Atlas & Maps

Definición de Indemnización

0

 (De indemnizar); sust. f.

1. Compensación económica por un daño físico o moral causado a alguien: la indemnización a las víctimas del accidente correrá a cargo del gobierno.
2. [Por metonimia] Cantidad de dinero o bienes materiales que se entregan como forma de reparación por un perjuicio: los trabajadores despedidos tienen derecho a una indemnización económica marcada por la ley.

Sinónimos
Compensación, reparación, resarcimiento, retribución, pago, satisfacción, desagravio, reembolso.

Antónimos
Multa, sanción, castigo, daño, perjuicio.

 (1) [Derecho] Indemnización

Término con el cual se designa, con carácter genérico, cualquier cantidad que se abona en concepto de resarcimiento de un daño. En tanto que institución jurídica, la indemnización ha alcanzado gran difusión y se ha convertido en un concepto aplicable a todas las ramas del Derecho. No obstante, en el Derecho español debería tener un carácter subsidiario, ya que en él se ha impuesto la ejecución directa o in natura. En otras palabras, sólo cuando tal ejecución no fuese posible podría imponerse una indemnización como forma compensatoria.

La indemnización en Derecho civil: la responsabilidad civil

En el ámbito civil, se entiende por indemnización de daños y perjuicios la reparación de un daño causado, o más precisamente, la prestación económica que trata de restaurar el equilibrio en un patrimonio que ha sufrido un daño. Y el concepto de daño se refiere al mal, lesión o perjuicio que puede sufrir una persona en ella misma o en sus bienes. Dejando al margen el daño en su vertiente penal (aquel que se causa a la sociedad como consecuencia de la comisión de un delito, y que da lugar a la responsabilidad penal) desde un punto de vista civil el daño puede haberse causado en una relación contractual, como consecuencia del incumplimiento o de un deficiente cumplimiento de la obligación, o fuera de una relación de dicho tipo, como resultado de una conducta culpable que genera el daño (e incluso de una conducta no culpable, pero igualmente generadora de daño, en los supuestos de responsabilidad objetiva). Se habla entonces de responsabilidad civil. La indemnización por y perjuicios es, por tanto, la sanción jurídica de los actos u omisiones imputables a su autor y que dañan el patrimonio ajeno.

La indemnización de daños y perjuicios en el Derecho español

La desafortunada dispersión normativa en materia de responsabilidad civil hace que el régimen jurídico de la indemnización de daños y perjuicios aparezca difuminado. Por un lado, en el propio Código Civil (en adelante, CC), se encuentran las previsiones en sede de contratos (arts. 1101 y ss. del CC) y las de responsabilidad extracontractual (arts. 1902 y ss. CC). A su vez, si el daño extracontractual proviniese de un acto delictivo serían de aplicación las disposiciones que el Código Penal (en adelante, CP) contiene sobre responsabilidad derivada del delito (arts. 109 y ss. del CP). Por último, muchas leyes especiales regulan sobre materias indemnizatorias (p.e., la Ley Orgánica de Protección Civil del Derecho al Honor, la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen). Autores como Yzquierdo se cuestionan la pertinencia de esta situación, por cuanto genera considerables distorsiones a la hora de calcular el montante indemnizatorio y, en definitiva, inseguridad jurídica.

Requisitos generales de la indemnización: conceptos indemnizatorios y sujetos legitimados

La indemnización debe ser integral, por lo que, conforme al art. 1106/CC, habrá de comprender el daño efectivamente producido o disminución o pérdida efectiva sufrida (daño emergente), que es requisito ineludible para el nacimiento de la obligación de indemnizar, y la ganancia que se haya dejado de obtener (lucro cesante). En este último supuesto debe probarse rigurosamente que se dejaron de obtener las ganancias, sin que estas sean dudosas o contingentes y sólo fundadas en esperanzas.

Asimismo, no sólo comprende el daño patrimonial, sino que debe incluir también el llamado daño moral, categoría que poco a poco se ha ido abriendo camino en el Derecho. Antaño se consideraba inmoral la percepción de una indemnización en estos casos, y se abogaba por el recurso al Derecho penal en vez de a una compensación civil. El problema en estas circunstancias es determinar el valor real de la pérdida que ha ocasionado el daño, puesto que, como recuerda Yzquierdo, la indemnización no tiene carácter de pena privada (como los punitive damages anglosajones). En este sentido, se discute en la doctrina acerca de la naturaleza que la suma pecuniaria tiene en estos casos. Así, se habla de una función de resarcimiento análoga a la que desempeña en caso de daños patrimoniales o, por contra, de una mera compensación. En relación a esta cuestión se han utilizado argumentos en contra, como que el dolor no es susceptible de valoración económica y su sanción debe corresponder al Derecho penal, y a favor, según el cual el daño moral sería irreparable pero compensable, en el sentido de que su indemnización aminora el daño sufrido. La dificultad de su valoración no significaría imposibilidad de hacerlo, y siempre sería preferible entregar algo a no entregar nada de dicha indemnización. En el Derecho español, a pesar del silencio del CC, desde principios del siglo XX se ha venido manteniendo por la jurisprudencia la procedencia de la indemnización de este tipo de daños. Este criterio ha sido corroborado a nivel legal por la Ley Orgánica de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar, y a la Propia Imagen, de 5 de mayo de 1.982, que, para los supuestos de intromisiones ilegítimas en los ámbitos que protege, ordena la indemnización también de los daños morales causados, estableciendo que dichos daños se valorarán atendiendo a las circunstancias del caso, la gravedad de la lesión efectivamente producida, la difusión o audiencia del medio a través del que se haya producido y el beneficio que haya obtenido el causante de la lesión como consecuencia de la misma.

En cuanto a los legitimados para percibir la indemnización, en primer lugar nos encontramos con el agraviado. En una segunda línea estaría los familiares; el derecho de éstos puede nacer en su condición de herederos del agraviado, o bien en tanto que perjudicados morales. El ámbito puede llegar a ampliarse para alcanzar todas aquellas personas que hayan sufrido un menoscabo efectivo de sus derechos (aseguradoras, Estado, etc).

Requisitos específicos para el surgimiento de la responsabilidad

El daño puede haberse producido dentro o fuera de una relación contractual.

En el primer supuesto se requieren las siguientes condiciones:

-Que exista un incumplimiento de la obligación, total o parcial, propio o impropio (como es el caso de la mora o retraso), y que sea imputable al deudor por existir en él dolo o culpa y no concurrir caso fortuito o fuerza mayor.

-Que se haya producido un daño resarcible, en el que se integran la pérdida sufrida, la ganancia dejada de obtener, y el daño moral. La prueba de los daños y perjuicios corresponde a quien reclama la indemnización. En todo caso ha de tratarse de una prueba directa y suficiente.

-Que exista un nexo causal entre el daño producido y el hecho que lo produce.

Si el daño se ha producido fuera de una relación contractual, dejando a un lado el daño que se causa a toda la sociedad con la comisión de un delito, será necesario para que surja la responsabilidad extracontractual que concurran los siguientes presupuestos:

-Acción u omisión imputable a su autor por concurrir en él dolo o culpa, y no tratarse de un caso fortuito (en algunos supuestos, no obstante, aún sin existir dolo ni culpa podrá nacer la obligación de indemnizar si concurren los demás requisitos: es la llamada responsabilidad objetiva).

-Daño o perjuicio efectivamente causado.

-Relación de causalidad entre la acción u omisión y el daño producido.

En ambos supuestos uno de los principales problemas que se plantea es el de determinar cuándo se da la relación de causalidad y cuáles son sus límites, para lo cual se han formulado diversas teorías, tales como la de la causa próxima o adecuada (“conditio sine qua non”) y la de la equivalencia de las causas. Sin embargo, esta cuestión no debe resolverse mediante teorías abstractas, por lo cual el Tribunal Supremo ha declarado en múltiples ocasiones que serán los jueces quienes determinarán el alcance del nexo causal en cada supuesto. En todo caso, si el daño tiene por causa inmediata la propia imprudencia del perjudicado nuestro Ordenamiento admite la compensación de culpas y declara improcedente la indemnización, o al menos reduce su cuantía.

Efectos

Existiendo los presupuestos mencionados surgirá la obligación de indemnizar los daños causados. Así lo establece el artículo 1.101/CC para los supuestos de daños generados por el mal cumplimiento de un contrato (“quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios causados los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieran en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren el tenor de aquellas”), y el artículo 1.902/CC en relación a los daños extracontractuales (“el que por acción u omisión cause daño a otro interviniendo culpa o negligencia está obligado a reparar el daño causado, debiendo responder además no sólo por los actos u omisiones propios, sino también por los de aquellas personas de las que debe responder”).

Ámbito contractual

En el ámbito contractual, si el deudor es de buena fe responderá de los daños previstos o que se hayan podido prever al tiempo de constituirse la obligación y sean consecuencia necesaria de su falta de cumplimiento; además, los tribunales podrán moderar la cuantía de la indemnización en función de las circunstancias (si el daño efectivo resultara muy superior al previsto o previsible). Es necesario destacar aquí que el artículo 1.103/CC, de acuerdo con el cual “la responsabilidad que proceda de negligencia es igualmente exigible en el cumplimiento de toda clase de obligaciones; pero podrá moderarse por los tribunales, según los casos”, es un precepto utilizado muy frecuentemente en relación a la responsabilidad, contractual y extracontractual, debido a que no existe ningún criterio legal que ayude al juez en su valoración del quantum de la indemnización, de manera que dicha valoración se regirá por los principios de la lógica y de la equidad, la cual es posible utilizar de acuerdo con el precepto citado. Este precepto tiene una especial aplicación en los supuestos de compensación de culpas, en los cuales el daño ha sido causado por las dos conductas, del agente y de la víctima, existiendo nexo causal de ambas con el resultado dañoso producido. La regla citada permite en ellos moderar la cuantía de la indemnización en la parte en la que la víctima sea responsable.

En cuanto a la previsibilidad de los daños, supone que se deben haber tenido en cuenta al hacer el cálculo de costes-beneficios que ha fundamentado la decisión de contratar y sus condiciones, de manera que personas razonables en la misma situación de los contratantes hubiesen considerado asumido, salvo inmediata protesta, el riesgo de daños correspondiente. Si los daños se han hecho previsibles después de la celebración del contrato, se tendrá en cuenta la diligencia del deudor para evitarlos en el cálculo de su responsabilidad, pero si son en todo caso inevitables entrará en juego la figura de la fuerza mayor, que excluye la responsabilidad. Hay que recordar también la figura llamada de la cláusula rebus sic stantibus, que debe entenderse implícita en todos los contratos bilaterales, y en cuya virtud si una circunstancia absolutamente extraordinaria e imprevisible altera el equilibrio del contrato, haciendo que la prestación de una de las partes se convierta en exageradamente desproporcionada en relación con la de la otra parte, el perjudicado podrá acudir a los tribunales en demanda de una moderación judicial del acuerdo inicial, o incluso de la resolución del mismo. En cambio, el deudor doloso o de mala fe responderá de todos los daños que conocidamente se deriven de la falta de cumplimiento de la obligación, incluso de los daños no previstos o no previsibles, y carece de la mencionada posibilidad de moderación. Debemos entender que en todo caso han debido ser dichos daños consecuencia necesaria del incumplimiento, porque en otro caso podría llegarse al resultado absurdo de hacerle responder de una manera ilimitada.

En todo caso, distinto del deber de indemnizar los daños es el de cumplir la prestación incumplida, o una equivalente si no fuera posible (prestar id quod interest), aunque ambos se traduzcan en una entrega de dinero, puesto que el acreedor puede reclamar la prestación prometida y además que se le indemnicen los daños causados por el no cumplimiento, o el cumplimiento defectuoso o tardío.

Ámbito extracontractual

En el ámbito extracontractual se responderá de todos los perjuicios causados. La determinación concreta de la cuantía de los daños puede ser hecha por las partes mismas o, en su defecto, por el juez, ya en la sentencia o en la ejecución de la misma, según lo alegado y probado en el pleito. Tratándose de deudas de dinero, la liquidación de daños para el caso de mora o retraso la hace la ley misma, estableciendo que, a falta de pacto, la indemnización consistirá en el pago del interés legal (que se determinará en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada año).

Por último, hay que destacar que, dado el carácter supletorio de las normas civiles, este régimen expuesto es de general aplicación, salvo que haya disposiciones específicas para el supuesto de que se trate.

La indemnización en Derecho administrativo

En un primer momento histórico, era impensable que el Estado respondiese patrimonialmente de sus actos. Como rezaba un viejo aforismo de Derecho inglés, “the king can do not wrong”. Este privilegio, propio del Antiguo Régimen, fue heredado por el Estado liberal. Sin embargo, la regulación fue dulcificándose paulatinamente. Así, de manera gradual se fue abriendo paso la aplicación a estos supuestos de la responsabilidad extracontractual, con un régimen jurídico y fundamento análogo al del empresario. Finalmente, la evolución culminó con el establecimiento de una responsabilidad patrimonial objetiva, cristalizada en lo que Santamaría denominó principio de garantía patrimonial. Se trata de un principio de doble vertiente: por un lado, el art. 33 de la Constitución Española (en adelante, CE), al ocuparse de la figura de la expropiación, protege el patrimonio de los particulares frente a las inmisiones directas que en él realicen los poderes públicos. Por otro, el 106/CE, al establecer la responsabilidad patrimonial de los entes públicos, cubre ese mismo patrimonio frente a inmisiones directas.

En sede de expropiación forzosa es preciso referirse al instituto del justiprecio, que en definición de Parada sería “la indemnización económica compensatoria por la pérdida de la cosa o derecho expropiado”. Su naturaleza jurídica es discutida, decantándose la doctrina por una u otra solución en función de cómo se conceptúe la propia expropiación:

-Quienes entienden que se trata de una venta forzosa considerarán el justiprecio como el equivalente del precio de la cosa o como el propio precio.

-Para quienes la expropiación es una institución esencialmente administrativa, el justiprecio será una cantidad entregada en concepto de indemnización por los daños causados, con la cual se debe conseguir un resarcimiento equitativo de los mismos.

En prácticamente todos los ordenamientos jurídicos, y desde luego en la específica norma española (Ley de Expropiación Forzosa -en adelante, LEF-, de 16 de diciembre de 1954, que fue desarrollada por el Reglamento de 26 de abril de 1957), la indemnización ha de ser previa a la ocupación y transmisión de la propiedad de la cosa, lo cual constituye una garantía de los derechos del expropiado. No obstante, el hecho de que en el artículo 33.3 de la Constitución Española (en adelante, CE) se haya eliminado la referencia al “previo pago” y se haya sustituido por “mediante la correspondiente indemnización”, ha posibilitado que se lleven a cabo expropiaciones impuestas por ley en las que se dispone la ocupación inmediata de los bienes, tras lo cual se remite a un momento posterior la fijación y pago de la indemnización. En todo caso, y como regla general, el pago de la indemnización no se configura como un efecto de la expropiación, sino como un presupuesto de legitimidad del ejercicio de la misma que resulta indispensable para su consumación. Así, debe aportarse un justificante del pago del justiprecio cuando se pretenda transmitir la propiedad o inscribirla en el registro correspondiente. En cuanto a la forma de abono y los beneficiarios del mismo, la LEF establece que se hará normalmente en dinero, aunque caben también las prestaciones in natura entre expropiante y expropiados, siempre que se trate de bienes del mismo tipo que el objeto de la expropiación.

Por su parte, en materia de responsabilidad patrimonial del Estado la reparación ha de ser integral, según reza el art. 106/CE. En este punto serían de aplicación las previsiones del art. 1106/CC, ya examinadas, referentes al daño emergente y lucro cesante. Los criterios de valoración serán, conforme al art. 141 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los establecidos por la legislación sobre expropiación forzosa. Finalmente, el momento que se tendrá en cuenta para evaluar el daño será el del día en que se produjo la lesión.

La indemnización en el Derecho del trabajo

El Estatuto de los Trabajadores impone la obligación al empleador de abonar al trabajador una indemnización cuando este último, por causas ajenas a su propia voluntad, se vea obligado a finalizar la relación laboral. En estos casos, el determinar la cuantía indemnizatoria de acuerdo a los criterios generales sería sumamente difícil. Por este motivo, el legislador ha tenido a bien optar por un sistema de cálculo de las indemnizaciones en función de la antigüedad, el cual impone al empresario una indemnización en función de una serie de días de salario, según la causa, por cada año de antigüedad. Asimismo, en caso de accidente laboral causado por incumplimiento de la legislación que regula la materia, el trabajador habría de ser indemnizado (artículo 42 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales).

Temas relacionados

Derecho civil (en voz Derecho).
Derecho penal (en voz Derecho).
Derecho constitucional (en voz Derecho).
Derecho administrativo (en voz Derecho).
Derecho del trabajo (en voz, Derecho).
Expropiación forzosa (en voz Expropiación).
Contrato.
Culpa.
Dolo.
Responsabilidad.
Seguro.
Despido.
Delito.
Justiprecio.

Bibliografía

ALBALADEJO GARCÍA, M.: Derecho civil. (Barcelona: Bosch -el año de edición varía según el tomo-).
ÁNGEL YÁGÜEZ, R. de.: La responsabilidad civil. (Bilbao: Universidad de Deusto, 1988).
——————————- Tratado de responsabilidad civil. (1993).
CASTÁN TOBEÑAS, J.: Derecho civil español, común y foral. (Madrid: 1967).
DÍEZ PICAZO, L.: Fundamentos de Derecho civil patrimonial. (Madrid: Civitas). ————————– Sistema de Derecho civil. (Madrid: Tecnos -el año de edición varía según el tomo-).
GARCíA AMIGO, M.: Lecciones de Derecho civil II: Teoría general de las obligaciones y contratos. (Madrid: McGraw-Hill).
GIMENO FELIÚ, J.M.: “Indemnización (Derecho administrativo)”, en Enciclopedia Jurídica Básica. (Madrid: Civitas, 1995).
LACRUZ BERDEJO, J.L.: Elementos de Derecho civil. (Madrid: Dykinson -el año de edición varía según el tomo-).
LASARTE ÁLVAREZ, C.: Principios de Derecho civil. (Madrid: Trivium -el año de edición varía según el tomo-).
MOLERO MANGLANO, C. (dir.): Estructura del contrato de trabajo. (Madrid: Dykinson, 1997).
PARADA VÁZQUEZ, R.: Derecho Administrativo I. Parte General, 10ª ed. (Madrid: Marcial Pons, 1998).
PANTALEÓN PRIETO, F.: “Indemnización (Derecho civil)”, en Enciclopedia Jurídica Básica. (Madrid: Civitas, 1995).
SANTAMARÍA PASTOR, J.A.: Fundamentos de Derecho administrativo. (Madrid: Ceura).
VALPUESTA FERNÁNDEZ, M.R. (coord.): Derecho de obligaciones y contratos. (Valencia: Tirant lo Blanch).
YZQUIERDO TOLSADA, M.: Reponsabilidad civil contractual y extracontractual. (Madrid: Reus, 1993).
———————————–: Aspectos civiles del nuevo Código Penal. (Madrid: Dykinson, 1997).

Alejandro Rubio / Patricia López Peláez

INDEMNIZACIÓN

Fuente: Britannica

So, what do you think ?