Fase 1: El Decreto Fundacional y la Elección del Ancho Ibérico (1848–1855)
La génesis del sistema ferroviario español se encuentra marcada por una decisión técnica adoptada a mediados del siglo XIX que condicionaría el devenir económico de la península durante más de 170 años. En una época en la que diversos países europeos comenzaban a unificar sus criterios de trazado, el gobierno de Isabel II aprobó la legislación fundacional que establecía el denominado ancho ibérico, fijado en seis pies castellanos (equivalentes exactamente a 1.668 milímetros). Los comités de ingenieros de la época argumentaron que esta mayor separación entre carriles permitía dotar a las locomotoras de vapor de calderas más potentes y cilindros de mayor diámetro, elementos considerados imprescindibles para superar las fuertes pendientes y accidentes orográficos de la geografía española.
Sin embargo, esta aparente ventaja topográfica se convirtió rápidamente en un grave inconveniente geopolítico y comercial. Al no coincidir con el ancho estándar adoptado por Francia y el centro de Europa (1.435 milímetros, establecido posteriormente por la Unión Internacional de Ferrocarriles), cualquier intercambio transfronterizo de pasajeros o mercancías quedaba sujeto a costosas operaciones de transbordo o a complejos sistemas de cambio de ejes en los puestos fronterizos como Hendaya y Portbou, frenando la competitividad exterior del tejido industrial español.
