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Definición de Gran Colombia

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 Entidad política organizada en 1819 por el libertador Simón Bolívar con la unión de Nueva Granada y Venezuela, pese a que la soberanía española se mantenía aún en Pasto, Panamá, Cartagena, Santa Marta y otras regiones. Persiguiendo su sueño de unidad continental, Bolívar logró que, en diciembre de aquel año, el Congreso de Angostura aprobara la ley fundamental que le daba vida, englobando ambos países y los territorios de la Audiencia de Quito, cada uno de los cuales formaría un departamento regido por un vicepresidente.

Antecedentes

El 23 de mayo de 1819, en Setenta, localidad de los Llanos orientales neogranadinos, un Consejo de Guerra integrado por doce de los principales generales de los ejércitos patriotas y presidido por el Libertador Simón Bolívar, decidió dar un vuelco sustancial a la hasta entonces estancada guerra emancipadora en el cono norte sudamericano. Se convino entonces trasladar el teatro de operaciones a los Andes neogranadinos y ocupar la capital del antiguo virreinato, Santafé de Bogotá. A comienzos de junio siguiente -época de torrenciales aguaceros e inundaciones generalizadas- un primer grueso del ejército patriota cruzó, durante ocho días, las interminables pampas de la frontera común, cuya retaguardia quedó custodiando en Apure el general José Antonio Páez. El 12 de junio, en Tame, al pie de la cordillera oriental, se produjo la concentración de los restos del ejército neogranadino. Cuatro mil hombres reorganizados en dos divisiones, de vanguardia y retaguardia, iniciaron el inesperado ascenso por la trocha de Morcote-Pisba.

A finales de junio, Santander tomó Paya tras derrotar a un destacamento de trescientos soldados españoles, victoria que no pudo evitar la desmoralización patriota -hubo muchísimas bajas debido a las drásticas condiciones climáticas de la época y la rudeza del recorrido-, campaña cuyo fracaso logró evitar un nuevo Consejo de Guerra sostenido en el Llano de Miguel. Esta heroica decisión no pudo evitar nuevas bajas y deserciones sucedidas a lo largo del ascenso del terrible ventisquero de Matarredonda o Pisba a comienzos de julio siguiente, que abrió el camino hasta Socha y el control del camino de Sogamoso a Chita, donde les esperaban -ignorando la invasión- casi cinco mil soldados y setecientos caballos de la Tercera División del ejército español, al mando del general José María Barreiro.

El día 11 de julio, la toma del puente de Gámeza significó el primer choque; una escaramuza que permitió a Bolívar, una semana después, tomar Belén y Cerinza y avanzar hasta Duitama, siempre sobre la orilla izquierda del río Sogamoso, asediando con ello el cuartel general español. Se recibieron entonces los refuerzos del contingente inglés al mando del coronel J. Rook, llamado indistintamente Legión Británica, el Albión o los Rifles Ingleses. El 25 de julio Bolívar cruzó el mencionado Sogamoso y enfrentó a Barreiro en el conocido sitio del Pantano de Vargas, sangriento combate desfavorable en un buen tramo para la causa patriota y cuya victoria final consagró el heroísmo de la caballería al mando del coronel Juan José Rondón, cuya intrépida acción recuerda la orden del Libertador: “¡general, Salve usted la Patria!”; acción que culminaron Santander, Anzoatégui y Rook; este último muerto en el combate junto a quinientos patriotas más.

Antes de continuar la persecución de Barreiro, Bolívar decretó la ley marcial en todas las provincias orientales, y ordenó el reclutamiento obligatorio. Tras una astuta maniobra, el 5 de agosto, el Libertador tomó Tunja, se apropió de un valioso arsenal y obligó al ejército español a tomar el camino de Cómbita-Motavita para defender Santafé de Bogotá, capital del virreinato. El 7 de agosto, desde el Alto de San Lázaro, Bolívar supo que el general español había preferido la ruta del Puente de Boyacá para acortar su repliegue, en cuyas colinas circundantes se apresuró a desplegar las tropas de Santander y Anzoátegui. Tras dos horas de enfrentamiento, ajeno a cualquier derroche estratégico, el general Santander decidió cruzar el mencionado puente tras derrotar a la Tercera División realista, cuya caballería escapó en dirección a Samacá buscando el cauce del río Magdalena, rumbo a Cartagena. Barreiro, su segundo, el coronel Francisco Jiménez, treinta y seis oficiales y mil seiscientos hombres más fueron hechos prisioneros. Al día siguiente Bolívar expidió el Decreto de la Victoria, en el que reconocía el mérito de los regimientos y oficiales más distinguidos. El día 9 empezó la marcha triunfal sobre Santafé, cuya noticia inesperada sobrecogió al Virrey, el mariscal Juan de Sámano, quien junto a los oidores de la Audiencia y otras autoridades españolas, en la madrugada del 10 de agosto, abandonó precipitadamente por el camino de Honda la capital, rumbo a Cartagena, dejando olvidado el cuantioso tesoro de la Casa de la Moneda. A la misma hora, el comandante de la capital, el brigadier Sebastián de la Calzada, luego de volar el polvorín El Aserrío y reunir los mil hombres de su guarnición, tomó el camino del sur rumbo a Popayán, con el ánimo de reforzar las bien defendidas plazas realistas de Pasto y Quito. En la tarde del 10 de agosto de 1819, Simón Bolívar, al frente de las tropas vencedoras, hizo su ingreso triunfal en Santafé, cuya atemorizada población terminó por engalanar improvisadamente la ciudad y tributar un alborotado recibimiento a las tropas patriotas. Tan sólo el 8 de septiembre siguiente se realizó un acto oficial que protocolizó su triunfo definitivo; fue una solemne ceremonia realizada en la Plaza Mayor, durante la cual la corona de laureles colocada sobre la cabeza del Libertador pasó por sus manos a las cabezas de Santander y Anzoátegui. Se repartieron medallas para los triunfadores con la inscripción “Bocayá”: de plata para los soldados, de oro para los oficiales y de piedras preciosas para Bolívar y sus tres generales vencedores.

El virrey Sámano y la Audiencia se emplazaron en Cartagena, desde donde trataron de intentar la reconquista del interior. Casi simultáneamente los coroneles patriotas Pedro Fortoul y Antonio Morales Galavís rendirían las plazas de Pamplona y el Socorro; a lo que siguió la toma de Antioquía por el coronel José María Córdova. Lo mismo hizo en el Chocó el coronel Juan María Gómez. Poco éxito tuvo Calzada en sus intentos para evitar el levantamiento del valle del Cauca; sus tropas fueron reducidas en San Juanito por el general Joaquín Ricaurte, así que Gómez tuvo que apresurar su repliegue sobre Pasto.

Conforme a su más íntimo proyecto -manifiesto desde la Carta de Jamaica- de imponer la unión de Venezuela y la Nueva Granada -cosa que sólo podría perfeccionarse una vez quedase libre la primera- durante los cuarenta días que permaneció en Bogotá, Bolívar optó por formar un gobierno provisional para el recién liberado virreinato, centrado básicamente en la organización de un nuevo poder judicial -tribunales de apelación y Corte Suprema de Justicia- y reorganización del personal y sistema de recaudación fiscal, cuyas rentas iniciales se engrosaron con los ochocientos mil duros abandonados por Sámano; además del producto de los bienes y rentas confiscados a los españoles y “realistas” huidos. Antes de regresar a concluir la guerra de Venezuela, y para asegurar la defensa de la frontera nororiental de Cúcuta -ahora amenazadas por el general Miguel de la Torre-, Bolívar despachó al general Carlos Soublette, así que salió de Bogotá el 18 de septiembre y dejó al general Santander como vicepresidente interino de la Nueva Granada, que pasó a llamarse Cundinamarca.

La descoordinación del mando militar y los inesperados sucesos propiciados en Angostura -sede del Ejecutivo y del Congreso- por los generales Juan Bautista Arismendi y Santiago Mariño en contra de Francisco Antonio Zea motivaron el regreso de Bolívar a la capital de la Guayana a mediados de diciembre. Restablecido el orden político y el mando militar, el Libertador precipitó la proclamación de la República de Colombia, y el Congreso decretó la “reunión” de la antigua Capitanía general de Venezuela y el seudo Estado libre de la Nueva Granada o Cundinamarca. La Ley Fundamental de la República de Colombia se aprobó el 17 de diciembre de 1819. Además de la unificación territorial decretada, ahora dividida en tres Departamentos -Venezuela, Cundinamarca y Quito-, se consolidaron las deudas públicas de ambos países; se eligió un Presidente -Bolívar- y un Vicepresidente -el antioqueño Francisco Antonio Zea, álter ego del Libertador desde la Expedición de los Cayos- y se convocó un primer Congreso Constituyente y Legislativo, que se reuniría el 1º de enero de 1821 en la Villa del Rosario, y que tendría en sus manos la ratificación de la Unión acordada y la organización definitiva de la nueva república, que hasta entonces seguiría gobernada interinamente por Bolívar y Zea.

Acto seguido, Bolívar decidió la misión del vicepresidente Zea en calidad de enviado especial y ministro plenipotenciario ante el gobierno de los Estados Unidos de América y las principales cortes europeas, llevando éste el encargo de negociar el reconocimiento de la nueva república y el arreglo de la abultada e impopular deuda venezolana y neogranadina en Inglaterra, en donde además debía gestionar un empréstito de hasta cinco millones de libras, con cuyo producto se esperaba adquirir el armamento y provisiones militares necesarios para concluir la guerra con España en Venezuela y el sur quiteño. El 12 de febrero de 1820, una Junta de Notables, reunidos por Santander en Santafé de Bogotá, adoptó por unanimidad la referida Ley Fundamental. A comienzos de marzo Bolívar estaba de regreso en esta ciudad, lo que coincidió con la noticia de la rebelión de los coroneles Rafael Riego y Antonio Quiroga y el restablecimiento constitucional en España, que trajo una supuesta voluntad reconciliadora con América, manifestada en la suspensión de toda iniciativa militar y la oferta de una inmediata negociación de paz con el “…general insurgente Bolívar…” En tanto tales tentativas pudieron concretarse, se repetían los enfrentamientos en toda Cundinamarca, enfrentamientos protagonizados por el general Sebastián de la Calzada, Basilio García, el coronel Warleta y el mismo virrey Sámano, del lado español; y por el lado patriota, los generales Manuel Valdés, Antonio José de Sucre, el coronel José María Córdova, el general Hermógenes Maza, el almirante Luis Brion, el coronel Mariano Montilla y el mismo Bolívar: Todas estas operaciones, si bien apenas lograron asegurar el statu quo de la frontera sur hasta Popayán, permitieron un nuevo sitio de Cartagena, la toma transitoria de Santa Marta y la ocupación de las tres provincias del eje Mérida-Aurare.

Las negociaciones de paz entre los comisionados de Bolívar y Pablo Morillo se iniciaron en Trujillo a comienzos de noviembre de 1820, el día 25 se firmaron dos solemnes tratados; un armisticio de seis meses y un tratado de regularización de la guerra. Dos días después tuvo lugar en Santa Ana el célebre “abrazo” entre Bolívar y Morillo. El 17 de diciembre, este último se embarcó rumbo a la Península y dejó en su lugar al brigadier general Miguel de la Torre. Por ambos pactos, la todavía pretendida República de Colombia fue reconocida de “hecho” por España, al admitir ésta su estatus de beligerante. Por el primer “tratado” se pactó el inicio de negociaciones de paz en Madrid, para lo que Colombia dispuso el envío de José Rafael Revenga, ministro de Relaciones Exteriores, y de Tiburcio Echeverría, gobernador civil de Bogotá, quienes llegaron a Madrid a comienzos de junio de 1821. Entre tanto, el enviado especial Zea, tras conseguir una rápida consolidación de la deuda británica de Venezuela y Nueva Granada, había propuesto al primer gobierno liberal español un Pacto de Confederación Hispánica, por el que España, una vez reconocida la independencia de los nuevos estados americanos -el primero de los cuales sería Colombia-, convendría en unirse a los mismos dentro de un nuevo y singular pacto confederal, propuesta que fue de inmediato rechazada. Una rebelión pro patriota de Maracaibo constituyó una manifiesta violación del armisticio, lo que hizo que Bolívar se viera obligado a denunciar, a finales de abril, el vigente Armisticio. Las hostilidades se reanudaron a comienzos de mayo siguiente, y precipitaron el fracaso de las negociaciones de paz en Madrid y la expulsión de la península de Revenga, Echeverría y Zea.

Superficie y población de la Unión Colombiana (c.1828)

Departamento Superficie Población Superficie km2 Población
(km2) (miles) (%) (%)

Apure 128.5 95.0 4.2% 4.0%
Orinoco 859.9 126.0 28.2% 5.3%
Venezuela 113.2 327.0 3.7% 13.6%
Zulia 75.4 121.0 2.5% 5.0%

Venezuela 1 176.9 669.0 38.5% 27.9%

Istmo 62.9 100.0 2.1% 4.2%
Boyacá 505.1 401.0 16.5% 16.7%
Cauca 138.8 149.0 4.5% 6.2%
Cundinamarca 198.4 391.0 6.5% 16.3%
Magdalena 138.3 177.0 4.5% 7.4%

Nueva Granada 1 043.5 1 218.0 34.2% 50.8%

Guayaquil 36.8 73.5 1.2% 3.1%
Ecuador 144.3 308.0 4.7% 12.9%
Azuay 651.9 128.0 21.4% 5.3%

Quito 832.9 509.5 27.3% 21.3%

TOTAL 3 053.4 2 396.5 100.0% 100.0%

Fuente: Atlas Histórico de Colombia. H:S. Tanner. London 1828

Por otro lado, y después de muchos y fracasados intentos, en mayo fue posible la reunión, sin el quórum exigido, del prometido Congreso Constitucional y Legislativo de la Villa del Rosario, encargo que Bolívar terminó declinando en el precursor neogranadino Antonio Nariño, que acababa de volver a Colombia tras su largo presidio en Cádiz. El 24 de junio siguiente, tras haber concentrado todas sus fuerzas -casi seis mil quinientos hombres- en San Carlos, Bolívar atacó las tropas españolas -seis mil hombres- al mando del general Miguel de la Torre en la llanura de Carabobo, cerca de Valencia. Tras una hábil maniobra de la caballería, al mando del general José Antonio Páez, el arrojo decidido de los contingentes ingleses y el socorro -a última hora- de los aguerridos llaneros del coronel Juan José Rondón, la batalla se decidió a favor colombiano. La independencia de Venezuela quedó entonces asegurada, no obstante permanecer algunas plazas -Puerto Cabello, La Guaira y Cumaná- en dominio español. Dos días después, Bolívar entró, una vez más, victorioso en Caracas. El 12 de julio siguiente, y como eco de la victoria colombiana, el Congreso de la Villa, después de varias escaramuzas entre federalistas y centralistas, ratificó por unanimidad la Ley Fundamental de Angostura que había instituido la Unión colombiana. El 5 de septiembre, después de haberse rechazado el singular proyecto preparado por el vicepresidente Nariño, el Congreso aprobó, con un solo voto en contra, la nueva y definitiva constitución. Ésta, que no había contado con la total simpatía de Bolívar, fue de corte rígidamente “republicano, unitario, centralista y presidencialista” y dividió el territorio en departamentos, cantones y parroquias, todos ellos determinados por ley. El sistema electoral, “representativo e indirecto”, delegó en las asambleas parroquiales, y éstas en las electorales, la designación del presidente, vicepresidente y diputados a la Cámara de Representantes y Senado de la república. Las tres ramas del poder político, que se proclamó como popular y representativo, estaban ejercidas por el ejecutivo -presidente, vicepresidente y Consejo de Gobierno a nivel central; intendentes a nivel de los siete departamentos finalmente creados; gobernadores en las provincias y jueces políticos en los cantones-; legislativo (Cámara y Senado) y judicial; éste conformado por una alta Corte Suprema de Justicia, Cortes Superiores para los tres departamentos judiciales -creados luego- y los juzgados inferiores. La libertad de imprenta, la abolición de la Inquisición, la “manumisión de pardos” -hijos de esclavos-, la exención del tributo indígena, el establecimiento de la contribución directa sobre rentas y patrimonios en general, la supresión de la Alcabala, la Sisa y el Estanco del aguardiente, la adopción de la bandera tricolor -en memoria de la usada por el precursor Francisco de Miranda en su invasión de 1806-, el primer estatuto de la educación nacional, un empréstito de tres millones de pesos, así como la conformación de una Comisión liquidadora de la abultada deuda conjunta de Venezuela y Nueva Granada fueron las principales medidas legislativas adoptadas por el aludido Congreso de la Villa del Rosario, equívocamente llamado Congreso de Cúcuta. Sin embargo, se perpetuaron el estanco del tabaco, la sal, la renta sobre el papel sellado y las tasas sobre naipes y juegos.

De Bogotá a Quito

El 7 de septiembre de 1820 el aludido Congreso eligió en propiedad a Bolívar y Santander, como los primeros presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, los cuales tomaron posesión de sus cargos el 3 de octubre siguiente. Dos días antes, tras un paciente asedio dirigido por el capitán de navío José Prudencio Padilla, comandante de la armada colombiana, y de tropas al mando del general Mariano Montilla, se logró la rendición final del puerto de Cartagena, ya evacuado por el gobernador Gabriel Torres a quien habían acompañado el depuesto virrey Juan de Sámano y los restos de la Audiencia santafereña. Todos buscaron refugio en Jamaica y luego en Puerto Rico. El 16 de octubre fue Cumaná la que se rindió y con ello la costa nororiental venezolana.

La anexión del Departamento del Sur continuaba incierta. En el Valle del Cauca el general Pedro León Torres mantenía con precariedad su posición, sin que las tropas colombianas lograran sobrepasar el temido tapón guerrillero de los patianos al mando del entonces coronel realista José María Obando; resistencia apoyada en el “fidelismo” extremo de los pastusos al rey de España. No obstante, gracias a la acción del corsario inglés Juan Illingworth, se había logrado la liberación de Buenaventura y Tumaco, dos importantes puertos del pacífico colombiano. Entre enero y febrero de 1821, el coronel Basilio García fracasó en la toma de Pasto -derrota de Genoy-, cuyo pueblo alborozado reafirmó su adhesión a Fernando VII, a lo que siguió un pronunciamiento similar en Babahoyo, lo que coincidió con la llegada a Guayaquil, proveniente de Buenaventura, del general colombiano Antonio José de Sucre y su ejército de avanzada de mil trescientos hombres.

Entre tanto, Pedro Ruiz Porras, gobernador de la provincia de Panamá -también lo había sido de Santa Marta-, que se había mantenido fiel a España, había instaurado la Constitución de Cádiz y enviado diputados a las Cortes del Trienio; la provincia había sido reconvertida en sede provincial del virreinato, a donde se trasladó el depuesto y fugitivo virrey Juan de Sámano, fallecido a comienzos de agosto de 1821. Juan de la Cruz Murgeón, nombrado por el gobierno constitucional, le sucedió como Jefe Superior Político y capitán general y pasó temporalmente por el Istmo con destino a Quito, donde estableció la sede provisional del Virreinato a la espera de la recaptura de Santafé. Su partida, no exenta de fastos y desmedro de tropas para la defensa de Venezuela y Panamá, alentó la insurrección patriota, debido a lo cual los días 13 y 28 de noviembre de 1821 tuvieron lugar los primeros pronunciamientos populares -Cabildos abiertos- de independencia y anexión a Colombia por parte de la Villa de Los Santos y Panamá, respectivamente. Papel relevante correspondió al coronel José Fábregas, al obispo Durán y a ciertos miembros del capítulo diocesano, aunque el auténtico gestor y líder popular del movimiento anexionista fue José Villarino. Un pronunciamiento similar se produjo el 1º de diciembre siguiente en Veraguas; poco después, las tropas y oficiales españoles fueron embarcados rumbo a La Habana, mientras quedaba al mando de la situación el coronel Fábregas. Días después llegaron a Panamá los comisionados de Bolívar, el coronel edecán Daniel F. O’Leary y el general Mariano Montilla, acompañados del batallón Alto Magdalena, al mando del coronel Hermógenes Maza.

Para entonces la suerte del sur continuaba siendo incierta. El enviado colombiano Antonio José de Sucre, quien coincidió a su llegada a Guayaquil con el enviado del general José de San Martín, Tomás Guido, vio inicialmente frustrada su misión de obtener la adhesión a Colombia de la provincia de Guayaquil, que acaba de declarar su independencia el 15 de mayo de 1821. Apoyado en el contingente de mil trescientos colombianos que había llevado, y pese a la traición del coronel Nicolás López, Sucre intentó la toma de Quito. Para ello logró un primer triunfo en Yaguachi -a mediados de agosto de 1821- a lo que siguió su derrota en Guachi -12 de septiembre-. Gracias a los refuerzos levantados sobre la marcha por el coronel Antonio Morales enviados desde Guayaquil, más el nuevo batallón Paya de quinientos colombianos, Sucre pudo evitar la retoma realista de Guayaquil, si bien se vio obligado a pactar en Babahoyo con el coronel Carlos Tolrá un armisticio de veinte días.

El nuevo pronunciamiento pro colombiano del Cabildo de Pueblo Viejo, frustró la labor de los comisionados peruanos que, entre tanto, propiciaban la anexión de Guayaquil al Perú. Sin embargo, el capitán general De la Cruz Murgeón logró instalarse en Quito haciendo gala, al menos en principio, de una actitud conciliadora y pactista. Animado con los refuerzos peruanos al mando del coronel Andrés de Santa Cruz, entre enero y mayo de 1822, Sucre ocupó y liberó las provincias de Loja y Cuenca, al tiempo que ocupaba Riobamba, Ambato y Latacunga, lo que coincidió con la inesperada muerte en Quito del citado De la Cruz Murgeón, quien fue sucedido por Aymerich. A partir de este momento Sucre afrontó la toma de Quito. El 24 de mayo, reforzado con nuevos contingentes rioplatenses, en las laderas del volcán Pichincha se produjo la batalla que definió, a favor de las armas colombianas, la liberación de la antigua Presidencia de Quito y en la que se consagró el valor del coronel neogranadino José María Córdova. Al día siguiente Aymerich capituló ante Sucre, tras un honroso y generoso tratado que concluyó con la entrega de un cuantioso arsenal de armamentos, equipos y municiones a favor de Colombia.

El 13 de diciembre anterior, Bolívar había salido de Bogotá rumbo al Sur; mientras quedaba encargado del poder ejecutivo el vicepresidente Francisco de Paula Santander. El día 1 de enero en Cali asumió el mando del ejército que le acompañaría a completar la integración de Colombia -y, sin saberlo aún, la liberación final del Perú. Por las mismas fechas salió de Bogotá Joaquín Mosquera en calidad de enviado y plenipotenciario colombiano ante los gobiernos de Perú, Chile y Buenos Aires, con instrucciones para la firma de sendos tratados de alianza y federación, como la convocatoria de un gran Congreso americano y futura liga de naciones del Continente. Iguales instrucciones se dieron luego a Miguel de Santamaría, enviado colombiano ante los gobiernos de México y Centro América. A comienzos de marzo, el presidente norteamericano James Monroe comunicó al Congreso la decisión de su gobierno para proceder a reconocer próximamente varios de los nuevos Estados sudamericanos. A mediados del mismo mes, luego de lograr la adhesión del coronel Tomás C. de Mosquera, Bolívar inició el asedio de Pasto, fuertemente defendido por Aymerich y Basilio García. El 7 de abril derrotó a éste en Bomboná, triunfo que el Libertador no alcanzó a redondear por el acoso guerrillero realista.

El 8 de abril, desde París, ya fracasadas las negociaciones de paz en Madrid, el plenipotenciario colombiano Francisco Antonio Zea lanzó a las potencias europeas su famosa “Nota” o “Circular” en la que amenazaba con un inmediato “embargo” colombiano en contra de las naves y mercancías de aquellos países que no reconociesen de inmediato la independencia de Colombia.

Bolívar, luego que la inesperada muerte del capitán general De la Cruz Murgeón hubiera frustrado una premeditada trama que debía sembrar la desmoralización general en el mando militar realista -en ella se anunciaba privada y públicamente un supuesto e inmediato reconocimiento de Colombia por parte de España- logró la capitulación del coronel B. García y pudo entrar victorioso en Pasto. Consumada la victoria de Sucre en Pichincha, Bolívar realizó una triunfante marcha desde Tulcán a Quito, donde entró el 16 de junio siguiente; esto se repitió el 11 de julio en Guayaquil, donde fue igualmente aclamado. Uno y otro acto fueron de inmediato ratificados en Juntas patriotas que declararon su adhesión a Colombia y reconocieron el mando supremo del presidente Bolívar. El 19 de junio anterior, James Monroe recibió formalmente a Manuel Torres como encargado de negocios de Colombia, con lo cual se protocolizaba el reconocimiento del primer nuevo estado sudamericano por parte de una tercera potencia.

Por otra parte, el general San Martín, haciéndose eco de las pretensiones peruanas sobre las provincias de Guayaquil, Jaén y Mainas, se presentó intempestivamente en Guayaquil. Al día siguiente Bolívar se entrevistó con él a bordo de la goleta “Macedonia”. Tras dos días de intensas y reservadísimas conversaciones, la “entrevista” concluyó con uno de los mayores éxitos diplomáticos de Bolívar. Sin que hayan trascendido todas las intimidades del caso, San Martín renunció a toda pretensión sobres las mencionadas provincias y en particular sobre Guayaquil; por su parte, Bolívar garantizó el apoyo personal y de los ejércitos colombianos a la conclusión de la guerra emancipadora de Perú, país para el que se optaría por un gobierno republicano, antes que monárquico, como era la predilección del Protector. Anunció igualmente San Martín que se retiraría inmediatamente de Perú y se establecería en su ciudad natal de Mendoza, todo lo cual hizo días después. El 21 de octubre siguiente, J. J. Mosquera suscribió con el gobierno de Chile un tratado similar al suscrito con el Perú de Alianza y Federación.

Consumada la integración de Quito y Guayaquil a Colombia, sólo restaba desalojar de Venezuela al general Francisco Tomás Morales -sucesor desde agosto de 1822 del general Miguel de la Torre- fortificado en Puerto Cabello, que junto a la vecina Coro representaban las únicas plazas realistas que quedaban en territorio colombiano, a las que sumaban algunas partidas guerrilleras que pretendían la reconquista del interior venezolano. A comienzos de septiembre, Morales logró retomar Maracaibo y amenazó Cúcuta a comienzos de 1823. Por su parte, el coronel José Prudencio Padilla al mando de la flota colombiana, tras un largo asedio iniciado el 8 de mayo, logró recuperar Maracaibo -24 de julio de 1823- tras derrotar a la escuadra del capitán de navío español Ángel Laborde, quien se refugió en Puerto Cabello; acción a la que había precedido la toma de Coro. Puerto Cabello fue capturada por el general José Antonio Páez, el 8 de noviembre de 1823, momento en el que fue derrotado el último de los generales españoles realistas en territorio colombiano, Manuel de la Calzada. Después de trece años de cruenta guerra emancipadora, las antiguas Capitanía general de Venezuela, el Virreinato de la Nueva Granada y la Presidencia de Quito quedaban independizadas de España.

De Quito a Lima y Chuquisaca

El mismo día de la marcha del Protector San Martín, Bolívar dispuso el apresto de la primera expedición colombiana de auxilio al Perú al mando del general Juan Paz del Castillo, quien debió regresar a Guayaquil en enero de 1823. El 21 de septiembre, San Martín renunció ante el Congreso peruano; pero el 28 de octubre Pasto volvió proclamarse a favor del Rey de España y se rearmó con un ejército rebelde de mil ochocientos hombres. No obstante el regreso y retoma de Pasto por Bolívar -quien castigó ejemplarmente a los insurgentes-, el aguerrido jefe indígena José Agustín Agualongo y su instigador, Estanislao Merchacano, montaron una nueva sublevación, aunque fueron finalmente vencidos el 18 de julio de 1823. Agualongo fue preso y luego ejecutado a comienzos de 1824 por orden del general Juan José Flores, con lo que se concluía así la guerra emancipadora en el sur colombiano.

Tras el golpe del general Andrés de Santa Cruz en el Perú, y requerido por el Congreso de dicho país, el 18 de marzo de 1824 Bolívar dispuso el envío de la segunda expedición militar colombiana al mando del general Manuel Valdés. En mayo siguiente eran seis mil los soldados colombianos despachados al Perú; nuevamente correspondió al general Antonio José de Sucre ser el adelantado del Libertador ante el presidente José Mariano de la Riva Agüero. Ante los desastres sufridos en el Sur peruano por las tropas al mando de Santa Cruz, y después de un tercer y angustiado llamado del Congreso peruano, Bolívar, tras de recibir el permiso del congreso colombiano, decidió embarcarse para el Perú. Llegó al puerto de El Callao el 1 de septiembre de 1823, y al día siguiente fue recibido triunfalmente en la capital del antiguo virreinato peruano, en cuya sierra le esperaba un bien fortificado ejército realista de más de veinte mil hombres.

Ente tanto, el 3 de octubre de 1823, Miguel de Santa María suscribió con Lucas Alamán, ministro de Relaciones Exteriores de la nueva república mexicana, un tratado de Unión, Liga y Federación, en el que se incluía el compromiso de convocar un congreso continental americano que se reuniría en el istmo de Panamá. En los primeros días de diciembre de 1823 llegó a Bogotá Richard Anderson, primer ministro plenipotenciario de los Estados Unidos de América; quien de inmediato se abocó con el ministro de Relaciones Exteriores colombiano, Pedro Gual, el estudio y firma del primer tratado bilateral. A primeros de marzo de 1824, llegaron a Bogotá J. Porter y P. Campbell, comisionados y observadores del gobierno inglés. A comienzos de septiembre, Ignacio Sánchez de Tejada llegó a Roma como enviado y ministro plenipotenciario de Colombia ante León XII, con el encargo de negociar un concordato con la Santa Sede que subrogase en el gobierno de Bogotá todos los derechos y privilegios españoles del denominado Patronato regio, lo que de entrada logró evitar el embajador español. El 3 de octubre, P. Gual y R. Anderson suscribieron en Bogotá un tratado de Paz, Amistad y Negociación entre Colombia y Estados Unidos, el primero en ser suscrito por un nuevo gobierno hispanoamericano.

A primeros de diciembre, desde Lima, Bolívar instruyó al vicepresidente Santander sobre los términos y objetivos que debían guiar la convocatoria por Colombia del primer gran congreso continental en Panamá. Acosado por la predominancia y eventual hegemonía norteamericana en Hispanoamérica, el 31 de diciembre de 1824, el primer ministro inglés George Canning, a través de sus embajadores, comunicó a España y a sus aliados continentales, Austria Francia, Prusia y Rusia, la decisión de su monarca de reconocer los gobiernos de Colombia, México y Buenos Aires y, consecuentemente, la celebración con ellos de los primeros tratados de amistad, comercio y navegación. El 3 de febrero de 1825, Jorge IV anunció oficialmente ante el Parlamento esta decisión.

Consumada por Bolívar y Sucre la derrota definitiva de las tropas españolas en Sudamérica a raíz de la Batalla de Ayacucho (9 de diciembre de 1824), a comienzos de 1825, de entre todos los nuevos estados americanos, Colombia, victoriosa en los campos de batalla y reconocida por los Estados Unidos e Inglaterra, conformaba el más poderoso y prometedor porvenir político y económico. Su Presidente-Libertador, apoyado por un poderoso ejército de casi quince mil hombres -mayor en ese momento que el norteamericano- gobernaba, directa o indirectamente, desde el Orinoco hasta la última frontera sudamericana y era poder colindante en el norte con México, y en el sur con Brasil, Paraguay, Río de la Plata y Chile.

Afianzado en dicho poder, y con el pretexto de anular toda eventual reconquista española desde La Habana y Puerto Rico, entre 1823 y 1826 Bolívar alardeó varias veces, en unión con México, con realizar una expedición sobre ambas islas para emanciparlas y en algún momento anexionarse dichas posesiones. Tales proyectos, que fueron coetáneos con la fugaz declaratoria del Santo Domingo español para anexarse Colombia, además de haber llenado de falsas expectativas al primer “exilio” cubano, propiciaron por parte de Estados Unidos, Inglaterra y Francia una larga y audaz lucha diplomática en contra de tales pretensiones colombo-mexicanas, cuyo resultado final fue la garantía, por parte de las aludidas potencias y por setenta y dos años más, del dominio español. Sin embargo no todo fue claro, ni prometedor, en el interior de la naciente Unión colombiana. El 19 de abril de 1823 se reunió en Bogotá, capital provisional, el primer congreso legislativo. Los informes del Ejecutivo -vicepresidente en ejercicio y secretarios de Estado- dejaron claro lo difícil que había sido empezar a implementar una forma de gobierno central y unitario para pueblos tan diferentes.

La ruina fiscal padecida por el gobierno central era apenas una réplica general de la pobreza y desolación que había dejado tan larga guerra emancipadora, incrementada por el sostenimiento del ejército colombiano en el sur, primero en Quito y Guayaquil, y luego en Perú. Por su parte, la implantación de la llamada “contribución directa”, a más de resistida en buena parte de los Departamentos, terminó siendo derogada por el Congreso, sin que las nuevas fuentes de ingresos produjeran siquiera para el sostenimiento oportuno del gobierno central. La huida de capitales, comerciantes y mineros españoles no lograba ser sustituida por nuevos emprendimientos “criollos”. A su vez, la tremenda carga que significó el arreglo de la deuda consolidada de Colombia en Inglaterra, pactada por Zea en agosto de 1820, así como los altos costes inherentes y obligados al primer crédito contratado por éste en París en junio de 1822, poco o nada contribuyeron a solventar las necesidades fiscales colombianas.

Con todo, fueron múltiples las iniciativas aprobadas durante esta primera legislatura, particularmente orientadas a estimular la inversión y la inmigración externas: a la vez que se concedieron privilegios exclusivos para la navegación de los ríos Magdalena y Orinoco, se reglamentó la pesca de perlas y se promovió la colonización de baldíos y la naturalización de extranjeros. Paralelamente se aprobó un ambicioso plan de promoción de la enseñanza básica y se autorizó la creación de escuelas de minas y matemáticas y del primer Museo Nacional. No obstante, la no aprobación por el Congreso de los arreglos y empréstito contratados por Francisco Antonio Zea, quien había fallecido en Inglaterra a finales de noviembre de 1822, significó un fulminante efecto negativo del crédito, reputación y valor de los vales de la deuda externa colombiana, no sólo en el mercado europeo, sino incluso norteamericano.

Por otra parte, la nueva persecución que del precursor Antonio Nariño hicieron sus antiguos enemigos, la defensa que éste se vio obligado a hacer ante el Senado y el abierto enfrentamiento que sostuvo en la prensa capitalina contra el vicepresidente Santander debido a la forma en que éste encaraba el gobierno de la república empezó por resquebrajar la unidad y cohesión política que el país requería, tal y como quedó de manifiesto nada más inaugurarse la legislatura de 1824. En esta ocasión, se abolió de forma definitiva el régimen colonial de los “mayorazgos”, al tiempo que se reestructuró la original división “departamental” consecuente con la adhesión de Panamá y provincias del sur, que quedaron aumentadas a doce. También se reorganizó la hacienda general, se reglamentó el servicio exterior del país y se avanzó en la regulación de la inmensa deuda interna y externa.

No obstante, ante los temores de una nueva invasión española, ahora desde Cuba y Puerto Rico, y la inconclusa guerra del Perú, el Ejecutivo decidió elevar hasta cincuenta mil el total de efectivos colombianos. La suspensión por el congreso -en tanto el Libertador permaneciese fuera del territorio nacional- de las facultades extraordinarias que en octubre de 1821 habían sido concedidas a Bolívar, creó un primer factor de resentimiento entre el presidente y el vicepresidente en ejercicio. Al anterior panorama poco ayudó el fracaso de las subsiguientes misiones a Europa de José Rafael Revenga y Manuel José Hurtado, incapaces ambos de levantar y ampliar en Inglaterra el maltrecho crédito colombiano, que lograron ajustar luego los nuevos enviados, Manuel Antonio Arrubla y Francisco Montoya.

Más optimista parecía el futuro del país a la reunión, el 2 de enero de 1825, de la nueva legislatura, euforia que aumentó al conocerse la victoria de Ayacucho. Con la totalidad de las libertades individuales garantizadas, la educación básica promovida, las relaciones internacionales en plena expansión (ratificación de los tratados con Estados Unidos y con Inglaterra) y con perspectivas de mejora de la Hacienda general, el Congreso abolió el tráfico de esclavos -castigado con pena de muerte-, reestructuró el gobierno y organizó el poder judicial. No obstante, a finales de enero empezaron a aflorar las manifestaciones de inconformidad, ahora desde la lejana Caracas, en contra del centralismo bogotano. A sus dirigentes nunca les había satisfecho ni la elección de Bogotá como capital provisional, ni que el gobierno fuera finalmente depositado en manos de un neogranadino. A comienzos de febrero, el Congreso tuvo que rechazar la renuncia a la Presidencia que había comunicado Bolívar desde Perú. La condena y fusilamiento, a finales de mayo de 1825, del coronel venezolano Leonardo Infante terminó por convertirse en el origen de la rebelión venezolana, una vez que el presidente de la Corte Suprema, el venezolano Miguel Peña, se negó a firmar la respectiva sentencia, por lo que el Senado le condenó a la suspensión de su cargo por un año. Resentido, Peña regresó a Caracas, desde donde se dedicó a capitanear la rebelión venezolana en contra del centralismo bogotano. Por entonces, nuevos y esporádicos pronunciamientos guerrilleros realistas empezaron a manifestarse en el sur (Calveche, Moncayo, Angulo y Erazo) y en Venezuela (Cisneros en las montañas del Güeres).

Por su parte, la negativa de la Santa Sede de reconocer el gobierno colombiano propició una creciente polémica pública entre los partidarios de un Estado laico y los que satanizaban cualquier intento de regular la religión y la fe de los colombianos por el Estado, cosa que se achacaba a la creciente proliferación de la masonería y a la difusión de las nuevas ideologías ultraliberales, en especial de los filósofos francés Destutt de Tracy e inglés Jeremías Bentham, éste tan cercano a Bolívar y Santander e inspirador de buena parte de las reformas educativas y penales del gobierno del vicepresidente.

La convocatoria de las primeras elecciones presidenciales permitió que aflorara el descontento. Durante el debate electoral, el nombre de Bolívar volvió a ser aclamado por unanimidad, no así el de Santander -que fue rechazado por Cartagena-, lo que hizo que Bolívar se negara a aceptar nuevamente la presidencia. El Libertador, cuya gloria se acrecentaba en el Perú, a la vez que se desentendía del fracasado Congreso de Panamá y de la pretendida Liga y Confederación americana, soñaba ya con la creación de una gran Federación de los Andes; cuyo gobierno presidiría él mismo, que estaría formada por el Perú, Bolivia -nuevo Estado creado por él tras la segregación de las Provincias del Alto Perú pretendidas por el Río de la Plata y Perú- y Colombia. Los esporádicos y poco consistentes proyectos de hacer una expedición junto a México contra Cuba y Puerto Rico, de cuya independencia de España -y eventual anexión a algunos de los dos países- ambos alardeaban, así como las pretensiones norteamericanas e inglesas sobre ambas islas y los planes de extender la presencia de los ejércitos colombianos hasta la isla chilena de Chiloé conformaban un contradictorio panorama externo que se simultaneaba con la creciente desintegración interna de Colombia.

De Lima a Bogotá

Durante la legislatura de 1826, correspondió al Congreso concluir y confirmar la reelección de Bolívar y Santander. Sin embargo, la adopción en Bolivia y luego en el Perú de la Constitución que Bolívar redactara para el primero de ellos -atípica mezcla de gobierno aristocrático y democrático-, y su decisión abierta de lograr su implantación en Colombia, se convirtió de inmediato en el vórtice político por el que se desataría el ocaso definitivo del Libertador y su Unión colombiana. El proceso se inició con la propuesta del general José Antonio Páez, -comandante militar en Venezuela- para la coronación de Bolívar, luego de instaurar un régimen monárquico en Colombia, a lo que Santander y sus seguidores (el “partido bogotano”) se opusieron, pues se negaban a la adopción de la aludida Constitución boliviana o cualquier tentativa monárquica para Colombia. La agitación periodística, la forma arbitraria en que el general Páez permitió el reclutamiento de las milicias ordenadas desde Bogotá en prevención de una eventual invasión española, la acusación que sobre éste prestigioso general aceptó el Congreso, su suspensión y retiro en tácita rebeldía a Valencia y la decisión del Ayuntamiento de dicha capital, patrocinada por el mencionado Miguel Peña el 30 de abril de 1826, por la que se restableció a Páez en su comandancia militar -quien se autotituló inmediatamente “jefe civil y militar de Venezuela” (y así fue reconocido por las tropas dentro de gran agitación callejera)-, consumaron la primera ruptura institucional de la Unión colombiana, actos que terminaron por conformar la revolución de la “cosiata”. La rebelión antibolivariana fue muy a continuación propiciada por un conocido amigo del Libertador, Antonio Leocadio Guzmán, patrocinador en Perú y luego en Bogotá del proyecto monárquico bolivariano, si no auspiciado, al menos no rechazado inicialmente y de forma explícita por Bolívar. Éste, contra sus promesas originales, y recluido cerca de Lima, en la hacienda de La Magdalena, había decidido prolongar su estadía y mando en el Sur, resuelto a interponer toda su influencia en Bolivia y Perú para obtener la aprobación de su constitución antes de regresar a Colombia, lo que aconteció sucesivamente en ambos países en medios de grandes festejos y loas.

A mediados de mayo de 1826, tras recibir la adhesión de Caracas y plenos poderes de la Municipalidad de Valencia, Páez convocó una Asamblea de representantes para reformar la constitución y desobedecer las órdenes de Bogotá. Siguieron las adhesiones de las provincias de Carabobo y Apure. Aunque el caudillo llanero obtuvo la adhesión del general Santiago Mariño y del presidente de la Corte Suprema, encontró el rechazo del general José Francisco Bermúdez en el Orinoco y de Rafael Urdaneta en el Zulia. Para resolver el desafío venezolano, el vicepresidente Santander convocó en junta consultiva al Consejo de Estado, los presidentes de las Cámaras y a la Alta Corte de Justicia de Cundinamarca. De poco sirvieron las medidas conciliadoras, y menos todavía el acercamiento personal y franco de Santander a Páez.

Bolívar, que esperaba ser nombrado presidente vitalicio del Perú, ante el temor de una guerra civil en Colombia, despachó de inmediato a su edecán, el coronel irlandés Daniel Florencio O’Leary para que hiciera de mediador ante Santander y Páez quien además fue portador de la Constitución boliviana y del encargo del Libertador de hacerla conocer y promover para su adopción en Colombia. Al mismo tiempo, el emisario pro monarquista de Páez, Antonio Leocadio Guzmán, regresó de Lima a Bogotá con la misión secreta de promover la citada constitución en Colombia, labor que empezó en agosto de 1826 en Guayaquil. Tomás Cipriano de Mosquera a finales de agosto convocó una Junta que terminó por revestir de plenos poderes dictatoriales a Bolívar, además de lo cual pidió la convocatoria de una Asamblea para adoptar la Constitución boliviana. Otro agente procedente de Lima y edecán de Bolívar, Carlos Eloy Demarquet, promovió una Junta similar en Quito a comienzos de septiembre de 1826. A su paso por el istmo de Panamá, mandado por el coronel José María Carreño, Guzmán promovió a mediados de septiembre un pronunciamiento similar pro bolivariano, que fue seguido por otros similares en Cartagena bajo el mando del general Mariano Montilla, y en Maracaibo, ahora bajo órdenes del general Rafael Urdaneta.

De Bogotá a Caracas

El 3 de septiembre, una vez aprobada su constitución y pactada la Confederación de los Andes inicialmente entre Bolivia y Perú, Bolívar se embarcó rumbo a Guayaquil, donde fue aclamado el 12 siguiente, con lo que pudo ratificar su adhesión al orden constitucional. En Popayán el Libertador palpó el rechazo que desde Bogotá se extendía hacia el Sur en contra de su plan confederal. Frío y protocolario fue el encuentro con Santander, quien había salido a recibirle con sus ministros hasta Tocaima, a lo que siguió la fracasada aclamación del 14 de noviembre que se le tenía preparada en Bogotá. Para entonces se habían producido varios pronunciamientos, unos pro separatistas y otros en contra, en Puerto Cabello, Caracas, Valencia, Aragua, Carúparo, Cumaná, Isla Margarita, Angostura y Apure, mientras recaía en el general Bermúdez el peso de mantener la unidad colombiana.

El ambiente político en Bogotá dividía ya a los partidarios de Bolívar (Serviles o monarquistas) y de Santander (Liberales o constitucionales), después de que el primero reasumiera el poder el 23 de noviembre siguiente. De inmediato, y ante el Consejo de Gobierno, el Libertador planteó su proyecto de Confederación de los Andes según el cual Colombia se dividiría, mediante el consenso de sus poblaciones, en tres estados y Perú en dos. Dos días después, Bolívar partió para Caracas, pasando por Puerto Cabello, donde lo esperaba la declaratoria de una reciente Asamblea constitutiva del Estado de Venezuela. A mediados de diciembre, en Maracaibo, Bolívar convocó a la unidad a los venezolanos sublevados. El 1º de diciembre, desde Puerto Cabello, proclamó la amnistía como base de una reunificación inmediata, lo que exigiría como contrapartida la liquidación de la “cosiata” y la confirmación de Páez como comandante superior militar y de Mariño como intendente de Maturín. Páez derogó la convocatoria de la Asamblea y se sometió a Bolívar y a su gobierno de Bogotá. Mientras tanto Peña fue preso y conducido a Caracas. Días después, el 10 de enero de 1827, Páez entró en Caracas del brazo de Bolívar, de quien recibió el título de “salvador de la patria” y la espada que le había ofrendado Perú como vencedor de Ayacucho. Casi obsesionado por la anarquía general que se cernía sobre Colombia y el resto de Hispanoamérica, Bolívar aprovechó la llegada a Caracas del primer ministro plenipotenciario inglés, Alejandro Cockburn, para solicitar reiteradamente por su intermedio a George Canning alguna forma de protectorado británico que salvase a Colombia del inminente naufragio.

Los sucesos propiciados por Bolívar en Venezuela arreciaron la oposición en Bogotá en contra del Libertador por parte de los liberales, capitaneados por el brillante Vicente Azuero, quien se atrincheraba en El Conductor -cuyo ideario secundaban en contra de los bolivarianistas La Bandera Tricolor e incluso La Gaceta, órgano oficioso del gobierno bogotano, fuertemente contestados a su vez por la prensa de Caracas (La Lira, El Reconciliador y El Meteoro) y de Cartagena. La reunión del Congreso se había hecho imperiosa pues el 2 de enero de 1827 era la fecha obligada para que juraran sus cargos Bolívar y Santander, lo cual finalmente no ocurrió; es más, se produjo un gobierno de hecho en la ya convulsionada Colombia. A comienzos de enero de 1827 se sublevó la Tercera División, al mando del coronel granadino José Bustamante, que se encontraba acantonada en Lima y contaba con el respaldo del gobierno peruano del general Andrés de Santa Cruz, quien días antes había propiciado la rebeldía peruana que llevó a la derogación de la constitución boliviana y de la presidencia vitalicia de Bolívar. Embarcado en El Callao a mediados de marzo, Bustamante invadió con éxito fulminante el indefenso Departamento del Sur. Sus comandantes militares, Pérez, Mosquera y Valdés, fueron depuestos y embarcados para Panamá. Guayaquil quedó al mando del general peruano José de La Mar, quien muy a continuación fue electo Presidente el Perú. Luego que Bustamante fuera derrotado y preso en Cuenca, el general Flores pudo recuperar Guayaquil en junio siguiente.

Cuando finalmente el Congreso pudo reunirse, a comienzos de mayo, rechazó de inmediato las renuncias que de sus cargos habían hecho Santander y Bolívar. Los informes del Ejecutivo al Congreso, además de anticipar el sofocamiento de las revueltas de Venezuela y el Sur, señalaron la penosa situación fiscal del país. Varias leyes ratificaron la amnistía general para todos los rebeldes, la suspensión de todas las facultades extraordinarias al Ejecutivo y la convocatoria, con la oposición de los liberales, de una Convención en la población de Ocaña para reformar o cambiar la Constitución. Sin embargo, la decisión del Libertador de enviar dos cuerpos de tropas como anticipo a su reentrada a Bogotá, así como la Proclama que hizo a los venezolanos produjeron revuelo en Bogotá, donde Azuero propuso la desmembración y reconstitución de la Nueva Granada, en la creencia de que contaría con el apoyo de Santander. En Cartagena, Bolívar obró con Montilla y sus seguidores como lo había hecho en Caracas, lo cual contribuyó a enardecer más si cabe los ánimos de sus opositores bogotanos. El 10 de septiembre, Bolívar llegó a Bogotá, se posesionó ante el Congreso y ratificó a todos los ministros, pero propició el retiro de Santander como presidente nato del Consejo de Gobierno.

Poco feliz -en parte por el desentendimiento de Bolívar, el mínimo interés peruano y los celos mexicanos- fue el resultado del Congreso de Panamá, cuya fracasada prórroga en Tacabuya (México) hizo inoperantes los Tratados de alianza militar y naval pactados a mediados de junio de 1826. Gracias a los eficientes esfuerzos de los enviados José Fernández Madrid y José María Lanz, el gobierno de Francia acreditó en Bogotá un agente especial, Bouchet de Martigny, que fue seguido de nuevos enviados despachados por los gobiernos de Suecia, Holanda, Ciudades Hanseáticas y Brasil. Igualmente meritoria fue la labor diplomática de Ignacio Sánchez de Tejada ante la Santa Sede para obtener el reconocimiento de Colombia y la subrogación del Patronato a favor de la nueva república, tal y como se plasmó en las resoluciones hechas por el Vaticano para las sedes vacantes de Bogotá, Caracas, Quito, Mérida, Cuenca y Santa Marta, conforme a los candidatos presentados por el gobierno de Santander; las cuales decretó Gregorio XVI el 21 de mayo de 1827 a pesar de la tenaz oposición española.

Con aparente normalidad empezó el gobierno de Bolívar. Fracasado un nuevo intento de rebeldía y anexión de Guayaquil a Perú, gracias al éxito obtenido por los generales Juan José Flores y José Hilario López, y consumada la derrota por Páez en Los Tueques de la casi totalidad de las huestes guerrilleras pro realistas de Herrera y Centeno -cuya supervivencia alentaba desde las costas una escuadrilla al mando del almirante español Ángel Laborde, todo hacía predecir una reintegración colombiana. No sucedía lo mismo en el lejano Perú, en diciembre de 1827 fracasó la sublevación de la Segunda División colombiana acantonada en La Paz cuyos jefes, tras proclamar al general Santa Cruz, decidieron adherirse al Perú.

Poco duró la euforia. Las elecciones para la Convención de Ocaña fueron contrarias al partido bolivarianista y con ello al presagio de una imposición federal como solución para la salvación de la Unión colombiana. A mediados de marzo de 1828, y con el pretexto de los nuevos asedios navales españoles sobre Venezuela por la sublevación del general José Prudencio Padilla -el héroe de Maracaibo- en Cartagena, Bolívar se reservó una serie de facultades extraordinarias para conservar el orden público en todos los Departamentos de la Unión, y se trasladó a Bucaramanga con el objeto de seguir los trabajos de la Convención.

Dominada ésta por los liberales, cuya cabeza visible era el vicepresidente Santander, dio comienzo el 9 de abril, presidida por el bolivariano José María del Castillo y Rada. El 21 de mayo se discutió el proyecto de la Comisión sobre la nueva constitución de inspiración santanderista, no propiamente federal y más bien cercana a la original de Cúcuta. El proyecto del gobierno, defendido por Castillo, fue rígidamente unitario y centralista. El 10 de junio, ante la inminente derrota del gobierno, y negada la comparecencia del Libertador en la Asamblea, sus partidarios optaron por retirarse de la Convención, así que ésta se disolvió sin haber tomado ninguna decisión definitiva respecto de la tan reclamada reforma constitucional. Días antes, Bolívar había regresado a Bogotá. El 13 de junio el general Pedro Alcántara Herrán, intendente de Cundinamarca, declaró mediante una proclama la emergencia nacional originada en las provocaciones de Perú (Sur) y España (Norte) y la inminencia de una guerra civil en el interior de la Unión. Convocó a continuación una junta de padres de familia de la capital con objeto de proponer las medidas del caso mediante un gobierno fuerte y enérgico. La Junta, atacando la fracasada Convención, declaró a Bolívar investido de plenos poderes para conjurar el peligro exterior y resolver la crisis colombiana; propuesta que fue acogida de inmediato por el Consejo de Gobierno.

El 28 de agosto, Bolívar expidió el llamado “Decreto Orgánico”, por el que asumió la plenitud del poder ejecutivo y legislativo. Se suprimió la vicepresidencia y se creó un Consejo de Estado -conformado por el antiguo Consejo de Gobierno más un representante por cada Departamento- como órgano asesor del presidente-dictador. Se convocó también una nueva Convención constituyente que debía reunirse en Bogotá el 2 de enero de 1830. A continuación Bolívar reestructuró el mando militar en cuatro comandancias (Venezuela, Centro, Istmo y Sur) que estarían al mando del ministro de la Guerra, el general Rafael Urdaneta, todo lo cual fue seguido de una nueva leva de cuarenta mil hombres para mantener el orden interno y repeler cualquier agresión externa. Santander fue nombrado ministro de Colombia ante el gobierno norteamericano.

Los liberales no se conformaron con la situación y promovieron una abierta rebelión contra la dictadura. Los más exaltados fueron sindicados de haber propiciado el fallido atentado contra la vida de Bolívar durante un baile de máscaras en el teatro El Coliseo, así como el posterior intento de asesinarle en Soacha el 21 de septiembre de 1828, tentativas ambas que rechazó y condenó Santander. Se preparó un nuevo golpe, más estructurado, para el 28 de octubre, día de San Simón, pero tuvo que ser adelantada al 25 de septiembre ante el temor de ser descubierta cuando a media noche un piquete de conjurados asaltó el palacio de gobierno con el objeto de asesinar al Bolívar en su lecho. El Libertador salvó su vida gracias a la valiente actitud de su amante, la ecuatoriana Manuela Sáenz, que arengó a los invasores mientras Bolívar saltaba por uno de los balcones y permanecía oculto durante varias horas bajo el puente del Carmen. De la “conspiración septembrina” fueron sindicados y enjuiciados los principales miembros de la llamada Sociedad filológica, jóvenes y exaltados liberales afectos a Santander, quien fue igualmente sindicado como cabecilla de la fallida trama junto a Luis Vargas Tejada, Mariano Ospina Rodríguez, Florentino González, varios comandantes militares de la capital y dos exiliados franceses.

Aunque Bolívar optó por un indulto general e inmediato, el general Urdaneta cambió su ánimo y determinó la conformación de un tribunal mixto de cuatro militares y civiles, que fue presidido por el general antioqueño José María Córdova. Varios militares y civiles fueron condenados a muerte, fusilados y colgados en la plaza mayor -como en los peores días de la reconquista- a partir del 2 de octubre siguiente. Vargas Tejada, Ospina Rodríguez y F. González lograron fugarse y exiliarse en diferentes países americanos. Paralelamente, fue sentenciado y ejecutado el general y almirante José Padilla, el capitulador de Maracaibo. Santander fue igualmente juzgado y sentenciado, aunque su ejecución no fue autorizada por Bolívar. Preso durante seis meses en las bóvedas de Bocachica -Cartagena- y defendida su causa por el general Mariano Montilla y el Ministro José Manuel Restrepo, su sentencia fue conmutada por la del exilio permanente.

De Bogotá a Guayaquil

A la vez que el general Juan José Flores atizaba en el Sur el enfrentamiento con Perú, fracasó en Bogotá un arreglo amistoso de las desavenencias con el gobierno de La Mar al ser despedido precipitadamente el plenipotenciario limeño José Villa, quien había llegado a Bogotá con tales propósitos a finales de 1827. El 18 de abril de 1828, promovido por el general peruano Agustín Gamarra, se produjo un pronunciamiento militar en Chuquisaca en contra del gobierno del general Antonio José de Sucre, quien escapó por poco de ser asesinado. Luego decidió regresar a Colombia con el resto de tropas que le sustentaban como presidente de Bolivia, dejando apenas iniciada la organización de la nueva república bolivariana.

Las amenazas peruanas contra Bolivia y Colombia motivaron que Bolívar declarara la guerra al Perú. El primer enfrentamiento naval se produjo en la Punta de Malpelo el 31 de agosto de 1828. Apenas llegado a Guayaquil, Sucre, en detrimento de Flores, asumió el mando supremo para enfrentarse a los ocho mil peruanos mandados por el presidente La Mar. El 12 de octubre estalló una sublevación en Popayán en contra de Bolívar, comandada por los coroneles José María Obando y José Hilario López, quienes exigían la reinstauración de la constitución de Cúcuta. De entrada derrotaron al intendente del Cauca, Tomás Cipriano de Mosquera y extendieron la guerra por el Sur (Pasto) y por el Norte (Caloto). El general José María Córdova, despachado por Bolívar, recuperó Popayán antes de la llegada del Libertador y sus tropas. A comienzos de 1829, Sucre inició su campaña sobre Cuenca y, 27 de febrero de 1829, derrotó a las tropas reunidas de La Mar y Gamarra en el Portete de Tarqui; a esta victoria siguió el Convenio de Girón, el 1 de marzo, con lo que se ponían las bases de un tratado a ratificarse en Guayaquil que establecería definitivamente las fronteras entre la Unión Colombiana y Perú.

En Popayán, Bolívar proclamó la amnistía general, que permitió someter a José María Obando y José Hilario López: la capitulación de La Cabaña, que fue firmada cerca de Juanambú, por el cual conservaron el mando militar en sus respectivos distritos, si bien renunciaron a sus veleidades pro peruanas. Pasó luego Bolívar a Pasto y Quito, donde se enteró del desconocimiento que hizo La Mar del Convenio de Girón y de su decisión de reanudar la guerra contra Colombia. Para fortuna colombiana, el 5 de julio se produjo el levantamiento revolucionario de Lima, cuyos agentes en el cuartel general de La Mar fueron los generales peruanos Antonio Gutiérrez de la Fuente y Agustín Gamarra, que impuso el relevo de La Mar, pues la nueva constitución exigía que el Presidente fuese de nacionalidad peruana y La Mar había nacido en Ecuador; además fue apartado de la dirección de la guerra, a lo que siguió su derrocamiento y exilio en Centroamérica y, consecuentemente, la suspensión de hostilidades. Perú pactó a continuación con Colombia (Convenio del Buijo) un armisticio por sesenta días que se suscribió a comienzos de julio siguiente, al que siguió la entrega de Guayaquil y la evacuación del sur por Perú. El 21 de julio Bolívar entró, triunfante una vez más, en la citada capital, donde pocos días después estuvo a punto de morir de peste. El 22 de septiembre se suscribió en Guayaquil el tratado de paz entre Colombia y Perú por el que, entre otras cosas, se fijaron las fronteras de acuerdo según el principio del uti possidetis iure, se dejó libre la navegación de los ríos comunes, se acordó la liquidación de la abultada deuda peruano-colombiana por parte de una comisión especial y se prohibió, además, el tráfico de esclavos.

Desde Guayaquil, Bolívar manifestó el deseo de dejar definitivamente el poder y el mando militar una vez se reuniese el Congreso previsto para el 2 de enero de 1830. Paralelamente, el Consejo de Gobierno inició en Bogotá una decidida conspiración monárquica, en un momento en que no todas las medidas adoptadas por el Libertador desde el Sur habían sido bien recibidas: apertura -en reciprocidad con una reciente medida española- de los puertos colombianos a ciertas mercancías españolas -aunque no a sus buques-, supresión de las municipalidades -antes ayuntamientos-, y confirmación del mando militar de los generales R. Urdaneta -ministro de la Guerra- en el Centro, Montilla en Cartagena, Páez en Venezuela y Flores en el Sur. A lo anterior se sumaron las medidas especiales en materia de Hacienda tomadas por Bolívar para remediar la ruinosa situación de los Departamentos del Sur y frenar la pauperización general de su población, fundamentalmente rural, cuyos indígenas se habían visto afectados con el restablecimiento del colonial “tributo de indios”. El sometimiento del clero regular a la jurisdicción episcopal para restablecer la disciplina y moral de los conventos implicó una obligada consulta con la Santa Sede, siempre temerosa de un eventual cisma colombiano.

Durante la ausencia de Bolívar, y como consecuencia de sus veleidades pro monárquicas, el Consejo de Gobierno tuvo que afrontar serias dificultades diplomáticas, tales como la desaprobación de la actitud y actividades del general Willian Henry Harrison, el nuevo ministro de los Estados Unidos, que era enemigo de la dictadura bolivariana y proclive al partido santanderista, y recelaba de una mayor dependencia colombiana respecto de Gran Bretaña; finalmente el gobierno colombiano terminó por exigir su retiro. Asimismo, se produjo la práctica expulsión por actividades similares del agente mexicano, el coronel Anastasio Torrens, que fue seguida por la competencia abierta en Bogotá entre el nuevo agente francés, Charles Bresson, y el recién llegado ministro británico, el coronel Patrick Campbell, ambos con plenas instrucciones para asegurar la tutela del proyecto monarquista colombiano, cuya versión inicial se había hecho en forma de “protectorado” para toda América desde Quito el 4 de abril de 1829, y se había ratificado a comienzos de julio, cuando Bolívar había autorizado reiniciar respecto de ambas potencias europeas con el inmediato rechazo norteamericano.

El nuevo proyecto bolivariano de “protectorado” estaba dirigido a salvar la revolución americana de la anarquía y caos interno, inminente y amenazante en todos los meridianos del antiguo imperio español, pretensión que en principio rechazó el Consejo de Gobierno, no sólo por la falta de poderes para obrar en nombre de otros países, sino por las consecuencias y rivalidades que podría traer frente a otras potencias, especialmente a los Estados Unidos de América. Optó el Consejo por promover la instauración monárquica en Colombia conforme a su acuerdo del 3 de septiembre de 1829, para iniciar los contactos del caso con los gobiernos de Inglaterra y Francia. El Consejo suponía que Bolívar, con el título de Libertador, ejercería de forma vitalicia el poder, y que a su muerte le sustituiría un Príncipe europeo -preferentemente francés-. Para la ejecución de este proyecto se requería la protección de alguno de los dos gobiernos, en el caso de que los Estados Unidos u otro gobierno americano quisiese impedirlo. El proselitismo que frente a Páez ejerció el ministro de la Guerra Urdaneta, por cuya cercanía a Bolívar se le suponía avalador del proyecto, terminaron por resquebrajar la unidad militar colombiana, irreductiblemente republicana, e indujeron nuevas rebeliones en contra de Bolívar, la principal de ellas la del héroe de Ayacucho, general neogranadino José María Córdova; y los venezolanos Carlos Soublette y José Francisco Bermúdez.

La ingenua manera en que el Consejo llevó a cabo sus gestiones ante los gobiernos y ministros de Estados Unidos y Gran Bretaña y el agente francés en Bogotá, no aportó ningún compromiso por parte de ambas potencias europeas, aunque sí recelo y una manifiesta reacción norteamericana. Por su parte, Bolívar, quien había optado por dejar que corrieran las primeras iniciativas monarquistas del Consejo, a su regreso del Sur a finales de noviembre de 1829, manifestó a dicho órgano su “secreto”: creyendo casi inevitable la separación de Venezuela, supuso posible preservar la unidad de la república hasta su muerte, y volvió a recomendar como en Angostura (1819) y más recientemente en Bolivia y Perú, la instauración de una presidencia vitalicia y la creación de un Senado hereditario, descartando en principio un gobierno de corte monárquico, con lo que desautorizaba todo lo efectuado por el Consejo, que se redujo a seguir adelante con la no menos viable pretensión de Bolívar de asegurar el protectorado de Gran Bretaña, cuyo gobierno rechazó finalmente cualquier implementación de tan inviable solicitud.

Quizás la más lamentable consecuencia de la “intentona” monarquista fue el sacrificio -en realidad asesinato- del general José María Córdova, hacia quien el Libertador desarrolló una inexplicada desconfianza, a pesar de la valiente actuación de aquél en Perú, lo que le mereció la cartera de Marina, cargo prácticamente simbólico. Durante el camino de regreso a Bogotá, Córdoba, junto al coronel José Hilario López, se declaró explícitamente contrario a la perpetuación de la dictadura de Bolívar y a la pretendida instauración monarquista, pues ambos parecían esperanzados con los resultados republicanos del propuesto Congreso constituyente. Antes de posesionarse, Córdoba decidió pasar algunos días en Rionegro, su pueblo natal. Sorprendido por los abusos y arbitrariedades cometidas en Medellín contra las autoridades antioqueñas, de las que formaba parte su hermano, Córdoba se levantó y ocupó esta plaza a comienzos de septiembre de 1829, a la cabeza del que pasó a llamarse “Ejército de la Libertad”. Con esto proclamaba su frontal oposición a la dictadura de Bolívar y a sus monarquistas ministros de Bogotá, y exigía además la restitución de la Constitución de 1821. A ello siguieron unas cartas al general Páez, en las que le animaba a seguir su ejemplo. A finales del mismo mes, el general Daniel Florencio O’Leary encabezó el ejército que debía rendir al sublevado, y acompañó hasta Honda a los diplomáticos “retirados” de México y Estados Unidos El 17 de octubre, en El Santuario, cerca de Rionegro, O’Leary batió a Córdoba, tras haber rechazado una oferta de rendición honrosa propuesta por éste, quien se encontraba en extrema inferioridad de fuerzas-. Ese mismo día, herido y refugiado en una casa hospital, Córdoba fue ultimado en la misma fecha a sablazos limpios por el coronel Rupert Hand, también de origen irlandés.

De Bogotá a San Pedro Alejandrino

El 17 de diciembre de 1829, un mes después del asesinato de Córdoba, la municipalidad de Puerto Cabello suscribió la primera acta separatista de la Unión Colombiana. El 23 lo hizo la ciudad de Valencia, con actos segregacionistas secundados el 25 y 26 por la capital Caracas, a cuya cabeza estaba ahora el general margariteño Juan Bautista Arismendi. Además de desconocerse toda autoridad del gobierno colombiano, incluida la de El Libertador, se pidió la convocatoria de las Asambleas locales con el fin de elegir a los diputados que integrarían un nuevo congreso constituyente venezolano; mientras tanto se confirmaba en sus cargos a todas las autoridades actuales y se reconocían los compromisos vigentes con los “gobiernos amigos”. Páez, desde Valencia, rechazó inicialmente el mando superior que le confirió, pero días después pasó a Caracas, donde asumió la jefatura de la subversión.

El 13 de enero de 1830 Páez expidió varios decretos, el principal de los cuales declaraba a Venezuela estado soberano e independiente, a lo que siguió la creación de tres secretarías de Estado: Interior, Justicia y Policía, a cuyo frente puso a Miguel Peña; Hacienda y Relaciones Exteriores, confiada a Diego Bautista Urbaneja, y de Guerra, al mando de Carlos Soublette además, se dispuso la convocatoria de un Congreso constituyente que se reuniría el 30 de abril siguiente. Bolívar volvió a Bogotá el 15 de enero de 1830 y su primer cometido fue la instalación del nuevo Congreso constituyente y legislativo que pretendía evitar la desunión colombiana, cuyos diputados electos, excluidos los de los Departamentos de Venezuela, Maturín, Orinoco y Guayana, decididamente rebeldes, se encontraban desde el 2 de enero en la capital. El 16 de enero, Maracaibo se declaró federada a Venezuela, un ejemplo siguieron de inmediato por Trujillo, Mérida y Zulia. El 29 siguiente, mediante una proclama, Páez ratificó ante todos los pueblos la separación de Colombia.

El Congreso fue instalado por Bolívar el 20 de enero; se eligió presidente al mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre. Tras invitar al rebelde Páez a una nueva entrevista -que éste no se avino a realizar- Bolívar propuso al Congreso un acercamiento a los rebeldes venezolanos. El 14 de febrero en Riohacha, el coronel José María Vargas se adhirió a la declaración pro venezolana de Maracaibo, a la que respondió de inmediato el general Montilla desde Cartagena. Entre tanto, el Congreso aprobó las bases de un entendimiento con Venezuela: no hostigamiento militar a los sediciosos y amnistía general; unidad e integración de la república y rechazo del régimen monárquico. Una comisión de paz integrada por su presidente Sucre, José María Esteves, obispo de Santa Marta y el diputado cartagenero Juan García del Río -quien rehusó el encargo- pasó el 17 de febrero a tratar con Paéz quien se redujo a enviar tres comisionados suyos -Santiago Mariño, Martín Tovar y Andrés Narvarte, con los cuales no se llegó a acuerdo alguno. En una nueva proclama de comienzos de marzo, Páez ratificó la voluntad separatista venezolana, y anunció que marcharía con un ejército sobre la frontera colombiana para defender tal decisión e, incluso, para liberar a la antigua Nueva Granada. La marcha se inició el 16 de marzo en San Carlos.

El 20 de febrero el Libertador manifestó a los colombianos en una nueva proclama su voluntad de retirarse del poder; alegaba, entre otras causas, problemas de salud. El día 1 de marzo designó al general Domingo Caicedo como presidente provisional del Consejo de Gobierno y encargado del poder ejecutivo y, acto seguido, se encerró en la quinta de Fucha, cerca de Bogotá. Fue éste el último acto de gobierno ejercido por el Libertador. El 21 de marzo Bolívar tuvo que regresar apresuradamente a Bogotá ante el anuncio de una rebelión proyectada por el coronel Mariano París para consumar la separación con Venezuela y el alejamiento definitivo del Libertador. El día 4 de abril, el general Juan Nepomuceno Moreno declaró a la provincia de Casanare en favor de Venezuela. Días más tarde, los vecinos de Popayán se pronunciaron en contra de la guerra con Venezuela, opinión a la que se sumaron luego Neiva, Zipaquirá, Tunja y Sogamoso. José María del Castillo y el general Rafael Urdaneta, que aspiraban a la presidencia y vicepresidencia de Colombia, aconsejaron a Bolívar partiese al exilio. Alejandro Vélez, diputado por Antioquía, propuso al Congreso aprobar definitivamente la nueva constitución y ofrecerla como texto de reunión con Venezuela; así pues, había de convocarse una nueva convención constituyente, sólo neogranadina, en caso de que Venezuela rechazara esta nueva oferta.

El 19 de abril los ministros plenipotenciarios de Brasil y Gran Bretaña manifestaron el cese de su misión y poderes -incluido el tratado bilateral vigente con el Reino Unido-, si se consumaba la desmembración de Colombia. A finales de abril, Bolívar comunicó al Congreso su voluntad de exiliarse y abandonar el país. Desde Quito, el general Flores y el obispo Lasso de la Vega, acogieron la petición de la ciudadanía ofreciendo a Bolívar refugio permanente. El 29 de abril de 1830, el Congreso aprobó la nueva Constitución, que se firmó el 3 de mayo siguiente. Durante los dos primeros escrutinios, resultó electo presidente Eusebio María Canabal -cercano a Bolívar-, pero al fin al fin se designó presidente a Joaquín Mariano Mosquera y Arboleda, y vicepresidente al general Domingo Caicedo. Fue esta la primera de una larga cadena de imposiciones del “jacobinismo callejero” bogotano. El 7 de mayo, con objeto de aplacar los pronunciamientos producidos en Bogotá, Pamplona y otras localidades por parte de varios oficiales y batallones integrados por venezolanos, el gobierno expidió los pasaportes requeridos para su reintegro a Venezuela. El 8 de mayo, tras un pronunciamiento de la guarnición de Bogotá, Bolívar salió rumbo a Cartagena, desde donde pensaba embarcarse para Europa. Al día siguiente, tres días antes de su clausura, el Congreso aprobó un decreto de honores y agradecimientos a su nombre y obra.

Por su parte, el Congreso constituyente venezolano se había instalado en Valencia el 6 de mayo; sus primeros actos fueron exigir el reconocimiento de su independencia por parte de Colombia, y la expulsión de Bolívar del territorio colombiano, como garantía para preservar su voluntad de separación de la Unión. Ante la aproximación sobre Cúcuta de un ejército venezolano al mando del general Santiago Mariño, el diputado Juan de Dios Aranzazu parlamentó infructuosamente con él. El 7 de julio Aranzazu fue recibido por el Congreso en Valencia, y el día 21 se rechazaron las proposiciones reintegracionistas de Colombia. Por fin, el general Páez y el doctor Diego Bautista Urbaneja fueron electos presidente y vicepresidente del nuevo Estado.

Mientras, en el Sur, el 5 de mayo el general Juan José Flores había admitido la incorporación de la Provincia de Pasto a su jurisdicción, acto contra el que reaccionó de inmediato el comandante militar del Cauca, general José María Obando, apoyado ahora por el electo presidente Mosquera, que ejecutó la ocupación de dicha plaza el 29 de mayo. No obstante, dos días después de clausurado el Congreso, la ciudadanía de Quito declaró su separación de Colombia; el ejemplo fue seguido inmediatamente por los departamentos de Guayaquil y Azuay. El 31 de mayo Flores convocó un Congreso Constituyente que se reuniría en Riobamba. De inmediato, y con objeto de restablecer el orden, el vicepresidente Caicedo envió al general Sucre, cuya autoridad en el Sur era incuestionada. Durante su largo viaje por tierra, y mientras el presidente Mosquera viajaba hacia Bogotá, en el sito La Jacoba, circunscripción de Berruecos, el 4 de junio fue asesinado el mariscal de Ayacucho de tres balazos, todos mortales, sacrificio del que aparecieron directamente implicados los ex guerrilleros patianos José Erazo y Juan Gregorio Sarria, muy cercanos a José María Obando, por lo éste quedó comprometido en el magnicidio. El 13 de junio se posesionó Mosquera, que conformó un gabinete de reconciliación. El 19 se conoció en Bogotá la noticia del asesinato de Sucre. Pocos días después estallaron, casi en cadena, los primeros pronunciamientos de las provincias y ciudades en contra de la Constitución y a favor de Bolívar o sus partidarios: El Socorro, Nieva, Cúcuta, Cartagena.

El 25 de mayo Bolívar llegó finalmente a Turbaco (Cartagena), hecho que coincidió con la llegada a Bogotá del siempre rebelde batallón Callao, comandado por su levantisco coronel Florencio Jiménez. Mientras tanto, las provincias del Socorro y Tunja se rebelaron en contra del gobierno. Rotas las conversaciones, el 27 de agosto, en las inmediaciones de Fontibón, las tropas oficiales fueron humillantemente derrotadas. Del 2 al 4 de septiembre una nueva Junta de Padres de Bogotá decidió el desconocimiento de Mosquera y sus ministros; se proclamó nuevamente a Bolívar como Jefe Supremo y se pidió al general Urdaneta -que acaba de incorporarse a la cartera de Guerra- que asumiera el mando en tanto regresaba de Cartagena el Libertador, lo cual hizo el día 5 de septiembre, tras la claudicación de Mosquera y Caicedo. Pronunciamiento similar acometió en Venezuela el presbítero Rafael Torrellas, cuyos emisarios en Cartagena consiguieron el apoyo y envío, con pliegos de Bolívar, de los generales Pedro Briceño Méndez y Diego Ibarra. Las anteriores revueltas indujeron al general M. Montilla a declarar la reintegración colombiana bajo el mando de Bolívar; esto no contó con el apoyo explícito del Libertador, a pesar de la ferviente proclama hecha a los colombianos, en la que ofrecía una vez más sus servicios para evitar nuevos males a la república. A finales de agosto, Buenaventura y otras localidades del Pacífico decidieron su adhesión a Quito, cuya Convención reunida en Riobamba, no obstante decretar la confederación con los demás estados de Colombia, aprobó el 11 de septiembre la primera constitución del Ecuador, integrada ahora por los departamentos de Azuay, Guayas y Quito.

A lo largo de septiembre las provincias de Mariquita y Mompós proclamaron a Bolívar; a éstas siguieron las ciudades de Santa Marta, Ciénaga y Valledupar; aunque Riohacha y San Juan del Cesar lo hicieron en contra del gobierno de Urdaneta. En Panamá, el general José Domingo Espinar, recién nombrado jefe militar del istmo, azuzó a negros y mulatos y se alzó con el poder absoluto, lo que le permitió decretar por algunos meses la separación de Colombia. En esta acción no estuvo secundado por la provincia de Veraguas, al mando de la cual estaba el general José Fábrega. A finales de septiembre, una asamblea de cantones de la provincia de Antioquía reconoció el gobierno de Urdaneta. En noviembre, Pasto, ahora bajo el mando del coronel inglés Diego White, se adhirió a Quito y, a mediados de mes, una asamblea del Cauca dominada por los bolivarianos rechazó la adhesión a Quito, lo que ya se propiciaba en la capital Popayán.

Cuando el nombre de Bolívar volvía a agitar más de tres cuartas partes de la todavía llamada Colombia, el Libertador, cuya salud se agotaba aceleradamente, decidió cancelar su embarque para Europa, se trasladó a la vecina Santa Marta y se radicó en la hacienda del rico hacendado español Joaquín de Mier, donde se agravó su estado y murió pasada la una de la tarde del 17 de noviembre de 1830. Una semana después, aún sin conocerse su muerte, Guayaquil se rebeló y proclamó al Libertador y su reintegración a Colombia. El día 1 de diciembre, Popayán, de la mano de Obando y López, tras constituir el Ejército de la Libertad, impuso su anexión a Quito, lo cual fue acogido con beneplácito por Flores.

A comienzos de enero de 1831, Urdaneta decidió convocar una Convención Constituyente Neogranadina que se reuniría el 15 de junio en Villa de Leyva. Sin embargo, a mediados de enero un pronunciamiento en Aragua decretó la vigencia de la constitución de Cúcuta y nombró al general José Tadeo Monagas jefe de la revuelta, que fue secundada por las provincias de Barcelona, Cumaná, Isla Margarita y algunos cantones cercanos a Caracas; el pronunciamiento a favor de Páez del prestigioso general José Francisco Bermúdez impuso la rendición de los rebeldes el 24 de junio siguiente. A mediados del mismo mes de enero, las tropas de Popayán derrotaron a las de Cali e impusieron la adhesión de los pueblos de la provincia al nuevo estado de Ecuador. Por fin, el 14 de abril, Caicedo se declaró en ejercicio del poder ejecutivo, y decretó el restablecimiento de la constitución de 1830. J. H. López fue nombrado comandante general del ejército. El 26 de abril se firmó un armisticio con un delegado de Urdaneta a efectos de evitar una nueva guerra civil.

Conforme habría de ser el sino desestabilizador en contra del gobierno de Bogotá a lo largo de buena parte del siglo XIX, el pronunciamiento del Cauca arrastró la rebelión general en el resto del país a partir de mediados de febrero de 1831. Cartagena, Barranquilla, Ciénaga, Santa Marta y Mompós se levantaron contra Urdaneta y en pro de la restauración constitucional. El general Ignacio Luque fue ahora el abanderado en la costa. Sin embargo, a finales de marzo el coronel venezolano Juan Eligio Alzuru había recuperado el mando y el gobierno para Bogotá en Panamá. En Antioquía el coronel Salvador Córdoba, hermano del asesinado José María, se rebeló contra los coroneles Santana y Castelli -que habían asumido el gobierno de la provincia en nombre de Urdaneta- y, tras la batalla de Abejorral, tomó Medellín a mediados de abril. Por las mismas fechas, el general Juan Nepomuceno Moreno apoyado con armas enviadas por Páez, conquistó toda la provincia de Tunja -sangrienta batalla de Cerinza-, éxito que selló con varios fusilamientos, entre ellos el de Francisco Miranda, hijo del precursor venezolano. A comienzos del mismo mes de abril varias localidades en torno a Ubaté se revelaron contra Urdaneta; levantamiento que se repitió en Ibagué y Mariquita.

Acosado por todos los flancos, Urdaneta, después de una fallida renuncia, propuso a Obando y López la concertación de una solución pacífica para evitar un enfrentamiento generalizado. Con tal propósito, el 26 de abril de 1831 se reunieron en el caserío de Juntas de Apulo el general Urdaneta, asistido por sus ministros Juan García del Río, José María Castillo y Rada y el golpista general Florencio Jiménez, por una parte; y por la otra el vicepresidente Caicedo, acompañado del general J. H. López, el coronel Joaquín Posada y su ministro Pedro Mosquera. El 28 siguiente se firmó el llamado Convenio de Apulo, por el que se pactó un gobierno de transición en torno a Caicedo hasta la reunión de la Convención granadina, el restablecimiento de las garantías individuales, el reconocimiento de todos los grados militares de una u otra parte y la disolución de las milicias de oposición.

Al fin, el general Caicedo juró nuevamente el cargo el 3 de mayo siguiente, y optó por un gabinete de aparente concordia, aunque dominado por los bolivarianos, lo que de entrada arrastró la virulencia de los liberales -santanderistas exaltados-, sobre todo cuando el nuevo presidente convocó una nueva convención. Implacables se mostraron los liberales en contra de los bolivariano-urdaneistas. A finales del mismo mes de mayo, Obando y López, después de exigir a Caicedo se les juzgara por su repetida acusación de haber tramado la muerte de Sucre, fueron exculpados por falta de pruebas; el primero fue designado ministro de Guerra y, desde esta cartera, se dedicó a la persecución de los colaboradores de la dictadura de Urdaneta, lo que coincidió con la decisión de restituir al general Santander todos sus grados y honores militares y derechos políticos, así como a los proscritos del año 28 acusados del fallido asesinato de Bolívar. Al fin, el coronel Juan Eligio Alzuru, dominante en Panamá, decidió convocar el 9 de julio de 1831 una Junta de Padres que terminó por declarar una vez más la separación de la todavía llamada república de Colombia. Aunque poco después llegó a Portobelo el general Tomás Alcántara Herrán enviado desde Bogotá, y acabó con la independencia panameña.

La Unión colombiana no pasó de ser el mayor de los sueños del Libertador. Obra de su genio militar e inventiva política, empezó a esfumarse nada más consumada la derrota final de España en los llanos de Ayacucho, que aseguró la supervivencia de la misma Colombia, Perú y la recién creada Bolivia, además del vecino Chile. No obstante, el decidido intento de Bolívar de anudar dichos estados en torno a su singular constitución y Confederación Andina -concomitante con el fracasado Congreso de Panamá y Confederación panamericana-, precipitó la disgregación de la Unión colombiana, sometida desde muy temprano a las rigideces de un sistema constitucional y de gobierno excesivamente centralista, cuya Administración y Congreso, desde Bogotá, fueron invariablemente incapaces de superar las ancestrales autarquías coloniales que giraban en torno de Caracas, Barcelona, Valencia, Maracaibo, Cartagena, Bogotá, Popayán, Panamá, Quito y Guayaquil; secesión que de haber decidido evitar militarmente el Libertador quizás habría desatado la peor y más encarnizada guerra civil.

La solución política adoptada, centrada en una fórmula dictatorial transitoria, terminó por agotar la vida de Bolívar y precipitar una irreconciliable diáspora colombiana que estuvo acompañada de multitud de enfrentamientos armados. Tras la muerte del Libertador, sus herederos, los viejos líderes acaudillados por Santander, Paéz y Flórez -y si se quiere Santa Cruz-, cercados por los jóvenes políticos “civiles”, y los generales y coroneles del ejército independentista, con influencia política y mando militar desde Angostura hasta Chuquisaca, pasando por el istmo, asumieron la tarea de protagonizar la construcción de los cuatro estados -seis si se incluyen el Perú y Bolivia- en que finalmente se deshizo el ideal bolivariano.

Economía y sociedad

A finales de1828, nueve años después de su proclamación y cuando su proceso de disolución era ya imparable, la Unión colombiana era por encima de México y el Río de la Plata la más prometedora de las nuevas repúblicas americanas. A pesar de su baja demografía -el 7% de la población de todo el continente americano, Colombia representaba casi el 8% de extensión del hemisferio americano -apenas superada por el 11% de los Estados Unidos, y el 28% del Brasil de entonces-. Dentro del conjunto hispanoamericano, la Unión congregaba el 12% de la población y del territorio del antiguo imperio español, respectivamente.

Sin embargo, y conforme al siguiente cuadro, la “masa crítica” de la república distaba mucho de ser equilibrada. Comparados población y territorio según los tres estados en que luego se dividió, si bien Venezuela y la Nueva Granada compartían un territorio similar, éste era en ambos casos el doble del futuro Ecuador; en tanto que la Nueva Granada doblaba a ambos en población, siendo ésta prácticamente similar en Venezuela y Ecuador.

A diferencia del resto de la antigua América Española, la mayoría de su población -88,1%- eran hombres libres, blancos, mestizos, mulatos, indios -éstos un 7,9%- e incluso negros voluntariamente manumitidos durante la guerra emancipadora y de los que sólo quedaba un 4% de esclavos, casi todos ellos adultos conforme a la “libertad de vientres” decretada por el Congreso de la Villa del Rosario.

Notables fueron los esfuerzos del gobierno de Santander para superar el inmenso lastre del analfabetismo, ya que promovió reformas tendentes a promover la enseñanza de las “primeras letras” para niños y niñas. Igual fomento se quiso dar a los llamados “estudios superiores”, inicialmente a través de las selectas misiones científicas contratadas en París y Londres por el Ministro Francisco Antonio Zea y destinadas a colocar al país en el primer lugar en América en los campos de la química, matemática, mineralogía, anatomía, botánica y cartografía, a todo lo cual se añadían los especializados estudios militares a través de la reabierta Escuela Militar. No obstante, los frustrados intentos de Santander y Bolívar para generalizar la enseñanza de las ideologías liberales de Bentham y de Tracy terminaron por atizar las nuevas luchas “partidistas” en las principales capitales de las antiguas Venezuela y Nueva Granada.

Poca repercusión tuvieron las iniciales reformas adoptadas en el Congreso de la Villa a favor de los indios y “castas”, dedicadas a promover su supuesta y desigual incorporación a una economía y sociedad abierta. Algunas de estas medidas fueron la supresión de la capitación (liquidación de resguardos) y del tributo indígena. Igual suerte corrieron las tempranas medidas dirigidas a movilizar y hacer productiva la inmensa masa de bienes estancados, los llamados de “manos muertas” (censos y capellanías), como también la colonial institución del mayorazgo y diferentes regímenes de “vinculaciones” de los grandes patrimonios familiares y eclesiásticos.

Hacia el final de la Unión, muy poco era lo que realmente había cambiado la estructura económica colonial, asentada fundamentalmente en la minería extractiva y la agricultura de grandes haciendas, cuya producción y mercadeo interno continuaron siendo estancados (de cubrimiento local o, si acaso, regional) en las tres grandes secciones de la república, todo ello en razón del obligado enclaustramiento geográfico y la todavía ínfima infraestructura de comunicaciones internas, a pesar de los esfuerzos y concesiones que se dieron para la construcción de nuevas vías. En el centro, el eje principal de comunicación continuó siendo el río Magdalena. A la carencia de un gran mercado nacional, se añadía un lánguido comercio exterior, que se continuó sustentando sobre los originales patrones coloniales, tanto en su componente importado como exportado: reducida capacidad de compra de la nueva república, debido a sus bajas exportaciones (centradas en el oro) y una creciente deuda externa, así como la conspicua demanda interna de bienes suntuarios e incontrolado contrabando, en ambos sentidos, a todo lo cual venía a añadirse ahora un excesivo gasto en aprovisionamientos militares.

Con el objeto de ensanchar y diversificar la frontera y la producción agrícola heredada, el gobierno del vicepresidente Santander promovió activamente la inmigración de extranjeros, a los que adjudicó -como también a los oficiales y soldados victoriosos- baldíos y tierras comunales. Emprendimientos como la “Compañía Nacional de Colonización de Colombia” y once proyectos de adjudicación de baldíos entre 1823 y 1827 por un total de 2,3 millones de fanegadas (1,47 millones de ha) singularizaron los muchos intentos, que terminaron por fomentar la reconcentración y futura especulación de la gran propiedad agrícola colombiana.

No menos significativos fueron los muchos proyectos e inversiones europeas, en su mayoría ingleses, que a partir de 1824 se propusieron la reactivación y modernización de la gran minería de los actuales Tolima, Cundinamarca, Cauca, Antioquía, Santander; Veraguas, Barcelona y Zulia, y que en el caso de del oro, platino y algo de plata -siempre amonedada- conformaron prácticamente el único rubro de exportación de la Unión. Igualmente relevantes, aunque puntuales, fueron las diversas adjudicaciones que se hicieron a inversionistas extranjeros -una vez más ingleses- para el fomento de la navegación fluvial (Magdalena y Orinoco).

Consecuente con los postulados liberales y las exigencias impuestas en los primeros tratados de reconocimiento de la emancipación por Estados Unidos e Inglaterra, la administración Santander fue moderadamente librecambista, con una tarifa media del 20% que Bolívar empezó a incrementar sustancialmente a partir de 1828, lo cual favorecía de forma clara a la marina mercante colombiana. Dicho comercio, a consecuencia de la inacabada guerra con España, estuvo centrado en torno a las posesiones inglesas del Caribe, en especial Jamaica, país que se surtía de mercancías (textiles, confección, quincallería, alimentos y otros) y armas de origen mayoritariamente ingleses, cuyas casas y dependientes se situaron en los puertos colombianos (Cumaná, La Guaira, Coro, Maracaibo, Riohacha, Santa Marta, Cartagena, Panamá y Guayaquil). Conforme al patrón colonial el comercio de exportación “oficial” estuvo centrado prácticamente en los metales preciosos -oro y plata-, algunos frutos tropicales -algodón y cacao- y, eventualmente, cueros, sombreros y otros productos. El contrabando en ambos sentidos, lejos de desaparecer, se hizo más generalizado, tanto por nacionales como por los agentes extranjeros -en particular, los siempre impagados acreedores de armamentos y suplementos militares de los gobiernos de Angostura, Villa del Rosario y luego Bogotá- a quienes se les toleró este tipo de compensaciones. El negocio clandestino de “harinas”, se hizo públicamente admitido, especialmente en los principales puertos y capitales de la costa venezolana y neogranadina. Por lo tanto, los antiguos “jefes” y circuitos del contrabando, que desde el final de la colonia cubrían todo el territorio grancolombiano -desde Guayana hasta Guayaquil-, reaparecieron y acapararon buena parte del negocio clandestino con el exterior.

Algunos emprendimientos industriales, casi todos llevados por extranjeros y finalmente sin mayor éxito, se acometieron en el sector manufacturero, como lo fue el franco-colombiano de 1827 para la producción de hierro en Boyacá y Cundinamarca. Éste estuvo acompañado de otros tantos dedicados a la fabricación de naipes, pesca de perlas, aserríos mecánicos y fabricación de papel, loza y cristalería. Los anteriores, sumados a la modesta industria “criolla” del batán -mantas, ruanas, alpargatas, telas gruesas y sombreros- del oriente y sur colombianos, a la talabartería, la carpintería de muebles y la confección del Centro y Sur del país constituyeron el primer esbozo industrial colombiano.

Durante la Unión, los impuestos de aduana fueron la fuente predominante de los ingresos públicos -entre un 47% y 50%-, dado que el ineficaz, aunque avanzado sistema de la tributación directa, abandonado en 1826, sobre ciertas rentas, no logró generar los ingresos esperados; es más, en muchas provincias, como las del Sur, se convirtió en factor relevante de la desintegración colombiana. A falta de éste y otros ingresos, los sucesivos gobiernos de Santander y Bolívar sobrevivieron del producido de la deuda pública, interna y externa (22% en promedio). A su vez, y prescindiéndose de otras opciones, la dictadura de Bolívar terminó restableciendo paulatinamente los antiguos -y odiados- impuestos coloniales, entre otros, la alcabala -con múltiples excepciones-, diezmos, capitación, medias anatas y anualidades, a la vez que cobraron creciente importancia los impuestos sobre el papel sellado y las salinas. El restablecimiento del monopolio del aguardiente -unido ahora del tabaco- y los impuestos derivados del juego (naipes, apuestas y loterías) inició la dependencia histórica del erario colombiano de los llamados vicios populares.

A su vez, y consecuente con el estado de guerra con España y campaña del Sur, los gastos militares absorbieron entre el 60% y el 70% de las erogaciones anuales ordinarias, a lo que se sumaba (21% de media) lo que debió reservarse para el pago, rara vez puntual, de la deuda pública, externa y externa; y un 6% más para el mantenimiento del reducido servicio exterior de la república.

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J. A. Navas Sierra

GRAN COLOMBIA

Fuente: Britannica

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