés por los lavaderos de oro y por la utilización de gruesos contingentes de trabajo había podido mantener. La dispersión de las escasas fuerzas españolas en pequeñas ciudades y fuertes de vida precaria, rodeados de densas poblaciones mapuches, había sido un pésimo plan estratégico. Mientras no hubiese recursos de milicia y colonización suficientes, los españoles debieron conformarse con reducir la dominación hasta los márgenes del río Bío Bío.

En el plano estrictamente militar, el desarrollo de la lucha y sus formas experimentaron un completo cambio a causa de las reformas que implantó el gobernador Alonso de Ribera, militar experimentado en las guerras de Flandes y que aparecía rodeado de gran prestigio. Comenzó por imponer organización y disciplina. Fijó con precisión la separación de las tres armas, caballería, infantería y artillería, y asignó a cada una de ellas su papel específico. Restó a la caballería la importancia que se le había dado en tiempos anteriores, y dotó en cambio a la infantería de un papel destacado, según las experiencias de los escenarios europeos. Sin embargo, más importantes que estas medidas fueron dos disposiciones que deberían producir vastos efectos. La primera fue el establecimiento de un ejército permanente, pagado y profesional, que reemplazase a los contingentes vecinales que, por falta de organización y continuidad de sus tareas, habían probado ser ineficaces. Ribera logró que la Corona destinase un Real Situado o dotación de fondos provenientes del Perú, para pagar a los militares y solventar los gastos del ejército. Con una suma de 212.000 ducados, cantidad bastante elevada para la época y el país, se pudo mantener en pie de guerra a 2.000 hombres. Desde entonces se contó con una fuerza respetable, coherente y disponible en cualquier momento para entrar en campaña.

La segunda decisión de Ribera fue adoptar un nuevo plan estratégico para la gradual ocupación la Araucanía. En lugar de dispersar sus fuerzas en tan vasto territorio, diseñó una línea de frontera defendida por varios fuertes. Cuando la situación lo aconsejase, la frontera sería movida adelante, con buen cuidado de dejar sometidos a los indígenas de atrás, de manera que la colonización fuese definitiva. Desde entonces la frontera quedó como línea demarcatoria.

Esta estrategia planteada por Ribera fue perturbada algunos años por el ensayo de Guerra Defensiva, auspiciado por el jesuita Luis de Valdivia. La base de este sistema fue el mantenimiento de la línea fronteriza en el río Bío Bío, para lo cual era necesario desmantelar los fuertes situados más al sur. En esa posición debía mantenerse el ejército en actitud defensiva, sin intentar ataques al territorio mapuche. La pacificación de los indígenas se haría mediante misioneros que se internarían sin protección a predicar la fe y los principios de la civilización. Según el Padre Valdivia, esta forma era la única que, al dejar de lado la violencia, permitía la difusión de la religión y transformar a los mapuches en seres piadosos y civilizados. El asesinato de los tres primeros misioneros que se internaron en territorio mapuche provocó el fracaso del ensayo y hubo de volverse a la lucha armada.

Durante todo el resto del siglo XVII la guerra continuó viva, pero sufriendo importantes variaciones y adquiriendo nuevos matices. Una de las primeras innovaciones se debió a la necesidad de proveer a los encomenderos y hacendados de la región central de indígenas de trabajo, lo que determinó una búsqueda de prisioneros en la Araucanía. Con este objeto, los grupos interesados lograron que, mediante una Real Cédula de 1608, se ordenase que los mapuches sorprendidos con las armas en la mano pudiesen ser reducidos a la esclavitud. Con anterioridad ya se había practicado este sistema sin que mediase autorización; ahora se transformó en un gran incentivo que dinamizó las campeadas del ejército. Los destacamentos comenzaron a internarse en tierras enemigas a hacer esclavos a los indígenas que presentaban resistencia. También hubo lugar para el abuso, pues a veces se tomaron prisioneros indios que estaban en paz, y ello sin dejar de lado a mujeres y niños. La crueldad de estos procedimientos solía provocar la reacción de los mapuches, y de esta forma la lucha se hizo interminable. Bajo el gobierno de Antonio Acuña y Cabrera, en 1655, los excesos llegaron a tales extremos que estalló una formidable rebelión que se extendió hasta el río Maule, y que dejó asolado un amplio territorio que los españoles tenían por definitivamente pacificado. En 1683, una Real Cédula puso término definitivo a la esclavitud de los indígenas y con ello a una de las principales motivaciones de la guerra. Para entonces, la población mestiza había aumentado notoriamente y representaba un sustituto de la mano de obra india.

Otra innovación de la guerra fue el sistema de parlamentos establecidos por los gobernadores para acordar condiciones de paz con los caciques mapuches. El primero fue el celebrado por el marqués de Baides en Quillín, el año de 1641. Desde entonces, cada cierto tiempo, se concertaron reuniones de este tipo, en que se hacían largos discursos, se estipulaban las paces y luego, tras un intercambio de regalos, todos confraternizaban en festejos con abundante vino y aguardiente. Los resultados, sin embargo, no eran muy halagüeños: solo algunos caciques se hacían presentes; otros no se dignaban concurrir y, de todos modos, tarde o temprano las paces eran burladas por uno u otro bando. A pesar de ello, la institución de los parlamentos representa un relativo apaciguamiento en la frontera, que ya era perceptible en las últimas décadas del siglo XVII.

La economía colonial

La economía chilena del siglo XVII presenta dos planos claramente diferenciados y que, más allá del límite de la centuria, se prolongarían por mucho tiempo. El primero de ellos guarda relación con la economía internacional y se caracteriza por el papel económico de Chile bajo la doble dependencia de Perú y de España. El otro plano esta constituido por la indiscutible realidad del mercado interno, que opera en un semiaislamiento y que no es suficiente para desarrollar o estimular a la producción nacional. Ambas realidades coexisten e invariablemente se relacionan. El gran fenómeno económico de la región sur de América fue, desde las últimas décadas del siglo XVI y durante todo el siglo XVII, la explotación de las riquezas mineras en el virreinato peruano, que tuvo en Potosí su símbolo más impresionante. Transformado Perú en gran productor de metales preciosos, su vasto territorio y especialmente la ciudad de Lima se convirtieron en centros de riqueza y poder, alrededor de los cuales giraron las economías periféricas de carácter agrícola y ganadero, como era el caso de Chile. El desarrollo de las faenas mineras, el empleo de grandes contingentes de trabajadores indígenas, el aumento de la población, la expansión de las ciudades y, en general, el crecimiento de la economía virreinal, actuaron como poderosas fuerzas que dinamizaron la producción de las colonias vecinas.

Chile respondió al incentivo con la remisión de mulas para el transporte, alimentos tales como cereales y frutos secos, vino y aguardiente, telas ordinarias, mantas y frazadas, lona, jarcia y maderas. Pero fueron los productos de la ganadería los que constituyeron el grueso de las remesas: cueros, vellones, sebo y charqui. Los cueros representaban un rubro importante a causa de la variedad de sus aplicaciones. Se los exportaba al pelo o curtidos. Los vellones eran de utilidad como parte de la montura y para proporcionar calor y comodidad en los fríos suelos de la sierra cordillerana. El sebo era utilizado para fabricar jabón, pero mucho más que en ello se utilizaba la grasa animal para la elaboración de velas, que eran la forma universal de iluminación. El charqui, carne seca, era el alimento esencial en las regiones mineras, por lo general alejadas de zonas agrícolas y pobres en sus suelos en cuanto se trataba de cultivar algo que no fueran patatas.

Hacia fines del siglo XVII, la exportación de trigo al Perú cobró inusitada importancia. La tierra y el clima templado de Chile aseguraban un mejor rendimiento y calidad en el cereal y bastaron algunas circunstancias fortuitas para imponerlo definitivamente. En 1687 ocurrió un terremoto que devastó los distritos cerealeros próximos a Lima, destruyendo las instalaciones de las haciendas y las obras de regadío. Al mismo tiempo, la aparición de una peste de polvillo negro, que se extendió por las sementeras, arruinó las cosechas por muchos años. Se acudió entonces al suministro chileno, y la agricultura del valle central y de las zonas de La Serena y Concepción respondió eficazmente al estímulo. En los primeros años hubo un desequilibrio entre oferta y demanda, pero pronto la situación se regularizó. La importancia de esta exportación se dejaría sentir principalmente en el siglo siguiente.

El valor representado por todos los rubros de exportación se invertía en Lima, Coquimbo, Valparaíso y Concepción, en la adquisición de productos de consumo general que vendían los mercaderes limeños y que fundamentalmente eran el azúcar, el cacao y el tabaco. También tenían importancia las manufacturas de origen español o, en mayor medida, las europeas: papel, hierro, quincallería, géneros corrientes y finos, alhajas, espejos, muebles, armas y un sin fin de cosas que eran consumidas por los grupos más adinerados, y que por ello significaban un importación de baja envergadura, pero de alto valor relativo. Este tráfico comercial entre Chile y Perú era conducido por los mercaderes limeños, quienes disfrutaban de grandes fortunas y del apoyo político de la autoridad virreinal. Dominaban los hilos del comercio interno hacia los distritos mineros y la navegación regional como principales armadores de naves. En sus manos también estaba la vinculación con el comercio de España, que llegaba a Panamá a través del sistema de flotas y galeones. España, al igual que todas las naciones colonizadoras, puso en práctica el monopolio más riguroso entre ella y sus dominios, para evitar la intromisión de las potencias extranjeras. Para que esta política tuviese adecuado cumplimiento, el tráfico fue encausado en flotas que se despachaban anualmente desde Sevilla y que debían llegar a Veracruz en México o a Portobelo en Panamá.

En relación a la economía interna del país, a medida que corría el siglo XVII la hacienda se iba consolidando como una unidad económica de múltiples facetas, al mismo tiempo que la encomienda desaparecía como sistema de trabajo e institución social. La conformación de la hacienda, proceso común en toda la América Española, correspondió en Chile a una etapa económica caracterizada por el interés en las faenas agropecuarias que sustituyeron a la explotación minera inicial. La tenencia de la tierra acrecentó su valor y la agricultura y la ganadería, antes labores secundarias y con pocas posibilidades de desarrollo, adquirieron significativa importancia. Este proceso se vio facilitado tanto por el despoblamiento español del sur del país, que obligó a la población colonizadora a establecerse en el fértil Valle Central, y a la profesionalización del ejército de Arauco, que liberó de sus responsabilidades militares a los potenciales agricultores españoles.

A la cabeza de la hacienda, aunque sin ligarse íntimamente a ella, estaba el hacendado, estanciero o patrón, gran señor heredero de las primeras mercedes de tierra; éstas se acrecentaban por medio de la compra o la ocupación efectiva de paños aledaños. La posesión de la tierra no sólo les entregó bienestar material, sino también poder político y prestigio social. El mayor de los terratenientes fue la Iglesia Católica, que a través de legados, dotes, compras o restituciones, logró formar verdaderos complejos económicos. Los jesuitas fueron los más importantes propietarios; sus haciendas constituyeron modelos de trabajo y organización y el nombre de la Compañía de Jesús apareció vinculado a las tierras de mejor rendimiento y calidad de Chile.

En el cuadro de la economía colonial, la hacienda llevó una existencia semiaislada. Constituyó un pequeño mundo, alejado de las ciudades y con escasos contactos con el exterior. Dentro de sus límites se producían alimentos y rústicos bienes artesanales que satisfacían las necesidades de sus habitantes. Los productos enviados a diferentes partes del país eran muy escasos, dada la similitud en la producción de las distintas regiones y el bajo nivel de consumo interno. El abastecimiento de las ciudades era cubierto sobradamente por las haciendas cercanas. Las dificultades del transporte eran un factor importante en la vida retraída de las haciendas. Para el desplazamiento de las pesadas y lentas carretas no había más camino que el de Santiago a Valparaíso, y algunos otros en la misma región central. En los distritos más alejados y menos frecuentados sólo el caballo y las recuas de mulas resultaban apropiados para los senderos y huellas marcadas por el tráfico constante.

La importancia de la hacienda como institución económica y social se comprende mejor si se tiene en cuenta que la gran masa de población del país, constituida ya en el siglo XVII por mestizos de base indígena, vivía en las áreas rurales. Habitaban ligados a la hacienda, y ésta constituía no solo el lugar de subsistencia, sino también el ámbito de la vida social y cultural. La hacienda ofrecía a su gente alimentación abundante y barata, además de los productos artesanales trabajados en su seno. Del mundo exterior, la hacienda recibía pocos productos; los de consumo más frecuente eran la yerba mate del Paraguay, el azúcar y el tabaco. Entre las especies manufacturadas difícilmente podrían mencionarse algunas más que las herramientas, algunos utensilios y el hierro, todo ello traído desde España y en pequeña cantidad.

Por su parte, durante el siglo XVII hubo diversos cambios en el sistema de trabajo, que se debieron más que a nuevas condiciones económicas, a fenómenos demográficos. Comienzan a entrar en crisis las formas de trabajo servil y se insinúan sistemas de trabajo libremente contratado. El descenso de la población indígena, precipitado en el siglo anterior como consecuencia de la conquista, dejó a ésta en niveles muy bajos, que lejos de estabilizarse continuaron descendiendo. Tan impresionante fue esta disminución, que al promediar la centuria era posible recorrer las riberas del Bío Bío sin escuchar la lengua mapuche. Consecuentemente, la encomienda siguió perdiendo importancia como forma de trabajo. Pocas eran las encomiendas que superaban los cincuenta hombres. Además, una nueva reglamentación otorgó a los indígenas la posibilidad de tributar directamente, sin la mediación del encomendero, pudiendo acumular la cantidad estipulada gracias a su propio trabajo, ya fuera en tareas agrícolas o mineras.

Para remediar esta situación, se trató de encontrar una solución en la esclavitud de hombres provenientes de África. Desde los primeros años de la colonización, los negros habían sido un elemento útil, pero muy escaso en su número. A medida que se acentuó la disminución de los aborígenes, cobraron mayor importancia y, a pesar de su alto valor, se procuró obtenerlos con mayor insistencia. Primero llegaron de Panamá y Lima, con todos los inconvenientes de aquella ruta que incidían en el precio, además del problemático paso a Chile. Posteriormente se practicó la vía de Buenos Aires, adonde llegaban conducidos por comerciantes portugueses. En las postrimerías del siglo XVI y las primeras décadas del XVII, el número de africanos llegó a ser significativo. En las haciendas se los empleaba como peones, y fueron los jesuitas quienes los poseyeron en mayor cantidad. A causa del desarraigo de los negros y la dificultad de mimetizarse en una sociedad extraña, el control sobre ellos se cumplía fácilmente y, por lo tanto, sin necesidad de una gran exigencia se obtenía de ellos un rendimiento superior al de los indios o mestizos contratados libremente. La gente estimaba que los negros eran más trabajadores, inteligentes y responsables, y por esta razón comúnmente se les entregaba alguna responsabilidad como mayordomos o capataces. Finalmente, se transformarían en objetos de lujo, símbolos de distinción utilizados por las familias más ricas en sus casas de la ciudad.

Una última forma de trabajo y explotación de la tierra apareció con la consolidación de la hacienda: el inquilinato. La necesidad de marcar los linderos de las grandes haciendas con una ocupación efectiva para evitar ambiguedades y disputas movió a algunos terratenientes a permitir que arrendatarios o inquilinos se instalasen en los terrenos alejados de sus predios. Se les señalaban tierras para cultivos y se les permitía mantener algún ganado. A cambio de estas concesiones debían pagar una renta, por lo general en productos, pero que más bien tenía un carácter simbólico, con el único propósito de evitar la prescripción del dominio sobre la tierra. También era común el deber de prestar servicios para la hacienda en épocas de rodeo, trilla y cosecha. Mediante esta nueva institución se lograban adaptar para el trabajo las tierras marginales de menor calidad y se suplían con suficientes brazos las faenas estacionales de la hacienda.

Los rubros más importantes de la producción se vinculaban al área agropecuaria. El cultivo de la tierra ocupaba reducidas superficies, dispersas y formadas por chacras y estancias cercanas a las ciudades. Como el mercado interno era muy pequeño, quedaba fácilmente satisfecho y, careciendo de importancia la exportación, no había un real incentivo para aumentar la producción. De esta manera, todas las faenas agrícolas se desenvolvían en forma primitiva. La enorme disponibilidad de tierras casi vírgenes, que rendían magníficamente, no exigía grandes esfuerzos de los hombres que las trabajaban, que no se ocupaban sino de las operaciones mínimas para lograr sus cosechas. La incorporación de nuevos terrenos de cultivo era casi imperceptible, los trabajos de regadío se limitaban al arreglo y construcción de alguna que otra acequia, no se usaban abonos y largos períodos de barbecho dejaban al suelo en reposo para su recuperación natural. La roturación se efectuaba con pesados arados de madera premunidos con una punta de acero, que sólo hendían superficialmente la tierra. La trilla se realizaba con yeguas de tamaño pequeño, y la separación del grano se realizaba aventando la paja con horquetas en días que soplase viento.

El trabajo de las viñas requería mayor cuidado. Había que podar y guiar las vides, desmalezar los terrenos y realizar la vendimia en tiempo oportuno. El valor del vino y del aguardiente, que eran motivo de un activo tráfico incluso hacia fuera del país, daba especial importancia a las viñas y sus rústicas instalaciones. Los árboles frutales, dispersos por todas partes, no merecían ninguna atención, dada su abundancia y el valor casi nulo de su producción. Solamente las frutas secas y el producto de los olivos y almendros ocasionaban trabajos especiales con fines comerciales. Las hortalizas, de precio también muy reducido, se producían en las chacras vecinas a las ciudades y en cualquier lugar del campo donde hubiese algún agrupamiento humano. La madera, que prestaba mucha utilidad en la construcción, se conseguía en los montes y cerros, aún provistos de boscaje natural. El único cultivo de carácter industrial era el cáñamo, que se efectuaba en los valles de La Ligua y Aconcagua, y permitía elaborar una cantidad más o menos apreciable de cordel y jarcia para el aparejo de las naves.

Mucho más importante que el cultivo de la tierra era la actividad ganadera, desarrollada notablemente a causa de las características económicas y de las condiciones naturales del país. Los ganados rústicos traídos por los conquistadores se adaptaron perfectamente al medio natural, acentuando aún más su rudeza por el semiabandono de su existencia. La economía colonial requería fundamentalmente del cuero y sebo de los vacunos, relegando a un segundo plano la producción de carne, de leche y de sus derivados. Por esta razón, no era necesario tener gran cuidado sobre el ganado ni había preocupación por sus características. Dejados en libertad durante nueve o diez meses, los rebaños vivían entregados a su suerte, buscando por sí mismos el pasto y el agua, soportando a la intemperie las inclemencias del tiempo y el ataque de depredadores como pumas y cóndores. Este tipo de ganadería, que bien pudiera llamarse semisilvestre, dio lugar a la formación de vacunos fuertes, de gruesas pezuñas y de piel dura y resistente, aunque magros y malos productores de leche.

Una o dos veces al año el hombre actuaba sobre el ganado. A fines de la primavera o comienzos del verano cada estancia organizaba su rodeo para bajar y conducir a los potreros a sus respectivas reses. Durante varios días grupos de huasos, peones e inquilinos recorrían las tierras cercanas, adentrándose por cerros y quebradas en busca de los animales. Grandes piños eran manejados por habilidad por los huasos, en una operación que tenía tanto de trabajo como de competencia deportiva, en la que el lucimiento del jinete y su cabalgadura era un elemento importante. En los potreros y canchas de la hacienda se procedía a separar el ganado, apartando las reses destinadas a la matanza, las que serían devueltas a la vida silvestre, las crías y las pertenecientes a otras estancias. Allí la habilidad de los huasos se empleaba a fondo, corriendo a los vacunos, atajándolos a empellones y haciéndolos entrar a sus respectivos corrales. La fiesta del rodeo comenzaba a surgir de la faena misma. Concluida esta etapa se iniciaba la matanza, que durante quince o veinte días empleaba a los huasos en el beneficio del ganado. Jinetes experimentados corrían a los animales para cortarles los tendones de las patas traseras con largas lanzas provistas de una punta afilada, provocando así la caída del animal, que pronto era rematado con un punzón en la nuca. Otros peones pasaban a descuerarlo y tender el cuero tensado entre estacas, para que se secase; la carne era cortada en lonjas, salada y puesta a secar sobre las ramadas, para formar el charqui; el sebo y las grasas eran apartados y fundidos en grandes fondos. Cada hacienda contaba con modestos talleres albergados en galpones o ranchos donde se realizaban algunas faenas: en unos se fabricaban velas y jabones; en otros, llamados tenerías, se curtían los cueros; y en algunos se prensaba el charqui o tasajo, para formar atados de carne seca. El trabajo del cuero para monturas y otros implementos similares también se realizaba en el interior de la hacienda.

Desde que en el siglo precedente se precipitó la decadencia de los lavaderos de oro, el país experimentó una caída en los medios de pago metálicos, que actuó como grave freno de la economía chilena. Se dificultaron las transacciones externas y la circulación interna. El trueque de bienes tomó sus formas más simples y en las regiones más apartadas tuvo un predominio absoluto. El pago en especies por los escasos servicios que entonces se prestaban llegó también a generalizarse. Con esos rasgos primitivos de la economía, no pudieron constituirse elementos más evolucionados del tipo de las compañías, los seguros, los préstamos de capital, etc., que hubieran permitido un desenvolvimiento más holgado. El crédito sólo tenía las formas simples del censo, especie de hipoteca sobre bienes inmuebles, y el crédito comercial que giraba sobre la entrega de mercancías bajo compromiso de pago de seis a doce meses de plazo. Ambos tipos tenían una significación económica reducida y el primero muchas veces era utilizado para conseguir fines de distinción social, como la construcción de grandes casonas o asignar magníficas dotes a las hijas casaderas. El establecimiento de capellanías y otras obras piadosas arrastraba no pocos capitales disponibles. Además, la escasa moneda que circulaba en el país era la que se acuñaba en el Perú, que pasaba en forma restringida a causa del sistema de relaciones comerciales existente. También llegaba a través del Real Situado del ejército, aunque en modesta proporción, pues sólo un tercio o algo más estaba compuesto de dinero. Los virreyes del Perú y los intereses que giraban a su alrededor procuraban evitar el paso de la moneda a Chile y, entre otros procedimientos, lograban que gran parte del Real Situado se invirtiese en el mismo virreinato en adquirir especies que se remitían al ejército de la Frontera.

La Sociedad Colonial

Durante la conquista se inició el largo proceso de formación de la sociedad colonial sobre la base de la población indígena sometida y la superposición de elementos llegados desde España. Los conquistadores conformaron un grupo privilegiado que disfrutó de las encomiendas, explotó los lavaderos de oro y la tierra y gozó de cargos públicos, dirigiendo en gran medida los destinos del país, sin otra limitación que las líneas trazadas por la Corona, las cuales fácilmente podían ser adaptadas o desvirtuadas. Descender de los primeros conquistadores constituyó un mérito especial, reconocido por el rey y respetado por la sociedad, que permitía obtener granjerías y recompensas. Tal mérito derivaba del magnífico servicio prestado a la Corona por los conquistadores al extender su soberanía a las nuevas tierras y del hecho de haber sido realizada esa tarea mediante el esfuerzo personal de aquellos.

La aristocracia de los conquistadores y sus descendientes estuvo lejos de gozar tranquilamente de su situación, porque los nuevos personajes que llegaban entraban a disputarle el terreno. Cada refuerzo aportaba capitanes deseosos de alcanzar cierto nivel; cada gobernador traía sus oficiales y hombres de confianza, entre quienes se distribuían los cargos y más de alguna encomienda y merced de tierra. De esta manera, el grupo se incrementó incesantemente, compartiendo y ampliando los beneficios económicos, la influencia y los honores. Concluida la conquista, la guerra de Arauco continuó siendo un medio de encumbramiento social. Los servicios prestados en ella distinguían a oficiales de nueva o antigua procedencia y les daban acceso a altas posiciones.

En la transmisión de la tierra, de las encomiendas y, en general, de la riqueza, jugaron un papel muy importante las mujeres, sobre todo en los comienzos. Debido a la alta mortalidad de los varones en la guerra, las viudas heredaban los bienes de sus esposos y constituían un atractivo especial para solteros. Que una mujer enviudara dos o tres veces era frecuente, y que se volviera a casar otras tantas, también. Estos fenómenos se traducían en constantes cambios en la posesión de la riqueza y, por ende, en la inestabilidad del grupo. El goce de las encomiendas se mantuvo dentro de las familias aristocráticas con algunas variaciones. De acuerdo con las disposiciones legales, la encomienda se entregaba por dos vidas, esto es, al beneficiario y a un sucesor, para volver después a disposición de la Corona y ser cedida de nuevo libremente a quien tuviese el mérito o las influencias necesarias. En la práctica, las encomiendas permanecían, por lo general, en las mismas familias, pero el sistema permitió a los gobernadores cambiar las encomiendas vacantes y favorecer a personas de su confianza o a quienes estimaban dignos de tal recompensa. A pesar de ello, como base de la riqueza familiar la encomienda no tiene la importancia que mantuvo durante el siglo XVI, y por ello, ya en el siglo XVII, el grupo conformado por los encomenderos perdió vigor como grupo de poder, dado que el declinar de la encomienda debe conjugarse con el desarrollo y afianzamiento de la hacienda, cumpliéndose de esa manera un cambio significativo que tendía a acentuar el carácter latifundista de la aristocracia y que, a través de los siglos, constituiría uno de sus atributos de mayor duración.

La aparición de gente nueva, que se incorporó a la aristocracia o tuvo intenciones de hacerlo, es otro rasgo distintivo del siglo XVII. Los nuevos grupos surgieron por el lento desarrollo económico y la vía de las funciones públicas. Las actividades ganaderas y agrícolas eran fuentes de recursos no sólo para los antiguos terratenientes, sino también para recién llegados o familias de vieja permanencia que hasta entonces habían desempeñado un papel menor. El aprovisionamiento de Perú y el tráfico de retorno elevaron la fortuna de algunos mercaderes. La elaboración de algunos productos en obrajes y talleres y la producción de vino y aguardiente, dieron regulares beneficios a grupos de agricultores, que además del trabajo de la tierra se aventuraban en algunas pequeñas empresas comerciales, sin que fuera posible por ello diferenciar entre agricultores y mercaderes. Asimismo, las diversas funciones del Estado dieron lugar a nuevas oportunidades en los cargos del cabildo, las milicias, la Real Audiencia y otras actividades. De esta manera, a los viejos apellidos de la conquista se agregaron otros nuevos, integrando el grupo superior que, en las últimas décadas del siglo, aparece claramente configurado.

Paralelamente a estas transformaciones se realizó un proceso de “criollización”, por el cual los hijos del país adquirieron importancia y terminaron por gravitar manifiestamente. En la primera época, el elemento peninsular español fue el más numeroso dentro de la aristocracia y el de mayor prestigio social, pero lentamente comenzó a ser igualado y suplantado por el grupo criollo, formado por descendientes blancos de los españoles. El proceso de suplantación, a pesar de su lentitud y falta de dramatismo, implicó el paso a manos de los criollos de las tierras, las casas de la ciudad y las encomiendas, transformándose este sector en el grupo propietario por excelencia. En cambio, los españoles iban quedando reducidos a los cargos burocráticos superiores y otras funciones de gobierno y administración, detentando un prestigio más bien oficial antes que efectivo. Como contrapartida, los criollos mantuvieron los cargos del cabildo y los emplearon para hacer oír su voz y defender sus intereses. No obstante esta primaria polarización, en general existió armonía en las relaciones entre criollos y peninsulares, como gente de una misma cultura y con clara conciencia de pertenecer a una misma clase social. Por ello, más que antagonismo, hubo estrecha colaboración.

Bajo el grupo aristocrático hubo un sector de situación desmedrada formado por gente que no alcanzó ventajas durante la conquista o que llegó posteriormente, cuando ya estaban repartidas tierras y encomiendas, sin poder ascender en la escala social. Lo componían los villanos venidos de España que ejercían oficios manuales, o sus descendientes, mayordomos o empleados de confianza, artesanos finos, escribientes, funcionarios menores o soldados. Eran de nacimiento español o criollos, y también solía haber mestizos, siempre y cuando no acusasen notoriamente sus rasgos indígenas. Esta capa social, con el paso de los años, por no decir de los siglos, tendió a separase en dos sectores: uno que se fundió en el mestizaje y quedó en los estratos más bajos; y otro que mantuvo su situación y se convirtió en un sector medio, lejano anticipo de las clases medias posteriores. Era un sector que se concentraba en las ciudades y que también se encontraba disperso en áreas rurales apartadas, cumpliendo funciones de responsabilidad en la administración de campos y haciendas. Estaba absolutamente subordinada a la aristocracia, carecía de voz propia, no poseía ningún tipo de representación ni dejó huellas significativas en la vida pública. En cuanto a cultura, sus integrantes malamente sabían leer o escribir.

La sociedad colonial estaba organizada en un rígido sistema que distribuía a la población en sectores claramente diferenciados y ordenados jerárquicamente. El orden social aparecía como una situación dada, natural y no sujeta a revisión. Cada familia, cada individuo, cumplía su ciclo vital dentro de su propio ámbito, sin inquietarse por traspasar los márgenes heredados y a sabiendas de que sus hijos tendrían la misma suerte. La escasa movilidad que pudiera observarse sólo se daba dentro de cada sector, nunca de un sector a otro. Este hecho aproximó a la sociedad colonial chilena a características estamentales. La pertenencia a un sector y el desenvolvimiento dentro de éste no sólo resultaban de las sutiles presiones sociales, espontáneas y no controladas, sino también de las normas sociales vigentes, que institucionalizaron las abruptas diferencias vigentes.

Los casos más nítidos y singulares eran el de los indios y el de los negros esclavos. Los primeros eran considerados menores de edad relativos y sujetos al régimen de encomiendas. Los segundos, considerados bienes, poseían muy escasos derechos. Menos dramático es el caso de los mestizos, por su condición de hombres libres, aunque de todas maneras el menosprecio de las personas de fisonomía blanca y una actitud discriminatoria los condenaban a un oscuro destino. Expulsados de los cargos públicos, del ejército o del sacerdocio, sus posibilidades de subsistencia se limitaban a la autogestión agrícola o el bandidaje. Este sistema discriminatorio no se puede entender sin tener en cuenta la importancia fundamental del factor racial, que justificaba en la victoria española en la Conquista la situación de postergación e inferioridad de indios y negros. La desidia, la miseria, los vicios y toda clase de tachas morales eran vistas como defectos inherentes a las razas negra e indígena, en contraste con la superioridad del elemento blanco. Esta valoración de la blancura actuaba poderosamente en la distribución de los individuos en la escala social. Aquellos que conservaban sus rasgos blancos estaban seguros de mantener su situación social, o incluso de mejorarla. En cambio, un mestizo o un mulato que acusasen notoriamente su sangre indígena o negra tenían vedado cualquier ascenso. Por otra parte, si un individuo de sangre mezclada tenía aspecto de español, podía albergar la esperanza de una mejor situación. El problema no era, así, la real procedencia étnica de una persona, sino su aspecto.

El último siglo colonial

Condiciones generales

En el transcurso de la época colonial, el siglo XVIII tiene características propias que le dan especial relieve y una fisonomía completamente distinta a la de las etapas anteriores. Los cambios que en él se revelan son las consecuencias de fenómenos internos y también de cambios más generales que embargan al mundo europeo y a España. La influencia del racionalismo y la política de despotismo ilustrado tuvieron una profunda repercusión en las mentes de la élite intelectual y se manifestaron también en medidas concretas. El cambio de dinastía en España y especialmente la labor reformista de Carlos III en la segunda mitad del siglo tuvieron hondo significado tanto en la metrópoli como en sus dominios coloniales. Por la muerte de Carlos II, el último Austria, ocurrida en 1700, fue llamado a España por disposición testamentaria del monarca difunto, después de una cruenta guerra de sucesión entre Borbones y Habsburgos, el príncipe francés Felipe de Angol, nieto de Luis XIV, que tomó posesión de la corona con el nombre de Felipe V. El gobierno de la dinastía Borbón significó para España, desde el comienzo, una nueva orientación de acuerdo a la política francesa. Desde luego, el poder de los reyes fue robustecido de acuerdo con el principio de que el poder lo entrega Dios al monarca, en contraposición a la concepción tradicional en España que indicaba que Dios le otorgaba el poder al pueblo y éste lo delegaba en la figura del rey.

Por otra parte, las tareas gubernativas fueron centralizadas, desaparecieron los antiguos validos y se crearon en su reemplazo nuevos ministerios, los cuales se encargaron a secretarios de Estado. La nueva dinastía trató también de gobernar los diferentes reinos como un todo nacional, pasando así de la concepción patrimonial de Estado, en la que cada territorio dependía separadamente del rey, a la de Estado Nacional. Asimismo, el reinado de Felipe V se caracterizó por sus esfuerzos de organizar más racionalmente a la Hacienda Pública y el cobro de los impuestos, modernizar el ejército, desarrollar la marina, las instalaciones portuarias y los arsenales, ampliar el comercio y proteger la producción. La tarea reformista emprendida por los Borbones tuvo un período de intensificación durante el reinado de Carlos III (1759-1788), en que la actuación de estadistas ilustrados como el conde de Aranda, Jovellanos y Floridablanca, por ejemplo, logró dar un impulso renovador a todas las actividades de España y sus colonias americanas. Así, el comercio dentro del imperio fue fomentado mediante medidas muy liberales y se le protegió de la influencia extranjera, con relativo éxito, debido a la existencia de contrabando y las derrotas españolas frente a sus rivales ingleses y holandeses.

La Economía en el siglo XVIII

El viejo sistema de las flotas y galeones que centralizaba el comercio entre España y América, se encontraba en decadencia y era insuficiente para atender el tráfico colonial. El volumen de carga era pequeño y transcurrían varios años entre la llegada de una y otra flota. En los comienzos del siglo, la Guerra de Sucesión desarticuló aún más el sistema y dio lugar a la penetración del contrabando francés e inglés. La navegación de las flotas no logró restablecerse y un audaz golpe militar dado por los ingleses terminó definitivamente con ellas. Este hecho obligó a la Corona a abrir la ruta del Cabo de Hornos y a autorizar la navegación directa entre España y las colonias del Pacífico Sudamericano. Las naves acogidas al nuevo sistema, llamadas registros del Cabo de Hornos, navegaban aisladamente y sin sujetarse a itinerarios rigurosos. Su influencia fue considerable en el comercio, puesto que el número de barcos que navegaban en el Pacífico fue relativamente alto y porque las mercancías podían llegar directamente, sin las dilaciones y recargos que implicaba la mediación de comerciantes limeños. Tanto o más importante que esta innovación fue la reforma llamada del “Comercio Libre entre España y las Indias”, hecha extensiva a Chile en 1778. Desde ese año concluyó el monopolio de un solo puerto en España, Sevilla primero y luego Cádiz, para quedar abiertos al tráfico americano casi todos los puertos peninsulares. Del mismo modo, se abrieron otros puertos en América, los más importantes los de Concepción y Valparaíso en Chile, que ya comenzaban a beneficiarse con los navíos de registro.

El comercio se intensificó así notoriamente y se acentuaron de forma espectacular algunos fenómenos que se venían experimentando desde comienzos de siglo. La afluencia de barcos aumentó considerablemente, bajaron los fletes y los seguros de mar. La oferta de mercaderías españolas y europeas llegó a constituir una verdadera avalancha que produjo la saturación del mercado. Inútilmente, los comerciantes españoles y criollos procuraban desplazar sus cargamentos a los territorios colindantes, pero en ellos se daba el mismo fenómeno de saturación de mercados. Esta oferta excesiva provocó un descenso de los precios inédito, y hubo ocasiones en que las mercaderías se vendieron al costo o aún a pérdida. Entre los comerciantes chilenos la situación llegó a ser angustiosa. En muchas ocasiones se encontraron con valiosos cargamentos depositados en sus tiendas y bodegas que no podían vender aunque rebajasen constantemente sus precios. De esta manera, todas sus operaciones se rodearon de la mayor inseguridad y las quiebras menudeaban de tiempo en tiempo. A pesar de lo anterior, se dieron importantes cambios en el comercio que se realizaba entre las colonias americanas. Desde el principio se había desarrollado un intercambio entre las diversas colonias de España que presentaban diferencias en sus tipos de producción. Ese tráfico había surgido de forma espontánea y el uso lo había legitimado sin que la legislación entrase a reglamentarlo en detalle. Solamente en algunos casos el gobierno prohibía el comercio, con el fin de cortar las vías de penetración del contrabando y principalmente para asegurar ciertas regiones a los productos venidos desde España. En Chile, el comercio intercolonial se realizaba casi exclusivamente con el Perú y el Río de la Plata.

De todos los productos de exportación, el más importante fue el del trigo. En torno a su comercio se desarrollo una larga pugna de intereses. En un comienzo, cuando la demanda peruana dejó a Chile con escaso aprovisionamiento de trigo e hizo subir el precio del cereal, el cabildo de Santiago restringió su exportación mientras no quedase asegurado el suministro local. Posteriormente, cuando la producción aumentó, procuró con el apoyo del gobernador defender a los hacendados, estableciendo en Valparaíso la venta centralizada y única por manos de un funcionario designado para tal efecto, quien debía vender a los navieros limeños a un precio determinado con anticipación. Estas medidas de carácter restrictivo provocaron reacción en Perú. Las autoridades, especialmente el virrey, pusieron en juego su poder para contrarrestar las medidas del cabildo santiaguino. Los comerciantes y armadores del virreinato no fueron ajenos a esa contraofensiva que les beneficiaría al dejar en libertad el tráfico de granos y permitir sus especulaciones: comprar barato en Chile y vender caro en Lima. Este contrapunto de intereses variados y complejos nunca tuvo una clara solución. Las medidas dispuestas de uno y otro lado se estrellaron contra la intención de la Corona de dar la mayor libertad al comercio de productos alimenticios, de manera que el juego de los grupos económicos se mantuvo hasta alcanzar relativa estabilidad a mediados del siglo.

Las variaciones experimentadas por el comercio produjeron un vuelco en la economía del país. En el transcurso de cien años, el semiaislamiento fue cediendo paulatinamente y se llegó a un sistema de variadas relaciones con la economía global. El cambio no podía ser más significativo: la vertiente externa del sistema económico empezaba a ampliarse con proyecciones insospechadas hacia el futuro, mientras la interna, recogida en sí misma, tendía a desintegrarse a consecuencia de la competencia exterior. El relativo proteccionismo que había rodeado a la economía chilena como efecto de su ubicación geográfica, del lugar marginal que le correspondía dentro de la estructura del Imperio y de la política monopolista de la Corona, desaparecía para siempre. La política liberalizadora del comercio dentro del Imperio, impuesta por la Corona a través de los años, no estaba inspirada en el propósito de beneficiar a los dominios, sino que perseguía como objetivo principal acentuar las ventajas económicas de España. Un comercio intenso con las colonias tendía a favorecer a la metrópoli. Es decir, el viejo esquema del mercantilismo, de vender caro y comprar barato, seguía siendo la base del trato comercial con las colonias, principalmente por el afán de concentrar y acumular la mayor cantidad posible de metales preciosos, ya no sólo por medio de la minería, sino también por medio de los pagos de importaciones realizados en metálico. Sin embargo, la política imperial de protección a la economía española no dio resultado, porque la industria peninsular no llegó a reactivarse de manera significativa, y en cambio dejó a las colonias sumidas en su carácter de proveedoras de metales preciosos y materias primas. Bajo estas condiciones, la dependencia de los centros industriales extranjeros sería, a la larga, fatal.

A pesar de este acelerado y profundo cambio comercial, en el siglo XVIII la mayor parte de la población continuaba ligada al trabajo de los campos. La escasa capacidad de la economía peruana para reponerse de los trastornos del siglo anterior mantuvo abierto el mercado peruano para el trigo chileno. Con ese estímulo, acrecentado por el paulatino aumento de la población chilena y peruana, se intensificaron las actividades en el campo, y el cultivo del cereal se convirtió en la principal labor rural, cuyo excedente constituía además la mayor fuente de riqueza agrícola. La necesidad de aumentar esta producción condujo a la utilización de tierras que hasta entonces habían tenido el carácter de marginales en las grandes haciendas. Al extenderse los cultivos, se desarrolló aún más el inquilinato, fenómeno social originado durante el siglo anterior. Sin embargo, el crecimiento de la agricultura cerealista no fue un fenómeno generalizado en todas las regiones aptas para tal cultivo, sino que se concentró en las zonas de Santiago y Concepción, por la cercanía de los puertos de salida, Valparaíso y Talcahuano.

La ganadería seguía siendo una fuente de riquezas por la utilización artesanal de algunos de sus productos, como los cueros y el sebo, que tenían numerosas aplicaciones. En cambio, la carne y la leche, por su abundancia y bajo precio, carecían de significado comercial; solamente el charqui y los quesos, por su mayor duración y la demanda de los distritos mineros, constituían ramos de algún valor. El ganado vacuno y el caballar predominaban desde el valle del Aconcagua hasta el río Bío Bío. En el Norte Chico dominaban los asnales y caprinos. La oveja aparecía en todas partes, pero aumentaba su importancia el sur. Lo mismo ocurría con el cerdo, que alcanzaba predominio en Valdivia, Osorno y Chiloé.

Con el poderoso estímulo del mayor comercio, las actividades mineras se intensificaron desde el Desierto de Atacama hasta las inmediaciones de Santiago y lograron una importancia desconocida hasta entonces. A pesar de ello, la minería continuó carente de grandes centros de explotación, prevaleciendo un carácter disperso y discontinuo. En algunas ocasiones se formaron zonas de especial atracción, donde se agrupaban las faenas y se concentraban poblaciones mineras. Así ocurrió en Copiapó, Huascos y San José de Maipo. Las faenas eran muy primitivas. Generalmente trabajaba un reducido número de peones dirigidos por un capataz, que en el seguimiento de las vetas se guiaba sólo por su intuición. También existía el pirquinero o minero solitario, que trabajaba por su cuenta alguna mina abandonada o algún filón que la suerte le hubiese deparado en su continuo vagar por cerros y quebradas. La explotación minera dependía de una especie de empresario llamado habilitador, quien contaba con el dinero y otros recursos indispensables para el trabajo de extracción. Proporcionaba a los peones las herramientas necesarias, vestuario, alimentación y aguardiente, a cambio de la entrega del mineral en bruto. Solía ser el dueño de un trapiche para moler el mineral y de pequeños hornos de fundición, cuya instalación demandaba algún capital. Era también quien se encargaba de comercializar los metales purificados. Evidentemente, era él mismo el mayor beneficiado. Las limitaciones de la explotación minera estuvieron dadas por la concentración de la actividad sólo en los metales preciosos, de acelerado agotamiento, así como en el retraso técnico y la ausencia de grandes inversiones que pudiesen haber revestido estas carencias.

Este mayor desenvolvimiento económico al cual hemos hecho mención, junto con la mayor holgura fiscal, permitieron la realización de algunas importantes obras públicas en el transcurso de las últimas décadas coloniales. Las vías de comunicación de la zona de Santiago recibieron algunas mejoras. El camino cordillerano a Mendoza, que debido a la nieves sólo era transitable en los meses de buen tiempo, fue dotado de algunas casuchas que ofrecieron amparo a arrieros y viajeros. Mayor importancia tuvo el arreglo del camino de Santiago a Valparaíso por la llamada ruta de las cuestas, de difícil trayecto, pero más corta que otras alternativas. La obra era de difícil ejecución por la falta de recursos y por los precarios medios utilizados en las faenas. El gobernador Ambrosio O’Higgins, gran propulsor de este tipo de trabajos, venció los obstáculos. Concluida la construcción, las recuas de mulas se demoraban tres o cuatro días en hacer el trayecto y las carretas de cuatro bueyes, entre nueve y diez días. A caballo se podía efectuar el viaje en dos jornadas.

Una obra de gran importancia para la ciudad de Santiago fue la construcción de los tajamares del río Mapocho y del Puente Cal y Canto. La ciudad vivía amenazada por las aguas del río y en algunas ocasiones las crecidas invernales afectaron a sectores de la población, destruyendo viviendas y chacras. Diversas obras de defensa no habían dado resultado hasta que finalmente se decidió levantar sólidos tajamares de albañilería. Un muro de cal y ladrillo de más de dos metros de espesor y con profundos cimientos se extendió a lo largo de 27 cuadras protegiendo enteramente a la ciudad. Por su parte, el puente de Cal y Canto, construido en la misma época que los tajamares, aseguró definitivamente la comunicación entre los barrios ubicados en ambas riberas del río.

La ciudad de Santiago se vio beneficiada, además, por varios edificios públicos destinados a oficinas administrativas. En el costado norte de la Plaza de Armas alzaron sus imponentes fachadas el edificio del Cabildo y el palacio de la Real Audiencia. Pero la obra más destacada por sus dimensiones y su refinada sobriedad fue la Casa de Moneda, debida al genio creador del arquitecto italiano Joaquín Tuesca. Fue el mayor edificio de su época. Su costo fue considerado excesivo para la finalidad a la que estaba destinado, que era la acuñación de monedas. Pero una vez concluido, fue el orgullo de la capital de Chile. La importancia de todo este conjunto de obras no fue muy acentuado en el orden económico. Espaciados los trabajos en largos períodos y realizados en forma discontinua, no se tradujeron en una activación notable de las faenas relacionadas con la construcción. Las oportunidades de trabajo que abrieron tampoco fueron significativas: las pocas centenas de hombres que emplearon no eran una porción significativa de la masa potencialmente laboriosa. En más de una ocasión se utilizaron presidiarios y los grupos de peones libremente contratados eran inestables y de breve regularidad laboral.

La Sociedad del siglo XVIII

Durante el siglo XVIII la sociedad chilena alcanzó perfiles bien diseñados que la caracterizarían hasta etapas muy posteriores. La estratificación, los matices raciales, la distribución de la riqueza, la jerarquía y el poder social, los rasgos de mentalidad de cada sector y sus estilos de vida, aparecen marcados, ya a finales del siglo, con un sello inconfundible. Uno de los principales cambios es el debilitamiento del esquema estamental que separaba drásticamente a los diversos sectores. No es que concluyan las divisiones, sino que se producen transformaciones dentro de ellas y se reducen las cortapisas hasta ese entonces inmutables. La decadencia de la encomienda es parte de este proceso, debido a la reducción de su importancia económica y a la gran cantidad de población de origen mestizo que había logrado generar. Junto a la encomienda, la esclavitud africana era una institución en decadencia. Las dificultades de la trata negrera, el alto precio de los esclavos y su utilización en pocos cargos de responsabilidad se tradujeron en una situación menos precaria para la población de color. Al mismo tiempo, la generación de grupos mulatos (mezcla de español y negro) y zambos (mezcla de indígena y negro) libres conmovieron las estructuras estamentales basadas en la simple división racial. Además, durante todo el siglo se desarrolló el acto de la manumisión, por lo que parte de la población de origen africano debía ser considerada libre.

La misma aristocracia, celosa de sus privilegios y orgullosa de su status, experimentó procesos de apertura que ya eran visibles el siglo anterior. Inmigrantes españoles que llegaron en modestas condiciones, agentes comerciales, extranjeros elevados por el fruto de sus trabajos y negocios, se relacionaron con las familias de más rancio abolengo y pasaron a ser integrados en el grupo dirigente. Esta aristocracia, en general, estaba compuesta de dos elementos: el español peninsular y el criollo, quien era descendiente de españoles, pero nacido en Chile. El primer elemento estaba sometido a una constante renovación de sus miembros, ya fuera por lo temporal de los cargos propios de la administración pública, ya por la naturaleza de las tareas comerciales, que se unían más a España y sus centros productivos que a los puertos desde los cuales se enviaban o recibían mercaderías. En este sentido, particular importancia alcanzó el grupo comerciante vasco, que rápidamente se vio integrado en los circuitos familiares y económicos de la élite más tradicional. Los criollos, por su parte, se caracterizaban por ser propietarios de vastas extensiones agrícolas, fuente principal de su riqueza, dado que la exportación de trigo a Perú logró valorizar la tierra y rendir importantes beneficios a través de un comercio estable. La propiedad de la tierra significó, a la larga, seguridad económica, prestigio social e influencia sobre los conjuntos de poblaciones campesinas. La caracterización de ambos elementos, peninsulares y criollos, no debe llevar a pensar que eran grupos irreconciliables. Lejos de ello, convivían pacíficamente, compenetrados en cuanto a ideales y cultura, sintiéndose parte de un ente superior, el Imperio, gobernado por un mismo rey, al cual todos eran leales. En un orden más doméstico había, sin embargo, tensiones derivadas de algunos privilegios peninsulares que resultaban inexplicables e injustificables para algunos sectores de la aristocracia criolla.

Durante la última centuria, la aristocracia acentuó su relieve y tomó una fuerte conciencia de su valer a medida que acrecentó su riqueza. Una de las formas en que se manifestó este proceso fue en la conformación de mayorazgos. Dicha institución consistía en el derecho del hijo mayor de heredar un conjunto de bienes muebles e inmuebles, que pasaban a ser dominio perpetuo de una familia bajo prohibición de enajenarlos. El fundador decidía qué bienes debería incluir el mayorazgo, tras lo cual tenía que obtener la autorización del rey, quien concedía dicho derecho tan sólo a las familias más prestigiosas y adineradas. Así, la aparición de los mayorazgos constituyó una manifestación del aumento de la riqueza privada y del afán de asegurar a las familias ricas ciertos bienes que consolidasen su posición. La aristocracia buscó además la distinción nobiliaria para aumentar su prestigio. Catorce títulos de nobleza fueron entregados por la Corona desde el siglo anterior a familias de reconocidos méritos y antecedentes, que debían verificar la realización de grandes servicios al rey, tanto por ellas mismas como por sus antepasados, así como mantener una conducta intachable y el pago de una fuerte suma de dinero. La posesión de este tipo de títulos no implicaba privilegios especiales, como no fuera el tratamiento deferente del que se hacían acreedores sus propietarios.

En lo que se refiere a los grupos intermedios, el paso de un siglo a otro hace que sean perceptibles algunas modificaciones que contribuyen a la clarificación de estos sectores. En general, los círculos de empleados, funcionarios menores y pequeños negociantes no muestran diferencias fundamentales y se mantenienen en una posición de esfuerzo, a la vez que de dependencia de la aristocracia. A diferencia de ellos, en la región central del país, los trabajos de la agricultura afianzaron la situación de arrendatarios, pequeños y medianos propietarios, que, amparados en el negocio del trigo, lograban reducidas fortunas que les permitían un buen pasar y una vida honorable que les rodeaba de la estimación de la localidad. Su existencia transcurría en medio de los trabajos y los pequeños negocios, con escasos contactos fuera de la comarca y esporádicas noticias de la capital. Las numerosas ciudades y villas fundadas durante el siglo pretendieron atraer a tales elementos con la calidad de vecinos. Así, se constituyeron las llamadas aristocracias provinciales, que distinguieron con sus construcciones y obras a villas como Talca, San Felipe o La Serena.

Otros grupos de similar categoría surgieron en la región del norte. La explotación de la escasa tierra agrícola de los valles regados aseguró cierta fortuna a algunos hacendados y permitió una discreta situación a dueños de predios más reducidos valorizados por la producción de vinos generosos, aguardientes y frutas, las cuales eran secadas y convertidas en dulces por la habilidad doméstica. El carácter distintivo de los grupos medios del norte provino, sin embargo, de la actividad minera. El desarrollo de ésta elevó las condiciones de vida de mineros, habilitadores, comerciantes y agricultores. Sin embargo, la mentalidad poco previsora del minero se puso en contra de una buena economía, lo que se tradujo en que las mayores ganancias quedaban en manos de intermediarios. El rescate o adquisición de pastas metálicas beneficiaba a algunos empresarios relacionados con la capital, el aprovisionamiento de mercaderías era operación segura de comerciantes vinculados a los puertos y a la región central, el transporte dejaba utilidad a los dueños de recuas de mulas, la acuñación en la Casa de Moneda y las ventas eran pingüe negocio de agentes y representantes, de manera que la riqueza no quedaba, en parte importante, en manos de los grupos regionales, acentuándose su carácter dependiente y de sector social intermedio. Por esta razón, los mineros no constituyeron jamás un sector importante, si se exceptúan unos pocos nombres de relieve.

La especial consideración con que el criollo miraba al español era la expresión de un sentimiento de inferioridad ante un hombre venido de fuera y realzado por los prejuicios raciales dominantes: esa actitud anímica y mental implicaba un antagonismo soterrado, que en las situaciones conflictivas de la vida colonial solía manifestarse por medio de diatribas de tono menor, aunque persistente, y reveladoras de una tensión que trascendiendo lo anecdótico reflejaba un fenómeno social de importancia. La actitud de los criollos no era sólo la expresión de un estado anímico, sino que se nutría de fermentos dejados por la situación de privilegios de los españoles. Siendo éstos originarios de la metrópoli y contando allí con influencias, obtenían así fácilmente los cargos públicos de las colonias, en cuyo desempeño no siempre brillaban por su eficiencia y honradez. La obtención de un puesto en América era visto como una buena oportunidad de hacer fortuna y, como la designación de las personas muchas veces se hacía para favorecer a algunos de los menos aptos para tales funciones, las sospechas de venalidad y corrupción tenían razón de ser. Es más, la venta de cargos públicos o su concesión a individuos que hacían algún generoso desembolso en favor de la Corona, como ocurrió con los gobernadores de comienzos de siglo, contribuía a crear una muy mala impresión sobre sus intereses personales. El problema se tornaba mayor ante la pugna existente en torno a la obtención de estos cargos.

La amplitud alcanzada por el grupo criollo y su realce dentro de la sociedad corrió a parejas con el deseo y la necesidad de ocupar puestos, especialmente en los niveles superiores. Estos propósitos, chocaban generalmente con la preferencia dada a los españoles, no obstante las declaraciones de la Corona de igualdad entre peninsulares y americanos y de que en caso de méritos similares fuesen preferidos los últimos. El asunto adquiría mayor complejidad por la política de conceder los cargos en lugares distintos al de origen de las personas, con el fin de lograr un desempeño sin interferencia de parentescos, amistades o intereses personales y, a la vez, de crear una administración sin distingos regionales, de acuerdo con la nueva concepción nacional del Estado, que tendía a considerar a los diversos territorios como una sola gran unidad política. Así, mientras castellanos, catalanes, mexicanos o peruanos eran designados en los cargos de Chile, los chilenos recibían nombramientos en las otras colonias y eventualmente en España. La verdadera dimensión del asunto viene dada, en todo caso, por otras circunstancias. En primer lugar, a pesar del nombramiento de criollos en diversos cargos, la proporción de españoles era grande y causaba resquemores. En segundo lugar, el cargo de gobernador estuvo invariablemente en manos de españoles, salvo en dos oportunidades accidentales, lo que hacía patente la desigualdad y desconfianza hacia el elemento criollo.

Esta última circunstancia significaba además la imposibilidad de participar de forma adecuada en el diseño de una política de desarrollo en favor del país tal como los criollos la entendían y de tomar las medidas concretas para solucionar los problemas que los afectaban. Participar efectivamente en el gobierno era una ambición legítima, dentro de la mayor fidelidad al rey, y que, como actitud mental, guardaba consonancia con el desenvolvimiento alcanzado por el país. Para la aristocracia criolla, el mando de la colonia era una necesidad perentoria, dados los elementos de riqueza, poder social y cultural que había alcanzado y que habían creado en ella la conciencia de grupo rector. Sus propias necesidades e intereses los veía confundidos con los del país. Las numerosas iniciativas de bien público llevadas a cabo por los criollos y sus repetidas comunicaciones dirigidas a los gobernadores y a la corte para reformar tal o cual materia eran la expresión de una voluntad de mando y de la existencia de una reflexión en favor del país. Este antagonismo, en todo caso, no tuvo connotaciones violentas en Chile a pesar de encontrarse latente bajo la superficie del diario vivir. Por esta razón, algunos contemporáneos hablaron de una convivencia idílica, expresión que no puede ser aceptada tan fácilmente. Los que así opinaban, con toda seguridad querían manifestar el contraste que ofrecía Chile con otras colonias, como México o el Alto Perú, lugares en donde los antagonismos derivaron muchas veces en sangrientas y prolongadas luchas entre bandos.

En el lenguaje de la época, el pueblo era el más alto grupo social, el único que tenía actuación pública. Las capas inferiores recibían el nombre de plebe o la connotación racial de castas, ambos términos cargados de una fuerte carga peyorativa por parte de la aristocracia. Por ello, el concepto de “bajo pueblo” debe englobar a todos los estratos inferiores como un gran sector, mayoritario, en el que los distingos raciales se van fundiendo hasta constituir un grupo de población más bien homogéneo. La existencia de este grupo humano característico no sólo fue el resultado de la intensa mezcla racial, sino también de un proceso cultural y de formas de vida compartidas durante siglos.

El campesinado constituyó la parte más numerosa del bajo pueblo; comprendía diversos tipos según las faenas que cumplían y el nivel que ocupaban dentro de un sector. Los inquilinos eran los más favorecidos por el hecho de contar con algunos bienes y animales, a pesar de que, por no ser propietarios del terreno en el cual vivían y trabajaban, se encontraban en una relación de fuerte dependencia con respecto al patrón. Por lo general mantenían relaciones familiares más o menos estables, no siempre legitimadas por la Iglesia, y marcadas por la pobreza y la precariedad de sus recursos. Los peones rurales, más numerosos que los inquilinos, apenas sí tenían otro bien fuera de lo que vestían y unos poquísimos utensilios. Solían vivir arrancados en las haciendas, sin constituir familias. Una parte importante de ellos llevaba una vida vagabunda, que era posible gracias a la facilidad con que se conseguía alimento y a las mil oportunidades de robar sin ser sorprendido o castigado. En las épocas de trabajo estacional, como durante la cosecha o la matanza, acudían a las haciendas a ofrecer sus brazos a cambio de un poco de alimento o dinero. La posesión de un caballo marcaba una diferencia fundamental entre la gente del campo. En un país donde la abundancia y la baratura de las cabalgaduras permitía a la gente modesta hacerse con un animal de regulares condiciones, solamente los más miserables tenían que moverse a pie. Tal es el origen del desdén del hombre de a caballo con respecto del que no poseía ninguno, y que se acentuaba por la diferencia de labores que desempeñaba cada uno. Los jinetes de mayor posición, como inquilinos y capataces, dueños de buena cabalgadura y que podían exhibir montura fina, riendas trabajadas y adornos en el apero, formaban la categoría de huasos, que gozaban de gran prestigio en el medio popular.

En la comarca minera, el bajo pueblo ofrecía diferencias respecto del campesino de la región central a causa del aislamiento geográfico y del tipo de economía que se configuró. Desde luego, la población era más reducida, y las actividades de la minería y la agricultura eran alternativas que mezclaban a campesinos y mineros cambiando a unos y otros hasta hacer del hombre del Norte Chico un ser sin oficio estable, que iba de una actividad a otra dependiendo de las condiciones climáticas o la suerte de descubrir algún filón precioso. La economía, con su ritmo alternado, imponía así a la sociedad tendencias desorganizadoras, por más que algunas gentes se mantuvieran en las faenas agrícolas y otras en las mineras. Además, el elemento más ligado a la minería era una población flotante, marginada del sistema social, dueña de características de sociabilidad diversas, ajenas a preceptos de ley, afectividad o familia más propias de individuos de habitación estable, ya fuera en las haciendas o en los pequeños centros de comercialización del mineral. La vida del pobre del Norte Chico sólo conoció el trabajo esporádico y la constante presión de las autoridades. El grupo popular reconocía diferencias sociales entre sí. De tal forma, capataces y mayordomos, como gente de confianza de los patrones, eran una especie de vínculo mirado no pocas veces con sospecha por el peón minero. Carreteros y apires, que trabajaban rompiendo el mineral en el socavón y sacándolo a la superficie, constituían la gente de mayor esfuerzo, que por su condición de asalariados tenían una relación más estable con las faenas mineras, en el marco de una inestabilidad general dada por el agotamiento y búsqueda de los filones, labor esta última llevada a cabo por los cateadores. Éstos recorrían solitarios, acompañados quizás por algún perro y un morral con algo de comida seca y aguardiente, las quebradas y arroyuelos con la necesidad y esperanza de encontrar algunos rastros de vetas minerales en la tierra. En esta búsqueda se topaban con los pirquineros, hombres igual de solitarios que ellos, que afanosamente se esforzaban en extraer mineral desde alguna minúscula mina, alejados de los centros poblados y con dependencia absoluta de los alimentos y materiales que proporcionaban, a cambio de gran parte del mineral recolectado, los habilitadores. Éstos recorrían los páramos semidesiertos del norte montados en mulas, manteniendo con pirquineros y cateadores un comercio a baja escala que se nutría principalmente del intercambio de mineral de plata por carne seca, explosivos, herramientas y licor. De esta manera, la población que ocupaba el territorio entre los ríos Copiapó y Aconcagua exhibía rasgos de miseria y desorganización que contrastaban con la riqueza entregada por la comarca a la economía del país.

El proceso de independencia

Sucesos inesperados vinieron a cambiar repentinamente la situación de las colonias españolas. En sus afanes de predominio europeo, Napoleón quiso someter a Portugal, país que se había negado a acatar el bloque continental decretado contra Inglaterra. La invasión de Portugal se efectuó a través de España, nación ligada hasta entonces a la política napoleónica. En pocos meses, los franceses lograron una sólida situación dentro de España y debido al desgobierno causado por la inepcia de Carlos IV y las intrigas cortesanas, Napoleón pudo consumar un golpe contra sus antiguos aliados. El descontento del pueblo español, manifestado en los motines de Aranjuez, en el año 1808, obligó al rey a abdicar el trono en la persona de su hijo, Fernando VII, que luego cayó en las redes del Emperador francés, quien en poco tiempo logró mediante la presión y un hábil juego con la familia real, que le fuese entregada la corona de España e Indias, mientras Fernando VII quedaba prisionero en Bayona. En su lugar, colocó a su hermano José Bonaparte. La indignación del pueblo español estalló violentamente y desde aquel momento comenzó una lucha, desordenada y tenaz, en contra de los franceses. Ante la acefalía del gobierno, en cada ciudad importante se formó una Junta de Gobierno que tomó el mando a nombre del rey cautivo. Se manifestaba así la teoría de legitimidad real que sustentaba que en ausencia del monarca el poder volvía al pueblo y éste designaba nuevas autoridades para que gobernasen en su nombre. Tiempo después, las Juntas locales delegaron la suma de la autoridad en una Junta Central que se instaló en Sevilla.

Las noticias de España provocaron en Chile gran indignación. Todos demostraron su lealtad al rey prisionero y se dispusieron a ayudar a la metrópoli de todas aquellas formas que fuera posible. Sin embargo, la prisión de Fernando VII, al dejar acéfalo el gobierno de España y América, planteó un difícil problema político que dividió las opiniones de españoles y criollos. Para los españoles, la Junta Central tenía autoridad no sólo para los territorios de la península, sino también sobre los de América y, por lo tanto, debía gobernar tal como el rey, cuya soberanía representaba. Los criollos, contrariamente, pensaban que los dominios americanos constituían reinos aparte, unidos a España solamente por la persona del rey. Al pensar así se basaban en una estricta interpretación jurídica, pues los dominios americanos no estaban vinculados ni a España ni al pueblo español, sino a la corona de Castilla, que a raíz del descubrimiento hecho por Colón había recibido del papa la soberanía sobre el nuevo continente. Por ello, en ausencia del monarca, los pueblos americanos no tenían por qué depender del pueblo español o de la Junta por él formada, sino que debían constituir un gobierno propio que mandase en nombre del rey. Esta diferencia de posiciones entre criollos y peninsulares fue motivo de una lucha de opiniones e influencias que se hizo poco a poco más profunda con mutuas sospechas y recriminaciones. Los criollos acusaban a los españoles de afrancesados, o sea, de querer entregar las colonias americanas a Napoleón, y también de carlotinos, atribuyéndoles planes para entregar el gobierno a la princesa Carlota Joaquina, hermana de Fernando VII y casada con el regente de la Corona Portuguesa exiliado en Brasil. Por su parte, los españoles acusaban a los criollos de falsos en su lealtad al rey cautivo y de desear la independencia.

Contribuía a aumentar la tensión el hecho de encontrarse como gobernador de Chile el brigadier Francisco Antonio García Carrasco, militar desprovisto de dotes políticas sobre quien recaían sospechas de los dos bandos. Su gobierno había sido una serie continua de escándalos y de roces con las más respetables instituciones coloniales, como la Real Audiencia, la Universidad de San Felipe y el Cabildo de Santiago. Los rumores de sedición que llegaban al palacio lo movieron a dictar medidas de vigilancia y represión que exacerbaron el ánimo de los criollos. La prisión de tres importantes vecinos de la capital y su remisión a Perú sin atenerse a procedimientos judiciales, colmó el descontento y precipitó la caída del gobernador. La misma Real Audiencia nombró en su lugar a un criollo, Mateo de Toro y Zambrano, conde de la Conquista, un rico e inofensivo octogenario que claramente representaba un perfil de consenso para la aristocracia.

Pero esta acción no podía canalizar el flujo de soluciones más radicales ni la presión del Cabildo de Santiago, que se había convertido en un vehículo de expresión de las ideas reformistas criollas. Se desarrolló un gran debate político, y en él se repitió que el pueblo español no tenía soberanía sobre América, que las Juntas españolas no tenían validez y que los funcionarios españoles no tenían credenciales. Se convocó un Cabildo abierto el 18 de Septiembre de 1810, el cual determinó la conformación de una Junta de Gobierno y los preparativos para la constitución de un congreso nacional. La Junta estaba compuesta de aristócratas tanto criollos como españoles, pero los primeros se adjudicaron cinco de los siete cargos, lo cual reflejaba un nuevo equilibrio de poder. Junto con ello, no era un organismo realmente radical, sino que manifestaba más bien una mezcla de tradición y reformas. Santiago seguía así el ejemplo de Buenos Aires. Y lo hizo en forma de un torrente de abierta lealtad a Fernando VII. Sin embargo, y en el marco de esta lealtad, los reformistas querían terminar con la opresión colonial y con las restricciones económicas y establecer una autonomía dentro de una armazón española; por ello, pedían un congreso y una constitución. Los revolucionarios iban más lejos: para ellos, la lealtad a Fernando VII no era más que una máscara tras la cual disimulaban su intención de acabar con el dominio español de cualquier forma, logrando así la independencia de Chile. La justificación de estas ideas era nada menos que una declaración de soberanía popular. El autor anónimo del Catecismo Político Cristiano, largo escrito en favor del gobierno republicano y de las instituciones independientes, mantenía que en caso de disolución del gobierno por causa de muerte o prisión del rey, la autoridad debía volver al pueblo, del cual había emanado, por lo que sólo éste, el pueblo, tenía derecho a fundar un nuevo gobierno.

En 1810 los revolucionarios eran una minoría. Futuros independentistas, como Juan Egaña y Manuel de Salas, no llevaban su posición a las últimas consecuencias. José Antonio de Rojas y Juan Martínez de Rozas dirigían a los que buscaban la efectiva emancipación. Además de ellos, quizás el menos equívoco de los revolucionarios era en esos instantes Bernardo O’Higgins, hijo de Ambrosio O’Higgins, un irlandés al servicio colonial español que, al nacer Bernardo en 1778, era intendente de Concepción, y posteriormente fue gobernador de Chile y virrey del Perú. Bernardo fue separado de su madre chilena y recibió la mayor parte de su educación en Inglaterra. Allí, en 1798, bajo la influencia del patriota venezolano Francisco de Miranda, se convirtió a la causa de la independencia. Volvió a Chile en 1802 para hacerse cargo de la hacienda que había heredado de su padre, supuestamente para vivir la vida de rico hacendado e influyente personaje de la aristocracia rural. Sin embargo, en 1810 se unió al partido de Martínez de Rozas en Concepción, formó una fuerza de milicias para la Junta recién constituida y se preparó para dejar el aislamiento de su hacienda. En 1811 fue nombrado diputado por Los Ángeles al Congreso Nacional en Santiago. Aquí, O’Higgins entró en la política revolucionaria con alguna reserva, pero al poco tiempo se hallaba convencido de que el movimiento iniciado en 1810 era una revolución y había que apoyarlo. De esa forma expresaba el punto de vista de algunos de los sectores comprometidos en el proceso, fundamentalmente aquellos naturales de las ciudades de Santiago y Concepción. Se planteó la pregunta de si era factible que esta minoría pudiese alentar a las mayorías, al menos logrando que los sectores reformistas se inclinaran hacia el bando independentista. El tema no era simple. En primer lugar, el dominio por parte de España significaba en la realidad el dominio por parte de Perú, que en las circunstancias de 1810 se convirtió de modo lógico en el bastión del poder español en Sudamérica. Chile no toleraba este hecho, menos aún cuando las relaciones entre ambas colonias, definidas por la subordinación, nunca fueron muy felices para los chilenos. En segundo lugar, los revolucionarios sin duda tenían razón, y los propios españoles lo demostraron con sus actitudes políticas hacía América: ningún gobierno español ofrecía la autonomía o un estatuto de igualdad; ni los liberales ni los absolutistas tenían otra política para América que la rendición incondicional a la autoridad imperial. De ese modo, no había sitio para el reformismo, y en los años que siguieron a 1810 los reformistas se arrojaron en brazos de los revolucionarios y ayudaron a conformar un más amplio grupo de patriotas.

Entre 1810 y 1814, Chile era una nación incipiente con gobierno e instituciones propias. Sin una declaración formal de independencia, se zafó del Imperio Español, se empeñó en una discusión política y abordó la búsqueda de un gobierno representativo, lo cual implicó, de algún modo, el adquirir hábitos propios de una nación independiente. Este proceso, denominado Patria Vieja, fue el que abrió el camino de la nacionalidad. La Junta de 1810 inauguró una serie de reformas liberales, tales como la apertura al libre comercio de todos los puertos del territorio, la abolición de la Real Audiencia, reconocida como un órgano realista contrario a la labor de la misma Junta, y la redacción de un Reglamento Constitucional, el de 1812, que en sus páginas declaraba que “ningún decreto promulgado por cualquier autoridad o tribunal fuera del territorio de Chile puede tener efecto alguno”. Ello implicaba una virtual, pero decidida, declaración de autonomía en relación a las estructuras de gobierno imperiales. Este progreso de la emancipación, sin embargo, no afectó a todos los sectores de la clase dominante del país, y sería un error considerar a la aristocracia criolla como un grupo unido o un partido de accionar común. El mismo O’Higgins identificaba tres sectores: los Godos, representados por los peninsulares y realistas criollos; los indiferentes, que ocupaban una posición de expectación y falta de compromiso, y los Patriotas, quienes eran partidarios de la independencia de Chile. Estas divisiones se hicieron oír con toda claridad en las sesiones del Congreso Nacional instalado el 4 de Julio de 1811. La asamblea estaba dominada por los sectores más conservadores, encabezados por la poderosa familia criolla de los Larraín, en tanto que los independentistas más decididos se ubicaban, en reducido numero, al cobijo de Juan Martínez de Rozas. Consecuente con esta conformación, el Congreso comenzó a detener los cambios políticos auspiciados por los patriotas. Ante ello, Martínez de Rozas y el grupo más radical se retiraron a Concepción, donde formaron una Junta provisional e intentaron mantener viva la idea de la emancipación.

Sin embargo, la reinstalación del ideal independentista no vendría desde aquella Junta provisional, alejada de Santiago, sino de la acción de José Miguel Carrera, un hombre de veintiséis años, veterano ya de las guerras en España. Carrera volvió a Chile convencido de que la hora de la independencia total de América ya había llegado, y nadie podía, a la larga, evitarla. Lo apoyaba en sus intenciones una influyente familia de terratenientes y militares que consideraba que Chile debía ser una nación independiente. Actuando sobre los hechos, Carrera comandó un golpe de Estado que logró cerrar el Congreso y enfrentar a todas las demás fracciones involucradas en la emancipación, inclusive al bando patriota encabezado por Martínez de Rozas, el cual fue deportado. Carrera respondía a la necesidad del momento de un liderazgo militar, en tanto que el proceso de emancipación no conseguía establecer instituciones robustas de conducción. Fue capaz de controlar y consolidar al ejército patriota, dándole la organización militar de la que carecía. Gozaba además de apoyo popular y, gracias a ello, la independencia consiguió un nuevo ímpetu político y nuevos reclutas. Sin embargo, era casi inevitable que un caudillo militar provocara facciones rivales entre la aristocracia, la cual vio en O’Higgins al líder pertinente para conducir un proceso más gradual y provisto de reglamentaciones constitucionales, más aún cuando se sospechaba la posibilidad de reacción por parte de las autoridades peninsulares.

A comienzos de 1813 el virrey de Perú estaba convencido de que los patriotas de Chile perseguían la independencia, pero no tenían un apoyo de masas. Por lo tanto, envió una pequeña fuerza militar bajo el mando del brigadier Antonio Pareja para aplastar a los insurgentes y obligarlos a capitular ante el gobierno español sin discusión. Los chilenos no eran fuertes militarmente, estaban debilitados por sus luchas intestinas y no poseían poder naval. Así, la expedición española pudo desembarcar en el sur, tomar Concepción y avanzar hacia el norte por el valle central, al tiempo que se le unían muchos simpatizantes chilenos y se iniciaba la guerra. Esta nueva realidad generó aún mayor oposición a Carrera, quien a pesar de contar con el poder político centralizado en su persona, era incapaz de detener el avance realista. Ante ello, la dirección del ejército patriota quedó en manos de O’Higgins, quien debió enfrentar una segunda y tercera invasión de refuerzos realistas, los cuales en definitiva lograron sitiar a las fuerzas independentistas en la ciudad de Rancagua, derrotándolas y obligando a huir al grueso de las tropas allende los Andes, hacia Mendoza, en tanto Mariano Osorio, comandante realista, entraba triunfal en Santiago.

Osorio desmanteló lo hecho por la Patria Vieja y restauró el estado de cosas antes de 1810. Pero no pudo restablecer la inocencia política de Chile. El período que va de 1810 a 1814 había sido un foro en el cual se dio un importante debate ideológico, y fue en esos años cuando la conciencia política de la clase dirigente se transformó. Teóricos como Juan Egaña y Camilo Henríquez elaboraron doctrinas liberales de soberanía popular, gobierno representativo, constitución escrita, derechos de libertad, seguridad, igualdad y propiedad. Y lo que los ideólogos de la independencia dejaron por hacer, lo completaron los españoles. Porque lo que siguió a la victoria de Rancagua no fue una política de reconciliación, sino de represión. Las campañas militares de 1813-1814, desafortunadas para los criollos en el corto plazo, sirvieron a la larga a la causa de la independencia al hacer más profunda la separación entre patriotas y realistas. Este fue el primer error de cálculo del virrey Abascal. El segundo fue la contrarrevolución. En 1815, Osorio fue sucedido como gobernador por Casimiro Marcó del Pont, quien inmediatamente impuso un reino de terror sobre el país acorralado. Los criollos eran llevados a rastras ante tribunales especiales para que demostraran su libertad. Los líderes independentistas fueron desterrados a la isla de Juan Fernández en tanto se les sucedían interminables juicios. Se confiscaron propiedades, se destruyeron casas, se impusieron préstamos forzosos. La indiscriminada represión, que cayó sobre los criollos de todas las tendencias políticas en ese momento, hizo que el dominio español fuera objeto de universal repulsa. La degradante experiencia del período 1814-1817 enajenó a la inmensa mayoría de los chilenos del dominio español y elevó al máximo el deseo de independencia. En los campos empezaron a operar bandas de guerrilleros, que se infiltraban en ciudades y pueblos y lograban motivar a un pueblo aún temeroso de las consecuencias de un accionar emancipador. Y, al otro lado de los Andes, se formaba un gran ejército de liberación.

En enero de 1814, el general San Martín fue nombrado, por el gobierno de las Provincias Unidas del Río de La Plata, comandante en jefe de las fuerzas del ejército del norte, derrotado en la campaña contra las tropas realistas en el Alto Perú. Enseguida empezó a trabajar en el mejoramiento de las defensas de Tucumán, tarea en la cual demostró aquella capacidad organizadora que sería la clave de sus éxitos militares. Fue entonces también cuando se convenció del absurdo que representaba la intención de derrotar a los españoles desde el Alto Perú, lugar alejado de las líneas de apoyo con que se contaba en Buenos Aires y sus alrededores. Por ello, se concentró en la provincia de Cuyo, en Mendoza, desde donde dirigió la creación del ejército de los Andes. Su estrategia se basaba en la tesis de que la revolución sudamericana no estaría segura hasta que el corazón del poder español en el Perú no fuera destruido; que la ruta septentrional a Perú estaba cerrada; y que la única manera de avanzar era realizando un gigantesco movimiento de flanco, a través de los Andes hacia Chile, para luego subir por el Océano Pacífico y así invadir las costas del Perú. Después del desastre de Rancagua, esta estrategia presuponía que había que liberar Chile, y en 1815 San Martín calculaba que sería necesaria una fuerza expedicionaria de al menos cuatro mil hombres. Estos planes coincidían con los intereses de los independentistas chilenos, comandados en la huida por O’Higgins. La consecución de la tarea tuvo como principal problema las finanzas, porque las Provincias Unidas no tenían siquiera ingresos suficientes para los gastos propios de una gestión de gobierno en sus territorios. Por ello, San Martín y sus colaboradores dirigieron el conjunto de la economía de Cuyo, zona rica desde un punto de vista agrícola, al esfuerzo continental de la guerra. Así, aumentaron la producción agrícola, pusieron en pie una industria de armas, reformaron la administración de los impuestos. Cuyo, en general, y Mendoza en particular, respondieron generosamente y, de modo gradual, el ejército de los Andes fue tomando cuerpo. Las tropas regulares procedentes del Río de la Plata fueron el núcleo de la fuerza, junto a los restos del ejército patriota chileno que se había instalado en Argentina, a los cuales se sumaban mil quinientos esclavos negros, que servían como pago de su futura libertad.

A finales de 1816 todo estaba listo: un ejército de cinco mil hombres, una vasta cantidad de equipos y abastecimientos, miles de mulas. El primer enemigo fue la enormidad de los Andes, monstruosa barrera que separa las llanuras argentinas de los valles chilenos, cruzada sólo por unos pocos pasos de difícil acceso y que bordeaban precipicios de altura entre los dos mil setecientos y los tres mil seiscientos metros, nunca antes atravesados por una fuerza de tal magnitud. La parte principal del ejército fue enviada a través de los pasos centrales de Los Patos y Uspallata, y otros pequeños destacamentos por las rutas del norte y del sur. Estas fuerzas realizaron una de las mayores hazañas de las guerras de la Independencia, tan sólo igualada por la marcha de Simón Bolivar hacia Boyacá, no tanto por su audacia o capacidad de resistencia, sino también por la sincronización que logró que cada ejército estuviera en el lugar adecuado en el momento justo. Una vez llegado a Chile, el ejército se reagrupó, penetró rápidamente en la región central hacia Santiago, derrotó a los realistas en las llanuras de Chacabuco y entró en la capital. Esta victoria fue indispensable, pero no decisiva. Mientras San Martín viajaba a Buenos Aires en busca de apoyo político, abastecimientos y navíos para la invasión de Perú, los realistas consiguieron reagruparse en el sur en torno a la base naval de Talcahuano, y la expedición dirigida por O’Higgins fracasó en su intento de tomarla. Bajo el mando del general Osorio, los realistas penetraron otra vez hacia el norte por el valle central, derrotaron a los patriotas en Cancha Rayada y amenazaron con recuperar Santiago. Con muy poco tiempo para actuar, San Martín consiguió apretadamente concentrar sus fuerzas y derrotar al ejército realista en la explanada del Maipo, victoria que, de algún modo, decidiría la libertad de toda América del Sur. Restos de resistencia realista quedarían por años en el sur, pero el objetivo de la autodeterminación política se había logrado, quedando O’Higgins como encargado de conducir el proceso. Chile entraba en su época independiente.

Bibliografía.

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VILLALOBOS, S. (et al.): Historia de Chile, Santiago de Chile: Editorial Universitaria, 1990.

Rene Salinas Meza y Marcos Fernández

Chile: Historia, Época colonial

Fuente: Britannica

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